Todos los jueces les guste o no, son políticos. A lo sumo les pasará como al cangrejo, que es crustáceo, pero no lo sabe…” Enrique S. Petracchi, Ministro de la Corte Suprema de Argentina Ya como hecho notorio, el pasado martes la Cámara de Senadores, en su mayoría calificada, votó a favor de la reforma constitucional en materia del sistema judicial federal y local.
Previo a esto, la Cámara de Diputados, había votado también en su mayoría calificada a favor del cambio de sistema judicial, la pregunta qué ahora se hace la ciudadanía es, ¿qué sigue? Primeramente, falta la votación de al menos 17 de las legislaturas locales, lo cual resulta inminente, ya que el partido Morena, cuenta con su mayoría en más de la mitad de los congresos locales de las entidades federativas.
Posteriormente, solo se necesitaría de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos legales al día siguiente de esto (como lo establece el dictamen), que por lo que se observa, es el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador quien alcanzaría a publicarla.
Ahora, la parte de la implementación de este cambio constitucional es la que requiere un esfuerzo sobre humano de los 3 Poderes de la Unión y, posteriormente que los estados emulen esta reforma en sus entidades, de los 3 órdenes de Gobierno de los estados de la República. Ya lo he comentado en otros espacios, pero es importante recalcar, que no cualquier abogado podrá inscribirse para ser Ministro, Magistrado o Juez, sino que cada poder (legislativo, ejecutivo y judicial) propondrá una terna de perfiles, es decir, sería 9 opciones en total por las que la ciudadanía podría votar a cada cargo que se aspira.
A nivel federal, la ya casi Presidente de la Nación Claudia Sheinbaum Pardo tendría 3 opciones para cada espacio; a nivel local, el Gobernador Américo Villarreal Anaya contaría con la misma facultad. La reforma constitucional implica una serie de cuestiones a analizarse, como los derechos adquiridos de las y los juzgadores que tiene muchos años o toda la vida en una carrera judicial.
Aunque es cierto que la reforma establece que se les respetarán los derechos laborales, también lo es que la Federación y cada entidad federativa, tendrían que prever dentro de su presupuesto esta cuestión, por lo que la aritmética contable jugará un papel muy importante en este espacio.
Por otra parte, existen diversas materias y especializaciones en la actividad judicial, es decir, materias que se resuelven, como son la penal (adultos y adolescentes), la familiar, la mercantil, la civil, la laboral, la administrativa, la agraria, entre otras. Que varían también dependiendo si es fuero federal o común, por lo que resulta de suma importancia que las propuestas que se realicen sean adecuadas a los lugares que se buscan ocupar; en otras palabras, la responsabilidad es y será de los 3 Poderes que propongan a las personas, no del pueblo que los va a elegir.
Asimismo, se va a requerir un sinfín de adecuaciones legales secundarias, tanto legislativas (de los Congresos Federal y estatales), como normativa interna de los Poderes Judiciales (manuales de organización, lineamientos, reglamentos, acuerdos generales de los órganos de administración judicial, entre otros).
Hay un tema pendiente en la mayoría de los poderes judiciales, como lo es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo cual implica recursos financieros y humanos para lograr este cambio al paradigma en la justicia civil y familiar, al obligar a todas las judicaturas a realizar los juicio orales y digitales, teniendo como fecha límite en abril de 2027.
Este cambio constitucional, se realizó bajo el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con un Congreso de la Unión en su mayoría del partido Morena, por lo que se junta con la reforma judicial aprobada esta semana. En fin, si bien la reforma judicial constitucional fue aprobada por la nueva Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores en un tiempo record, sería importante que ambos órganos legislativos, al igual que los congresos estatales, dedicarán el tiempo necesario para analizar y cuidar todos los detalles que conlleva la implementación de este cambio constitucional en la justicia en el país, el cual sin duda, es el más importante de las últimas décadas y, sin duda, de este siglo.
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