A 14 años de la primer masacre de San Fernando, la herida sigue abierta y organizaciones no gubernamentales de todo el continente señalan que las condiciones para los migrantes siguen siendo de alta vulnerabilidad.
Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la matanza de 72 personas en un rancho de ese municipio. Era el fatídico 2010, un año que marcó a Tamaulipas por la crisis de violencia que se vivió. La noche del 21 de agosto, aproximadamente 75 migrantes originarios de Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador, que se desplazaban en dos camiones por la carretera 101 hacia la frontera con Estados Unidos, fueron secuestrados por hombres armados, según el testimonio de un sobreviviente.
Durante la madrugada, los migrantes fueron llevados al ejido “El Huizachal”, donde fueron asesinados a tiros. A la mañana siguiente, un improbable sobreviviente de la masacre logró llegar a un retén de la Secretaría de Marina (Semar) y denunció lo que había ocurrido.
Los marinos localizaron los 72 cadáveres dentro de una bodega en el mencionado ejido. En los días siguientes, las autoridades estatales y federales entrevistaron al único testigo, recopilaron información y recogieron los cuerpos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticó a la Dirección de Servicios Periciales, por su manejo deficiente en la preservación de los cadáveres, la protección de la escena del crimen y la recolección de pruebas.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que asesora a las familias de las víctimas, ha seguido de cerca los casos de las masacres de agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando señaló las falencias del Estado Mexicano en el tratamiento del caso.
Tres años y cuatro meses después de la masacre, la CNDH emitió la recomendación 80, que destacó las fallas en las investigaciones tanto federales como estatales. La resolución de la CNDH fue el resultado de una sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las víctimas, representadas por la Fundación.
El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa notificó la conclusión del caso el 20 de junio de 2017. En su recomendación 80/2013, la CNDH criticó a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, dirigida por Jaime Rodríguez Inurrigarro, por no cumplir con la investigación, la protección de la escena del crimen y la recolección de pruebas. Morris Garza, quien posteriormente fue nombrado director del hospital infantil de Victoria, tardó hasta 48 horas en ordenar las autopsias tras el hallazgo de los cuerpos.
La CNDH documentó que la omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas impidió la preservación de los cadáveres, las huellas y las evidencias.
A pesar de que la Comisión solicitó medidas cautelares para preservar los indicios, el personal pericial no resguardó adecuadamente las 51 evidencias de balística, dejándolas en un lugar abierto sin protección
Los peritos tampoco establecieron la relación entre los objetos encontrados y los cadáveres. Las autoridades presentaron un informe con afirmaciones generales sobre las posibles causas de los hechos, omitiendo explorar indicios significativos que permitieran determinar lo que realmente sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, según señaló la CNDH.
Una prueba del deficiente trabajo realizado fue la confusión entre el cuerpo del brasileño Juliard Ares y el de un hondureño.
A pesar de las fallas, ningún funcionario público estatal ha sido sancionado por las deficiencias en la investigación de los homicidios. En el 2018, el Poder Legislativo Federal avaló la reforma que permitirá al Presidente de la República la creación de “super comisiones” que se encargarán de investigar y fiscalizar casos trascendentales para el país como la Masacre de San Fernando y se dijo que esa sería una de las primeras medidas. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
CENTROAMÉRICA PIDE MAYOR ATENCIÓN
En el marco de la conmemoración del trágico aniversario de la Masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida el 24 de agosto de 2010, donde 72 personas, incluidas 14 salvadoreñas, fueron brutalmente asesinadas, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador emitió un pronunciamiento que resalta la importancia de la migración segura y la protección de los derechos de los migrantes.
En su declaración, la Procuradora recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a circular libremente y elegir su residencia dentro de cualquier Estado. Sin embargo, enfatizó la necesidad de que la migración se realice de manera segura, ordenada y regular para evitar los riesgos asociados con el crimen organizado.
El Salvador ha sido pionero en la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. La Procuradora destacó los continuos esfuerzos del país, liderados por la canciller Alexandra Hill Tinoco y la Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Estas acciones se han intensificado en la prevención de la migración irregular, buscando proteger a los migrantes y garantizar su seguridad en su tránsito hacia otros países.
