El Gobierno de México está siendo objeto del ataque más artero e injustificado registrado en la historia posrevolucionaria después del violento golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta en 1913 que desembocó en la caída del gobierno y el asesinato del Presidente Francisco I. Madero.
Ahora en 2024, el Poder Judicial Federal está llevando a cabo la más grande provocación para generar una crisis política, ha suspendido totalmente sus actividades sin ninguna razón ni fundamento legal que lo justifique con el fin de exigir que el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, no cumpla con su función de crear, modificar, o en su caso, derogar leyes, dicho de otra manera, el Poder Judicial quiere impedir que el Poder Legislativo legisle.
Para que no quede duda de cual es la intención y quien dirige ese movimiento, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia acude personalmente a corear porras con los funcionarios y empleados del Poder Judicial que bloquean las puertas de la Cámara de Diputados y también las de la Cámara de Senadores con el único fin de impedir que el Poder Legislativo discuta y en su caso apruebe la Reforma del Poder Judicial que el Jefe del Poder Ejecutivo les envió desde el mes de febrero.
Éste es quizá el episodio político más desesperado protagonizado por la derecha opositora después de los que realizó en el proceso electoral reciente. Una extensa campaña negra mintiéndole a los electores diciendo que habría una elección de estado, una narcoelección y que las condiciones de violencia generalizada iban a impedir que la gente votara el 2 de junio, también dijeron que Morena y sus candidatos perderían porque las encuestas mentían y que había un voto oculto de 10 a 11 millones de electores que saldría a darle el triunfo a los candidatos de la derecha el día de la jornada electoral.
Sin embargo, los resultados de las elecciones le dieron un triunfo masivo a los candidatos de Morena, el PT y el VERDE, con casi 36 millones de votos a la candidata a presidenta ganadora, y casi 30 millones votos para la elección de diputados y senadores. En consecuencia, las autoridades electorales, INE y TRIFE, rechazaron las demandas de anulación y las impugnaciones de las elecciones por falta de pruebas y entregaron las constancias de mayoría a los candidatos que ganaron.
La nueva integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le permite la mayoría calificada a Morena y sus aliados por lo que podría aprobar las reformas constitucionales incluyendo la reforma al Poder Judicial que preve que los ciudadanos elijan con su voto libre, secreto y directo, a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, dándole un nuevo rostro a la carrera judicial que requerirá, para continuar, del consenso ciudadano.
Sin duda los juzgadores que amparan y protegen a los delincuentes, los defraudadores, los narcotraficantes y los evasores de impuestos tendrán que explicar muy bien sus decisiones para ser reelectos. La iniciativa también contempla la desaparición de los fideicomisos de 21 mil millones de pesos que permiten a los empleados y funcionarios del Poder Judicial Federal tener sueldos, compensaciones, privilegios y prestaciones excesivos que no tiene ningún otro servidor público del estado mexicano.
La parálisis ilegal del Poder Judicial esta acompañada de acciones inadmisibles como recibir demandas de amparo de dos jueces y ordenarle a la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Senadores que suspendan la discusión de la iniciativa de Reforma Judicial que ya fue aprobada por la mayoría calificada de los diputados y que sera discutida a partir de mañana y en su caso será aprobada por los senadores. Es muy importante destacar en que la Ley prevé la improcedencia del Juicio Amparo en los casos de reformas y adiciones a la constitución.
La sensatez de un jefe de estado como el presidente Andrés Manuel López Obrador le han permitido guardar una presencia respetuosa y prudente ante el hecho específico de que un poder del estado no está atendiendo sus funciones y está tratando de impedir el funcionamiento de otro. Esa ecuanimidad del gobernante se refleja en la actitud madura y pacifica de los ciudadanos que sin embargo no desconocen que la intromisión de un poder del estado en la esfera de la competencia de otro, de hecho y sin ningún fundamento legal, es un intento de golpe al estado de derecho, y una traición a la voluntad democrática de los mexicanos.
La situación es frágil y el Poder Ejecutivo y el Poder legislativo se mantienen cada uno cumpliendo con su deber y el tiempo se acorta para que los integrantes del Poder Judicial regresen al ejercicio de sus funciones y demuestren con hechos por que deben contar con la consideración y la confianza de los ciudadanos.
Por. Jesús Collado Martínez
Expreso Press/Tamaulipas
9 de septiembre de 2024
