El asesinato de la candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, es el más reciente hecho de sangre relacionado con la actividad política en el país. La conclusión es que nadie está a salvo.
Nadie, al menos, que no tenga a su disposición el aparato oficial de protección que otorga el Estado mexicano a los principales servidores públicos.
Es decir, fuera del Presidente López Obrador y su familia y de algunos secretarios, los demás están expuestos a sufrir las consecuencias de la violencia incontenible que hay en el país.
El baño de sangre que cubre a México es consecuencia de la impunidad con la que operan los grupos criminales y ha hecho que la seguridad sea la principal demanda de ciudadanos y ahora, también de candidatas y candidatos.
En Tamaulipas, los asesinatos de políticos, candidatos y servidores públicos no son nuevos, pero de los más impactantes están el de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, en Río Bravo y el de Rodolfo Torre Cantú, a días de la elección por la gubernatura en 2010. Precisamente, durante el gobierno de Eugenio “El Geño” Hernández Flores.
Lo del lunes por la tarde es una mancha más en la historia de la política contemporánea en México. La candidata oficialista había solicitado poco antes de su asesinato protección de las autoridades, según ha trascendido.
Su caso, como el de otras candidatas y candidatos, Alcaldes y funcionarios públicos que han sido asesinados impunemente en este sexenio, se suman a la larga lista de homicidios dolosos que ya hizo de este gobierno el más sangriento en las últimas tres décadas. En los últimos meses van unos 30 asesinatos de este tipo.
Indigna por la facilidad con la que los asesinos llegaron a la candidata y la balearon, sin importar que estuviera rodeada de personas.
Escandaliza el cinismo con el que las autoridades encargadas de brindar protección a la ciudadanía, se escudan en que están haciendo las investigaciones pertinentes mientras repiten la misma narrativa de que nadie está por encima de la ley.
Los hechos, sin embargo, son crudos, brutales, claros: La violencia que ha alcanzado a aspirantes a cargos de elección popular y a funcionarios públicos ya ni siquiera distingue si pertenecen al oficialismo o a la oposición.
Es decir, ni las y los candidatos morenistas pueden tener la tranquilidad de que harán sus campañas con la seguridad que el Estado mexicano debe garantizar a todo ciudadano.
El tema tiene relevancia porque como decía, en Tamaulipas se tiene el registro de más asesinatos, aunque los más relevantes sean los de Guajardo Anzaldúa en el sexenio de Tomás Yarrington y el de Torre Cantú en el de Eugenio.
Recientemente, la candidata de Morena al Senado, Olga Sosa había solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) que se le brindara protección mediante la asignación de una escolta de elementos de la Guardia Nacional.
Este beneficio está contemplado en la ley y el INE accede a otorgarlo cuando los candidatos o candidatas lo solicitan expresamente al considerar que sus actividades los pueden poner en situación de vulnerabilidad y riesgo para su integridad física.
No obstante, días después de haberlo solicitado, Sosa desistió de su petición y hasta el momento se ignora si realiza sus recorridos sin escolta oficial de la Guardia Nacional o cuenta con protección de otro tipo.
Adicionalmente, la semana pasada la candidata del Partido del Trabajo (PT) al Senado por Tamaulipas, Cendy Robles, también pidió al INE que se le diera protección con elementos de la Guardia Nacional, especialmente porque tiene que realizar recorridos o transitar por las noches en las carreteras de la entidad.
La solicitud de Robles será analizada por la Secretaría de Seguridad federal y en cuanto se determine si existe riesgo para ella y su equipo de trabajo en sus actividades proselitistas, se definirá si se le otorga o no la ayuda con elementos armados y unidades motrices.
Estos dos ejemplos, cercanos, recientes, nos indican que entre las mimas candidatas y candidatos existe una preocupación genuina y comprensible, porque reconocen con sus solicitudes que como cualquier otro ciudadano que no cuente con la protección oficial, está en riesgo independientemente de si transita por carreteras de día o de noche o de si recorre ciudades en la frontera o en zonas con poca gente.
Nadie está a salvo, decía y la propia autoridad federal es la única que se ha negado a aceptar esa terca realidad.
Aunque los números oficiales muestren que el país está balado en sangre, que los homicidios dolosos afecten lo mismo a la población común que a los políticos, la narrativa es la misma.
A estas alturas del sexenio, en estos niveles de inseguridad y con las muestras diarias de impunidad con la que se asesina a ciudadanos, sean candidatos o no, es inaceptable que se siga soslayando la gravedad del problema de inseguridad que vive el país.
Quien afirme que todo va bien y que la violencia actual es consecuencia del pasado, cae en el cinismo.
Lo que se vive hoy es resultado de la impunidad que se incubó en sexenios anteriores con la complacencia de quienes debían combatir la inseguridad, pero ha llegado a situaciones inadmisibles en el actual gobierno que desde el principio renunció a su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prefirió abrazar a los delincuentes, permitirles delinquir a su antojo, antes que aplicar la ley.
A los responsables de esto les incomoda y molesta que se diga, pero nadie puede negar que eso es una realidad, lamentablemente.
ESCOTILLA
No sé qué indigna más, si la impunidad con la que se asesina a ciudadanos y candidatos en el país, o la actitud cínica de quienes minimizan esto al pretender evitar llamar las cosas por su nombre.
A quienes les causa urticaria hablar del tema de inseguridad prohijada por la complacencia derivada de los abrazos a los criminales, dicen que la candidata morenista de Celaya “fue desvivida”, en vez de decir que fue asesinada.
¿Así o más complacientes con los homicidas? Juzgue usted.
Por. Tomás Briones
