No obstante la oposición de algunos segmentos la sociedad a la reforma judicial planteada por el gobierno federal, con algunos cambios, la mayoría aprueba que la iniciativa legal es indispensable para acabar con la corrupción y otros vicios arraigados en el sistema de impartición de justicia.
Los integrantes de las agrupaciones empresariales y de las cámaras de comercio aceptan que el régimen que regula legalmente al poder judicial requiere de cambios, pero no están de acuerdo con todos, que el nombramiento de los juzgadores sea a través del voto popular, entre ellos.
Los empresarios tamaulipecos agrupados en la Federación de Cámara de Comercio de la entidad, por ejemplo, dieron a conocer que ayer enviaron a los nuevos diputados y senadores del congreso de la Unión un documento en el que insisten en que se debe de mejorar el proyecto jurídico.
Proponen asimismo que se abra un espacio de diálogo y que se reconsideren los mecanismos de elección.
El escrito incluye 32 propuestas para perfeccionar la iniciativa presidencial entregada los legisladores a efecto de que, como señala la constitución, la justicia sea más justa y expedita.
Los miembros de los colegios de abogados están en el mismo sentido. Consideran que la reforma tiene buenas intenciones y es necesaria, también que son partidarios de las revisiones y el análisis de las instituciones y los ordenamientos legales, el pero que le ponen es el camino que se ha tomado para llevarlos a cabo.
El principal partido político de oposición, el PAN, por su parte, anunció que presentará su propia propuesta de reforma judicial, la cual contempla, entre otras cosas, la creación de comités de selección, evaluación profesional, revisión de audiencias públicas y competencia por oposición.
Como algunos segmentos empresariales y de profesionistas, los jerarcas de Acción Nacional están en contra de que la designación de los ministros, magistrados y jueces se resuelva mediante el sufragio ciudadano en virtud de que temen que partidizaría el proceso selectivo de los funcionarios judiciales.
En el fondo, a las élites tanto empresariales como políticas les aterra la idea de elección democrática, igual que la verdadera independencia del poder judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, adelantó que no participará en el proceso de elección de los ministros programado para 2025, antes, dijo, renunciará a la posición.
Sabe que jamás podría ocupar ese cargo, si ello se decidiera mediante el sufragio electoral.
ÚLTIMO INFORME DE CHUCHO
En temas locales, por otra parte, el ayuntamiento de Tampico acordó ayer habilitar como recinto oficial al Espacio Cultural Metropolitano de la ciudad (METRO) para que el alcalde Chucho Nader rinda su sexto y último informe de gobierno el próximo 11 de septiembre.
El cuerpo edilicio, presidido por el alcalde en funciones, Fernando Alzaga, determino también que la ceremonia de cambio de los poderes políticos del puerto tendrá lugar en las instalaciones del antiguo edificio de la Aduana Marítima durante la séptimas y última sesión extraordinaria de cabildo.
El 30 de septiembre se cerrará así el ciclo de Nader Nasrrállah y al día siguiente, uno de octubre, iniciará el de la presidenta Mónica Villarreal Anaya.
Por. José Luis Hernández Chávez
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