Un debate sobre el futuro del sistema judicial se ha desatado desde hace semanas. Y, es de gran relevancia considerar dicho tema con seriedad y poner atención a dicha situación, ya que la temática lo demanda.
La propuesta de reforma judicial, promovida por actores del gobierno federal, busca introducir cambios significativos en la forma en que se eligen a las autoridades judiciales; además de cambios en la estructura del Poder Judicial.
Uno de los aspectos que se han discutido es la propuesta de elección para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular. Esto implicaría que se modificaría el artículo 95 constitucional —donde los jueces son seleccionados a través de un sistema cualidades y conocimientos— dejando de lado el uso de exámenes profesionales y los ministros serían nombrados por el poder ejecutivo con aprobación del Senado.
Una de las razones que se han dado para proponer dichos cambios es que la elección popular de los jueces fortalecería la democracia y permitiría una mayor influencia social en la administración de justicia, pareciera que dicha reforma busca una democracia participativa.
Sin embargo, críticos y expertos en la materia mencionan que estos cambios podrían comprometer la independencia judicial, ya que someter dicha decisión a elección podría generar una politización de los jueces, ya que se verían sometidos a las presiones de los diversos partidos políticos.
Esta situación resultaría en un Poder Judicial menos imparcial y más susceptible a la influencia externa —aseguran expertos— lo cual sería extremadamente peligroso para democracia, lo cual generaría una situación contraria a la que se esperaba.
Otro aspecto que se menciona en dicha propuesta, es la reducción del número de ministros de la SCJN, la eliminación de dos salas actuales y que todas las decisiones se tomen en sesiones plenarias. Dicho cambio se propone bajo el argumento de aumentar l transparencia y eficiencia del tribunal, ya que todas las discusiones y decisiones sería públicas.
No obstante, expertos del área menciona que este cambio representa una concentración en demasía de poder (al existir menos ministros), lo que podría vulnerar las decisiones de la Corte.
De forma adicional, estos cambios en la propuesta de reforma judicial proponen la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que también sería sometido a voto popular, y se encargaría de supervisar y sancionar a jueces y magistrados. Pero, el que la creación de dicho organismo sea por voto popular representa que puede convertirse en instrumento de presión política, lo cual afectaría la autonomía del Poder Judicial y, más grave aún, se reduciría la capacidad de dicho poder para actuar como contrapeso para el poder ejecutivo.
Además, se propone la creación del Órgano de Administración, que junto con el otro organismo tendría las funciones de administración, control y disciplina, lo cual ya viene realizando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La incertidumbre no se ha hecho esperar, y no solo en el ámbito jurídico se ha dado nerviosismo. En los mercados financieros ya se muestran los posibles efectos de lo que esta reforma significa para México. Tal es la preocupación que las consecuencias económicas están a la vista; uno de los acontecimientos de mayor relevancia es la rebaja en la calificación que Morgan Stanley se le ha dado a México.
Esta agencia calificadora ha rebajado a “subponderada” la calificación en nuestro país debido a la reforma. Esto significa que el nivel de riesgo en el país para inversiones ha aumentado y reemplazar s sistema judicial actual desalienta la inversión extranjera directa, lo que se traduce en retroceso para nuestro país, puesto que debido al proceso de nearshoring México podría haber tenido una oportunidad de oro para el crecimiento económico.
Más allá de las preocupaciones que indican que la influencia que podría tener el Poder Ejecutivo en estas decisiones amenaza la independencia administrativa del Poder Judicial. Es importante mencionar que en caso de que se implementen estos cambios, si no se implementan con cuidado, los contrapesos en nuestro sistema se debilitarían y ya no existiría un proceso de democracia.
En última instancia, el debate sobre dicha reforma continúa en la mesa y se buscará aprobar la reforma en el próximo periodo parlamentario de sesiones que inicia el primero de septiembre. Por lo cual, es el momento preciso para que todos nos informemos sobre el tema y decidamos alzar la voz con nuestras opiniones y percepciones.
POR ANGÉLICA GONZÁLEZ
