Al cierre de 2023 la Secretaría de Hacienda calculaba que la economía del país crecería un 3 por ciento en 2024.
La previsión se fue deteriorando conforme las cifras reales mostraban una creciente debilidad de la actividad económica.
En febrero Banco de México calculó un crecimiento de 2.8 por ciento anual pero el primer trimestre del año mostró un crecimiento de solo 1.6 por ciento respecto al año anterior. Así que en mayo Banxico redujo la perspectiva a un crecimiento de 2.4 por ciento en el año.
Lejos de una recuperación, la economía mantuvo la tendencia a un menor dinamismo.
Ahora, a fin de agosto Banxico recortó su pronóstico de crecimiento para 2024 a tan solo 1.5 por ciento al tiempo que indicó que la economía se encuentra en un periodo de “marcada debilidad” y que la inversión privada registra un menor dinamismo.
Habría que pensar que se refiere tanto a la inversión interna como externa, en este segundo caso al muy convocado pero inexistente nearshoring.
Este sexenio se caracterizó por muy bajo crecimiento; tan solo el 0.8 por ciento anual en promedio. Dado que la población creció más que eso el producto por habitante es ahora menor que el de hace seis años.
Cierto que este régimen enfrentó la mala suerte de la pandemia, pero también que su estrategia de restricción del gasto empeoró su impacto económico y debilitó la posterior recuperación. En los últimos seis años los muy ricos, con fortunas de miles de millones de dólares, se enriquecieron mucho más todavía.
En contraste los más pobres recibieron nuevas y relativamente abundantes transferencias económicas que sacaron a millones de los más vulnerables de la pobreza más abyecta, algo muy positivo, pero con un importante defecto, este mayor gasto publico se hizo a costa de deteriorar los servicios y la inversión pública y, en general, la operación de las instituciones.
Lo peor no es el bajo crecimiento de los últimos años; sino la perspectiva de que la mala tendencia se acentúe.
Banco de México redujo su previsión de crecimiento para 2025 a tan solo 1.2 por ciento anual. Algunos analistas privados son más pesimistas y plantean escenarios de crecimiento inferiores al 1 por ciento para este año y el siguiente.
Son malas noticias para Claudia Sheinbaum que enfrentará un primer año de gobierno con una herencia económica y política nada sencilla.
Tanto las finanzas públicas como la evolución de la economía en su conjunto plantean fuertes riesgos.
Una prioridad, tal vez la principal del sexenio de López, fue el mantener finanzas públicas sanas, con bajo nivel de endeudamiento y sin elevar impuestos.
Al mismo tiempo incrementó de manera muy substancial las transferencias sociales. Esto fue posible mediante un esquema de férrea austeridad, que inició con una severa reducción del gasto corriente, es decir la reducción del personal y los gastos de operación de prácticamente todas las instituciones.
La estrategia permitió gobernar sin un enfrentamiento real, más allá de descalificaciones verbales, con la clase empresarial y al mismo tiempo, con las transferencias sociales, obtener un fuerte apoyo de la mayoría de la población.
No obstante, en 2024, año de elecciones, se abandonó la austeridad previa y se incurrió en un endeudamiento público equivalente al 5.9 por ciento del PIB para llegar a una deuda total acumulada de 50.2 por ciento del PIB. Tal incremento del gasto público no logró impulsar el crecimiento, lo que indica que los factores que lo debilitan son fuertes y de fondo.
Lo que si hizo el endeudamiento es inquietar a la comunidad financiera nacional e internacional debido a la muy baja captación fiscal de México; es decir su poca capacidad para pagar.
Para apaciguar esos temores Hacienda comprometió que, en 2025, ya en el gobierno de Sheinbaum, la deuda acumulada se mantendría en 50.2 por ciento del PIB. Tal compromiso es muy difícil de cumplir. La caída en el crecimiento económico reducirá la captación fiscal y podría elevar el nivel de endeudamiento hasta, según analistas privados, un 54.4 por ciento del PIB. Lo que obligaría a una mayor austeridad.
Aun así, la relación entre ingresos y pagos podría llevar a una baja en la calificación de riesgo de la deuda pública, que se traduciría en incremento de los intereses a pagar y por lo tanto todavía menor capacidad de gasto público efectivo.
La pregunta esencial es: ¿este país puede aguantar seis años más de austeridad? ¿De recorte de instituciones y pérdida de capacidad operativa generalizada? La respuesta es un rotundo NO. No se atenderían las ingentes necesidades de inversión en salud (30 millones perdieron el acceso a la salud en este sexenio), de mantenimiento de carreteras (llenas de baches), de infraestructura hidráulica (la inundación en Chalco, las insuficiencias del abasto de agua potable urbano), de inversión en energía, de eficacia operativa y de recuperación del control territorial por parte del Estados.
Se trata de graves rezagos de gasto que impactan negativamente al bienestar de la población y a la inversión privada.
Además del gobierno, la economía en su conjunto no funciona como debiera. La estrategia de fortalecimiento del peso y abaratamiento de las importaciones, más el gasto de las transferencias sociales y el incremento salarial se tradujo en un incremento de la demanda y una frágil y reluciente burbuja de bienestar social.
El problema es que esta burbuja se generó de manera disociada de la producción interna. Crecieron aceleradamente las importaciones de granos básicos, textiles y vestimenta, calzado y todo tipo de bienes de consumo.
Algo paradójico e insostenible; mayor bienestar social acompañado de deterioro de la producción para el consumo mayoritario.
Ha llegado a su limite la estrategia de peso fuerte y el encarecimiento del dólar generará presiones inflacionarias que difícilmente podrán compensar las transferencias sociales.
Por ahí podría empezar a romperse la burbuja de bienestar y ponerse a prueba la herencia política de apoyo social incondicional al siguiente gobierno. Cierto que crece la producción de exportación, y en particular la de los sectores que ensamblan componentes importados para exportarlos a Estados Unidos.
Pero es un sector aislado del crecimiento, el empleo y el bienestar de la mayoría de la población. Incluso con nearshoring no una respuesta a las demandas de bienestar de la mayoría.
Lo apretado de las finanzas públicas, los evidentes rezagos de inversión y el mal rumbo de la economía, configuran un callejón aparentemente sin salida. Hay salida, pero requiere un gobierno fuerte, cuya capacidad de inversión crezca substancialmente a partir de una reforma fiscal, con mayor eficacia operativa y fortalecimiento de sus instituciones.
Un gobierno de instituciones y promotor del emprendimiento y de la organización social como elementos centrales de un desarrollo con visión de largo plazo. Ocupado tanto en el bienestar social como en su sustento económico.
