Salvo que el gobierno entrante logre matizar el impulso del saliente, todo indica que habrá de arrancar con una crisis constitucional histórica de magnitudes nacionales e internacionales. La reforma o la acción deliberada de desmantelar el Poder Judicial y eliminar su autonomía llevará a tal choque frontal de poderes, que algunos legisladores ya advirtieron al Presidente y al equipo de transición sobre las graves consecuencias para la gobernabilidad y la economía futuras del país.
Para la ONU y la OEA, México estaría caminando al intento de un “golpe de Estado técnico”, porque el Ejecutivo usa una mayoría legislativa para disolver un poder que, constitucionalmente, tiene la misión de revisar los actos del primero cuando, al extralimitarse, violente los derechos humanos, la propia Constitución y la legislación internacional.
Es decir, que la reforma a la Constitución que se pretende para disolver el Poder Judicial federal es, en teoría, inconstitucional. Éste es un largo debate en el que no entraré. Sin embargo, sí existe un régimen de responsabilidad política para los diputados salientes que dictaminen la iniciativa del Ejecutivo violentando los procedimientos.
Los supuestos foros de consulta no lo son. No son vinculantes y, adicionalmente, violentan el orden internacional, porque dejaron fuera a diversos sectores. Uno de los más importantes son los pueblos originarios, lo que, a nivel supranacional, violenta sus derechos, y México se hace meritorio a una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá solventar no López Obrador, sino el gobierno entrante. Los foros, como tal, no son representativos porque estuvieron llenos de reventadores de Morena. En el seguimiento de los mismos pude observar participaciones reiteradas de personajes cuestionables por su historia —publicada en prensa—, la gran mayoría morenopriistas, y una escasa participación de personas juzgadoras y trabajadores del PJF.
Cuando uno revisa las minutas, éstas son inconsistentes, no reflejan a profundidad las propuestas serias realizadas, minimizándose las que advierten de los riesgos de la reforma y ampliando, obviamente, las presentadas a favor.
Un ejemplo de una de ellas, que sólo se resume a dos párrafos. López Obrador ha acusado a los juzgadores de liberar delincuentes de manera sistemática. Pues bien, el sistema penal federal es tan complejo que los “jueces del bienestar” —muy buen apelativo— que sean electos, mientras aprenden a juzgar, pueden invalidar los juicios penales y, de acuerdo con el Código de la materia, los probables delincuentes deberán ser liberados. Eso es acaso una de las grandes aberraciones de la disolución del PJF.
Pero Morena y los representantes de ambos ejecutivos —entrante-saliente— no quieren negociar la reforma. Los foros, aclárese, no son negociaciones. Se dirá, los diputados representamos al pueblo, no negociamos. Bueno, la historia de Morena dice lo contrario. Si es una reforma en la que no hay negociación y su alcance es terminar con la independencia de un poder, entonces no puede entenderse más: se trata de un golpe de Estado técnico, como expresa la doctrina.
La CIDH ha sostenido que cualquier forma de intervención que afecte la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial es una violación grave de los derechos humanos. La Corte ha enfatizado que los golpes de Estado, ya sean militares o técnicos, pueden comprometer la estructura democrática y los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un tribunal imparcial y el acceso a la justicia.
Morena amenaza a los trabajadores del PJF con cárcel si se resisten a su despido. Pero ellos, unidos con los juzgadores, son un frente legítimo. ¿Resistir? Sí, todo lo que se pueda ante la intransigencia. Lo que está de por medio es la democracia.
POR JORGE CAMARGO
