Hoy comienza una nueva etapa política en México, con una super mayoría en el Congreso de la Unión que les permitirá a Morena y aliados aprobar casi de inmediato una serie de reformas constitucionales que modificarán de manera radical la estructura de la República.
La batalla más importante es la de la reforma judicial que atrae toda la atención y ha desatado una intensa discusión que a la vez derivó en un paro indefinido del Poder Judicial Federal.
El dictamen que a partir de hoy podrá discutirse en el Pleno contempla asuntos que influirán en Tamaulipas.De aprobarse tal como fue avalado en comisiones, el 8 de junio del 2024 se llevará a cabo una elección histórica en Tamaulipas para elegir a 24 magistrados y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Además, ese mismo día, se votará por los nueve ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. La renovación será gradual, comenzando en 2024 con la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte y la mitad de los magistrados y jueces de distrito, priorizando aquellos distritos con vacantes o procesos de jubilación.
En 2027, durante la elección federal concurrente, se elegirá a otros 25 magistrados y jueces federales en Tamaulipas.
Además, se realizará la primera elección para conformar la nueva estructura del Poder Judicial local, que incluirá 103 Juzgados de Primera Instancia en diversas materias como Civil, Familiar, Penal, y Justicia para Adolescentes, entre otros.
También se votará por los diez magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que actualmente son designados por el Congreso.
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados establece que la renovación de los cargos judiciales en las entidades federativas deberá completarse en 2027.
Además se prohíbe la creación de fondos o fideicomisos que no estén previstos por la ley, y se ordena la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial con independencia técnica y de gestión, sustituyendo al Consejo de la Judicatura.
El documento también pone algunos candados para la operación administrativa de los poderes judiciales locales pues señala que “no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”.
Igual que en la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación, para el ámbito local también se ordena la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica y de gestión, que remplazarían al Consejo de la Judicatura.
Los requisitos y procedimientos para la elección de magistrados y jueces locales, deberá estar en sintonía con lo que indique la Constitución federal. Otro de los cambios importantes que vendrían para Tamaulipas de aprobarse las reformas constitucionales propuestas por el presidente, es la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Tamaulipas (ITAIT).
Esto se deriva de un dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que ordena la extinción de siete organismos autónomos federales, pero incluye las instituciones de transparencia en los estados.
El decreto establece un plazo de 90 días para que los Congresos locales eliminen sus respectivas instituciones de transparencia. En su lugar, los órganos de control interno y vigilancia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial asumirán la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Para implementar esta reforma, se modificará el artículo sexto de la Constitución, delegando la competencia de transparencia y protección de datos a las autoridades de control interno tanto a nivel federal como local. Estas entidades supervisarán los procedimientos de revisión contra actos de los sujetos obligados, según lo establecido en la Ley General de Transparencia.
El ITAIT, fundado en 2008, ha sido criticado por su falta de transparencia. En 2023, fue el organismo con más recursos de inconformidad a nivel nacional, con 214 quejas de un total de 699 presentadas ante el INAI. Su gestión ha sido cuestionada debido a la supuesta partidización de sus integrantes y la falta de respuesta oportuna a las solicitudes de información.
El presupuesto asignado al ITAIT en 2024 fue de 20.6 millones de pesos, y cada uno de sus tres comisionados percibe un salario mensual de 20,892 pesos más una compensación de 110,000 pesos. A pesar de su presupuesto, el instituto fue señalado como el más opaco del país por el INAI. En 2023, el ITAIT recibió 2,001 recursos de revisión de ciudadanos que se quejaron de la falta de transparencia en diversas dependencias de Tamaulipas.
Las principales quejas incluían la falta de respuesta en los tiempos establecidos por la ley y la entrega de información incompleta. También se registraron 394 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, relacionadas con sueldos, contratos, auditorías, estructura orgánica, y otros temas.
En el paquete de reformas enviadas por el presidente también se incluyó una electoral que extinguiría todos los organismos electorales estatales, en este caso el Instituto Electoral de Tamaulipas. Sin embargo, recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal anunciaron que ésta será puesta en pausa para un análisis más completo.Esta propuesta planteaba la reducción del número de senadores, diputados -federales y locales- e integrantes de los Ayuntamientos.
También desaparecería el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), pues la iniciativa contempla que sea el Poder Judicial de la Federación el que resuelva todos los asuntos que se deriven de los procesos electorales.
Se reduciría el número de diputados federales de 500 a 300, al eliminarse las 200 posiciones plurinominales. Mientras que el Senado pasaría a 64 escaños, dos por cada estado, que serían elegidos de manera directa por votación de mayoría relativa. También se reduce de manera radical la composición de los congresos locales.
“Se propone establecer los siguientes topes en la definición de sus integrantes: el número de representantes en las legislaturas no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas y por cada 500,00 habitantes adicionales podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45”.
POR STAFF