CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Familiares de los 17 migrantes asesinados en Camargo y activistas, reprocharon a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia que a tres años de la masacre, no se haya hecho justicia integral para las víctimas.
El Colectivo “Red Jesuita con Migrantes Guatemala” (RJMG), que ha acompañado la causa, señaló que aún falta por esclarecer la participación del Instituto Nacional de Migración en los hechos, así como la detención de otros 12 policías que también serían responsables del asesinato.
El 22 de enero del 2021 fueron localizados los cuerpos de 19 personas, en una brecha, cerca de los límites con Nuevo León, 15 fueron encontrados en la caja de una camioneta, con 113 impactos de bala.
Dos cuerpos más estaban en la cabina de la unidad y otros dos cerca de la puerta del piloto y copiloto, todos presentaban impactos de bala y fueron calcinados, para tratar de borrar el crimen.
No lo consiguieron, porque el 12 de febrero de ese 2021, fueron detenidos 12 policías estatales, 11 hombres y una mujer, que fueron condenados hasta a 50 años de prisión.
Pero el caso no está resuelto del todo.
En un evento realizado en la plaza principal de Comitancillo, Guatemala, representantes del RJMG, cuestionaron las labores de la autoridad mexicana.
“La gran ausente en este caso ha sido la Fiscalía General de la República de México, quien ha sido omisa en investigar al Instituto Nacional de Migración de México, pues cabe recordar que en uno de los vehículos en donde se transportaban las víctimas había sido decomisado en Nuevo León, un mes atrás”, se lee en el pronunciamiento de la organización.
Activistas de organizaciones civiles, feligreses de la Diócesis de San Marcos, así como familiares, esposas e hijos huérfanos de 19 migrantes guatemaltecos y salvadoreños asesinados el 22 de enero del 2021 en Camargo, Tamaulipas, protestaron con una procesión para exigir justicia.
Recordaron que si bien 12 policías fueron sentenciados aún se debe investigar a 12 más y sus mandos policiacos que siguen impunes.
Bajo la consigna: “Justicia no es venganza, es un derecho”, se ofició también una misa en la iglesia católica de Comitancillo, San Marcos y posteriormente se realizó una actividad cultural para recordar a los migrantes, víctimas de cuerpos policiacos del norte de México.
Los familiares indicaron que el gobierno de Guatemala ha cumplido con casas para las 13 familias, también el gobierno de México ha sentenciado a los policías implicados, pero no han podido resarcir los daños irreparables que han sufrido las familias.
Dijeron que a tres años de la Masacre de Camargo continúa habiendo más preguntas que respuestas, que las familias de víctimas siguen exigiendo saber la verdad de los hechos, que continúa sin haber reparación del daño ni recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y que la FGR ha sido cómplice con su silencio.
Un crimen atroz
En el pasado mes de octubre, un Juez unitario de enjuiciamiento, condenó a 50 años de prisión a los policías acusados por el homicidio.
Originalmente la agente del Ministerio Público había solicitado 50 años de prisión por cada una de las 19 víctimas, otros 9 años por el delito de abuso de autoridad y 10 años por el delito en el desempeño de funciones administrativas, para un total de 969 años de cárcel, mientras que a Mayra Elizabeth “V”, otros 6 años por falsedad en informe dados a una autoridad, sumando un total de 975 años de cárcel.
En audiencia presidida por el Juez Patricio Lugo Jaramillo, sentenció a Mayra Elizabeth “V”, Jorge “Ch”, Horacio “Q”, Williams “F”, Jorge Alfredo “C”, Edgar “M”, Héctor Javier “A”, José Luis “L”, Horacio “R”, Christian Eduardo “G” y Carlos “R” a 50 años de prisión por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas, además de falsedad en informe dados a una autoridad en el caso de Mayra Elizabeth “V”.
Dictó además una pena de 19 años de prisión para Ismael “V”, el policía que confesó la forma en que ocurrieron los hechos y se acogió a un principio de oportunidad con lo que se le acusó de abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones, omitiéndose el de homicidio.
Por tratarse de policías, se ordenó la destitución e inhabilitación por 8 años para ocupar cualquier tipo de cargo público; multa de 400 UMAs por abuso de autoridad y 150 UMAs por delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.
En cuanto a la reparación del daño se ordenó el pago de 335,709 pesos a los deudos de cada una de las 19 víctimas, además que en audiencia de ejecución de sentencia, deberá justificarse el monto final que cada familia ha señalado de gastos generados.
Esto porque las familias hablaron de quetzales, moneda de circulación en Guatemala, lo que deberá a su vez traducirse a pesos mexicanos para agregarse al pago que deberán hacer los hoy condenados.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón