La respuesta a dos preguntas resulta esencial para decidir el voto de miles de mexicanos en la elección presidencial: primera, si se respetará la independencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial federal, y dejar de lado la obsesión unipersonal por politizarlo y, la segunda, si se restituirá la integración de los órganos autónomos para regresar a un régimen de derecho donde la ley sea la ley para todos.
Estas preguntas son esenciales no sólo para el futuro de la democracia mexicana, sino para el respeto a los derechos humanos de las personas, que hoy han sido despojadas de sus medios de defensa por el gobierno mexicano.
Una respuesta evasiva puede ser señal de un proyecto que quiere fortalecer las bases de una autocracia militar.
Para no confundirnos, la definición elemental plantea que una autocracia militar es una forma de gobierno en la que el poder político se concentra en una sola persona, que no está sujeta a ninguna restricción legal o control popular.
Para aclarar que México y los mexicanos no terminaremos viviendo bajo ese riesgo, lo que movería las intenciones de voto, es pertinente tomar las preguntas de frente y responderlas ante el electorado, no por medio de personeros.
De acuerdo con un estudio conjunto de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford y el Rule of Law Impact Lab, las iniciativas para limitar la independencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial federal tendrán como efecto directo la vulneración de los derechos humanos —ya mencionada—, pero también una dislocación de la operatividad de los poderes judiciales, con impacto directo en los más pobres, que seguirán siendo los excluidos de la justicia.
Estas propuestas —y la aprobada contrarreforma a la Ley de Amparo— constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, afectan a las minorías e incumplen los estándares internacionales, razón suficiente para hacer de México un país no confiable, incluso para la inversión extranjera.
De prosperar o sostenerse como proyecto de un próximo gobierno, se socavarían las bases fundamentales del Estado de derecho en México.
Debe aclararse en el contexto de la contienda electoral si existe un interés transexenal en llevarla a cabo, porque no es aventurado advertir una fuga de capitales, un desplome del nearshoring y una posición de fuerza en la próxima revisión del T-MEC. Una ley que permita expropiaciones simuladas dejará en indefensión a amplios sectores.
El estudio explica claramente estas afectaciones. La elección de ministros y ministras de la Corte Suprema y de las personas juzgadoras federales, mediante votación popular, puede incentivar decisiones judiciales orientadas a obtener votos para la satisfacción de ciertos grupos de interés o políticos, en lugar de juicios imparciales basados en los hechos y el derecho.
Además, contraviene las normas internacionales que reconocen que la selección de jueces debe ser ajena a presiones políticas y fundamentarse en los méritos y competencias de los candidatos a ocupar esos cargos.
“La experiencia de Bolivia y Estados Unidos, los únicos países de América que seleccionan a jueces constitucionales por voto popular, demuestra que este método puede afectar la independencia e imparcialidad de los sistemas judiciales. La institución de elecciones judiciales en México incrementaría la influencia de intereses económicos en la toma de decisiones judiciales, incluyendo potenciales contribuciones a las campañas por parte del crimen organizado”.
Dejaremos el tema para otra entrega. Sin embargo, el escándalo por la ilegal presión a juzgadores federales no hace más que hacer inviable cualquier proyecto de reforma judicial, a menos que provenga de un golpe de Estado blando.
POR JORGE CAMARGO
