CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante el 2023, el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales recibió 2,001 recursos de revisión promovidos por ciudadanos que se quejaron de la falta de transparencia de algunas dependencias en Tamaulipas.
Al rendir su informe de labores, la Comisionada presidenta del ITAIT, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, explicó que los solicitantes de información se quejan mayormente de la falta de una respuesta en los tiempos que marca la ley (20 días) y la entrega de información incompleta.
Además señaló que en el periodo que informa se sumaron 394 denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados en Tamaulipas.
Las quejas se centraron mayormente por la falta de transparencia en información a la que están obligadas en transparentar en temas como sueldos, contratos de obras, bienes y servicios, contrataciones por honorarios, inventario de bienes.
Así como resultados de auditorías, comité de transparencia, estructura orgánica, gastos en comisiones, currícula de funcionarios, declaraciones de funcionarios, gastos de publicidad oficial, ingresos, padrón de proveedores y contratistas e información financiera. En el Auditorio “Centenario de la Constitución de 1917” del Congreso del Estado, señaló que en
materia de medidas de apremio, en el 2023 se impusieron 19 acciones que aseguran la debida respuesta a las determinaciones emitidas por dicho órgano colegiado.
Adicionalmente, se atendieron plenamente los 177 recursos de inconformidad que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), oportunamente notificó a este Instituto local.
Los sujetos obligados contra los que se promovieron dichos recursos de inconformidad fueron el Congreso del Estado (130); Tribunal Electoral de Tamaulipas (38), Comisión Estatal de Derechos Humanos, Poder Judicial del Estado y Ayuntamiento de Nuevo Laredo con dos recursos cada uno. Mientras con un recurso cada uno, el IPSSET, Contraloría Gubernamental y la Secretaría General de Gobierno.
Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón