El pasado lunes 5 de febrero, el Presidente de la República presentó 18 iniciativas de reforma constitucional y dos más de reformas legales. Como la lista de materias que se sugiere reformar es amplia, y no todas tendrían el mismo impacto en nuestro diseño constitucional, en esta columna me concentraré en las tres iniciativas que me parecen más preocupantes por su impacto en la calidad de nuestra democracia.
La iniciativa de reforma electoral propone eliminar el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados y Senadores. Como sabemos, la regla de mayoría relativa produce sobrerrepresentación legislativa, porque, como cada distrito cuenta con sólo una curul, el ganador se lleva todo. La transición democrática en México sería difícil de explicar sin la introducción del principio de representación proporcional en el Congreso en 1977.
¿Qué impacto tendría esta reforma? Como ejemplo hipotético, si en 2018 no hubiera habido representación proporcional —y los votos hubieran sido los observados ese mismo año—, la coalición de Morena-PT-PES hubiera conseguido ganar 220 de 300 curules, o 73.3% de la Cámara de Diputados con sólo 43.6% del voto nacional: una mayoría relativa de votos se hubiera traducido en una mayoría calificada de curules. Del mismo modo, sin plurinominales, en 2012 el PRI hubiera controlado 54% de la Cámara con sólo 32% de los votos.
Por décadas, los partidos políticos de izquierda exigieron una mayor proporcionalidad en la composición del Congreso y apoyaron los límites a la sobrerrepresentación legislativa hoy vigentes. De hecho, la iniciativa presidencial de reforma electoral presentada en abril de 2022 (el plan A original) proponía elegir a todo el Congreso mediante listas estatales y representación proporcional. Este año, el Presidente parece haber cambiado de opinión. Es decir que esta reforma por sí sola implicaría un retroceso al sistema electoral de los años 70 en México. ¿Acaso el residente añora la sobrerrepresentación que por años combatió desde la oposición, cuando la izquierda se oponía a un partido hegemónico? ¿La candidata Claudia Sheinbaum piensa lo mismo?
La iniciativa de reforma al Poder Judicial propone un “borrón y cuenta nueva” para renovar por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo General del INE. La propuesta de remover a todos los ministros, magistrados y consejeros electorales es de la mayor gravedad y es democráticamente regresiva: basta recordar que la renovación escalonada de estos cuerpos colegiados es clave para preservar la autonomía e independencia del Poder Judicial y los árbitros electorales.
La propuesta de elegir jueces y árbitros electorales mediante el voto directo a partir de candidaturas propuestas por los tres Poderes también es mala idea porque obligaría a hacer campaña electoral a quienes, justamente, deberían demostrar imparcialidad e independencia del gobierno y los partidos políticos. El efecto combinado de inducir una mayor sobrerrepresentación legislativa y renovar al Poder Judicial por completo es que el Poder Judicial sería presa fácil del partido mayoritario en turno.
La propuesta de desaparecer al Inai y otros órganos constitucionalmente autónomos son igualmente preocupantes porque debilitan los contrapesos al poder y la discrecionalidad del Ejecutivo. Este mismo sexenio hemos visto cómo un Presidente con mayorías legislativas ha evitado la rendición de cuentas a toda costa al dejar sin quórum al Inai.
En conjunto, estas tres iniciativas de reforma constitucional representarían un preocupante cambio de régimen: una mayor concentración del poder del Ejecutivo, un Poder Judicial sometido, y una sobrerrepresentación del partido en el gobierno. Se trata de reformas regresivas para la pluralidad de nuestro sistema político y nuestra democracia constitucional. Hay que tener los ojos bien abiertos ante un burdo intento de regresión democrática.
POR JAVIER APARICIO