“Invito a continuar con los esfuerzos realizados a través de nuestra representación diplomática y red consular en territorio mexicano. Es esencial fortalecer la vigilancia de las rutas de tránsito de nuestros connacionales y exigir a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva de los hechos delictivos y casos de migrantes desaparecidos. Solo así podremos garantizar el derecho a la verdad de las familias y sancionar a los responsables”, afirmó la Procuradora, refiriéndose a la importancia del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI) de México.
LLAMAN ONGS A PROTEGER A MIGRANTES
El Centro para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios también recordó los 14 años de la Masacre de Migrantes en San Fernando, Tamaulipas. En una mesa de diálogo, reiteraron las condiciones que sufren los migrantes en México.
“Este conversatorio también honra y reconoce a las madres, esposas, hijas y hermanas de migrantes desaparecidos, quienes han luchado con todo su ser para encontrar a sus seres queridos. Su dolor, angustia y apoyo incondicional nos recuerdan que la lucha por la justicia y la dignidad es una lucha de todos y todas”, señalaron. Durante su intervención, Yessenia Valdez destacó la importancia de mantener viva la memoria de la Masacre de San Fernando Tamaulipas de 2010, donde más de 70 migrantes fueron asesinados.
“Este trágico evento nos abrió los ojos como mexicanos, revelando la realidad de las desapariciones en el país, una realidad que el Estado mexicano ha sido reticente a aceptar hasta hoy”, afirmó Valdez. Además, subrayó que esta masacre impulsa a las asociaciones a buscar justicia, verdad y reparación del daño para las víctimas, así como a abogar por cambios en las políticas públicas migratorias.
“Porque cuando se asesina a un migrante, lo que se ha asesinado es el sueño y el camino de vida de toda una familia”, expresó. Valdez también reconoció la importancia de que los migrantes conozcan sus derechos, para saber qué pueden exigir ante las autoridades migratorias y cómo actuar cuando son víctimas de delitos.
César Barranco, miembro del equipo de la Casa del Migrante, expresó la preocupación de la asociación por varios temas migratorios, destacando la falta de seguridad para los migrantes, el abuso de poder policial, y la impunidad y opacidad en los casos de abuso cometidos por las autoridades contra los migrantes. Asimismo, mencionó las agresiones sexuales contra migrantes, las dificultades para acceder a la salud, las condiciones climáticas extremas y la falta de respeto al derecho de libertad de tránsito como otros aspectos alarmantes.
Barranco aseguró que es necesario implementar reformas estructurales en diversos organismos, como las fiscalías autónomas y el Poder Judicial, además de modificaciones en la política migratoria y la ampliación de la regulación.
HACEN PÚBLICO EXPEDIENTE
Hace dos años, en el aniversario número doce de la Masacre de San Fernando, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió hacer público el expediente del infame suceso ocurrido entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal, Tamaulipas. En su pronunciamiento, la CNDH señaló la importancia de recordar este suceso y buscar justicia para las víctimas.
La Comisión reiteró su Recomendación 80/2013, dirigida al Procurador General de la República, en la que hace varias recomendaciones: 1. Observar los Derechos de las Víctimas: Instruir a los agentes a cumplir con totalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito. 2. Llegar a la Verdad Histórica: Realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
La CNDH también destacó los derechos vulnerados en este caso, incluyendo los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, acceso a la verdad, trato digno y honor, privacidad y protección de datos de identidad.
El informe de la CNDH no solo rememora la trágica masacre, sino que también subraya la clara responsabilidad del Estado mexicano en prevenir tales hechos. En declaraciones recientes, la madre de una de las víctimas, Guillermina Vega, expresó su dolor persistente: “Doce años pueden pasar, pero nosotros lo vivimos hoy como si fuera ayer. Es un dolor que no nos ha dejado.
Lo que más queremos es que el caso se esclarezca, que se llegue a la verdad y a la justicia”, enfatizó.
Por Perla Reséndez
