VICTORIA, Tam.- La Comisión Instructora del Congreso del Estado, sesionó este lunes de manera privada para atender la solicitud de la Fiscalía General de Justicia con residencia en Nuevo Laredo para proceder penalmente en contra del Magistrado Edgar Danés Rojas, presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), ante la presunta comisión de delitos contra la libertad sexual.
El asunto se dio a conocer en la sesión de la Comisión Permanente del domingo, se llamó a los integrantes de la Instructura para que sesionara, lo que ocurrió este mismo lunes, nombrando a Magaly Deandar Robinson como coordinadora de los trabajos de la citada Comisión y al diputado Humberto Prieto Herrera como secretario.
Asistieron los legisladores Mauricio Alonso Hernández Gaytán y Gabriela Regalado Fuentes, y justifiaron inasistencia, Félix García Aguiar, Edmundo Marón Manzur y Édgar Melhem Salinas.
La sesión se llevó a cabo de manera privada, pero se informó que la solicitud se atendía a petición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en Nuevo Laredo.
El procedimiento de declaración de procedencia o desafuero es referente al expediente 01/2022 en la que se acusa al Magistrado Danés Rojas de presuntos delitos contra la libertad sexual.
El mismo domingo se instruyó al Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que el juez de control de Nuevo Laredo, suspenda todo procedimiento, hasta proceder en pleno a la resolución que haga la Comisión Instructora.
Este lunes la Comisión inició con la radicación del asunto, a partir del cual se instaurará un procedimiento sumario, del que ya se dará vista al Magistrado, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga.
Posteriormente, se abrirá un periodo probatorio, uno de alegatos y finalmente la Comisión Instructora, emitirá el Dictamen que será puesto a consideración del Pleno Legislativo, en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
La declaración de procedencia implica el retiro de la inmunidad procesal y la separación del cargo, a fin de que el servidor público sea sometido a juicio ante las autoridades jurisdiccionales competentes y se determine si es o no responsable del delito que se le imputa.
Por Perla Reséndez
