El proceso de entrega-recepción en los 43 ayuntamientos de la entidad, no ha concluido formalmente, por lo que todavía hay tiempo para que todos, y cada uno de los alcaldes salientes o reelectos corrijan (o quizá ‘maquillen’) sus estados financieros, atendiendo puntualmente el proceso, acorde a las normas establecidas.
Esa medida se ha planteado con el propósito de garantizar el orden, la transparencia y que se dé una tersa transición, además de evitar trastornos e irregularidades en la fases terminal e inicial de toda gestión municipal.
También, el planteamiento obliga a las autoridades municipales, todas, a observar y respetar los mecanismos legales, respecto a lo concerniente a los recursos financieros –léase erario–, debiendo, quienes ya van de salida asentar y anexar en los formatos autorizados de la entrega-recepción los estados financieros correspondientes, como es un balance general, estado de resultados, cuentas de origen y, por cierto, aplicación de fondos, registro de contabilidad y la última cuenta pública rendida ante el Poder Legislativo.
Es decir, todos los munícipes, al término de su gestión, deben entregar una relación de cuentas bancarias –con sus últimos estados, avalados por las instituciones bancarias con quienes mantengan contratos–, relación de cheques, inversiones, valores, títulos o cualquier otro acuerdo con las instituciones de crédito o similares, así como una relación de cheques pendientes de entrega, y todo lo derivado de las actividades económicas que sus departamentos contables tengan en sus archivos.
La información, recibida por su pares entrantes –o por ellos mismos, en el caso de haber sido reelectos–, se consignará ante el Congreso de la entidad para estudiar su veracidad, cruzando información con la autoridad estatal –en este caso la Auditoría Superior del Estado–, antes de aprobar la cuenta pública del ejercicio correspondiente.
Cuenta pública
La cuenta pública de los 43 ayuntamientos, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, no tiene por qué sufrir demoras en su estudio, análisis y dictamen, pues corresponde a la Auditoría Superior del Estado supervisar de forma permanente en qué y cómo se gastó el presupuesto asignado.
Por tanto, si, al cierre de su administración, algunos alcaldes tienen dificultades para comprobar el correcto uso del erario, no es culpa de la instancia revisora y menos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, aunque por costumbre los alcaldes salientes digan que el atraso en la calificación de su cuenta pública obedece a razones políticas.
Se lo comento porque es un tema que está próximo a ventilarse.
Y es, precisamente la LXVI Legislatura del Congreso local entrante, en su calidad de supervisora de la cuenta pública, quien debe fiscalizar que el recurso público, realizado sin distingos de ninguna clase, porque el manejo de los recursos públicos está más allá de toda filiación partidista, que hubo un manejo correcto… o desviación, según sea el caso.
Es decir, las 43 administraciones municipales deben reciben el mismo trato a la hora de revisarse sus cuentas públicas, por lo que ningún edil tendría razón para esgrimir irregularidades en la calificación de su cuenta pública si acaso ésta no fuera aprobada en tiempo y forma, como ocurre con las cuentas de ejercicios anteriores de ciertos munícipes en funciones y de otros que, a casi tres años de haber concluido sus mandatos, o más, aún tienen pendientes.
Ahí están, al menos, cinco decenas de casos que no admiten dudas.
Venganza
Hay presidentes municipales, en el ocaso de su administración (y quizá en su etapa productiva), cuyos compromisos extra maritales hoy les estorban, en su codicia de seguir pegados a la ubre gubernamental.
Pero hay, también, primeras damas dolidas que amenazan con exhibir cuantos desmanes sus cónyuges cometieron al amparo del poder.
Los casos más ilustrativos se dan en los municipios del sur y centro, a decir de lo ya ventilado en las redes sociales.
Pero como este asunto involucra la vida privada, por lo que hoy no doy nombres ni pormenores. Sólo consigno el hecho. Y más, cuando el ‘amor’ a primera vista cambió, para bien o para mal, su comportamiento.
A la LXV legislatura del Congreso local han llegado denuncias –sobre este particular–, lo sé de buena fuente, pero al restarle 12 días de ejercicio (incluido éste) dejará el asunto de la entrante.
Y no creo que avancen, pues la ley determina sólo evaluar el ejercicio público de los alcaldes, aunque, de acusar y probar, documentalmente las desviaciones de recursos, se abrirían carpetas de investigación.
Así que este show, apenas comienza.
Pero lo más grave para los alcaldes salientes, aun siendo reelectos, es la revisión de sus cuentas públicas.
Cicuta
Los alcaldes que el uno de octubre tomas posesión del cargo, con bombo y platillo empiezan a publicitar la integración de su gabinete.
Pero no ofertan compromisos tangibles respecto a los asuntos que hay que iniciar o corregir.
¿Acaso por indolencia ante lo que conocen (los repetidores), o porque los nuevos ignoran la problemática municipal?
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
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