En un país como México, donde la desigualdad económica es una de las más marcadas a nivel global, la relación entre empresarios y obreros necesita una reconfiguración que permita generar un entorno más equitativo y sostenible. La clave para mejorar la política laboral radica en equilibrar los intereses de ambas partes, evitando una confrontación estéril y fomentando la colaboración para un crecimiento económico compartido.
La relación ideal entre el estado, empresarios y obreros debe estar basada en el diálogo social, la transparencia y el respeto a los derechos laborales. El estado debe actuar como mediador, asegurando que las reglas del juego sean claras y que las empresas cumplan con normativas laborales justas. Esto implica fortalecer instituciones como las juntas de conciliación y arbitraje, pero también agilizar procesos judiciales relacionados con abusos laborales. Además, es fundamental que los empresarios vean a los obreros como socios estratégicos para el crecimiento de sus empresas, no como simples recursos. El bienestar de la fuerza laboral genera un aumento en la productividad, algo que también les beneficia a ellos.
El estado puede incentivar este cambio mediante políticas fiscales que premien a las empresas con prácticas laborales responsables. Programas que promuevan la mejora de las condiciones de trabajo, como la capacitación continua y el apoyo a la educación, deben ser el puente entre el empresariado y los obreros. Así, se reduce la desconfianza y se fortalece la cohesión social.
Uno de los mayores problemas en México es el salario bajo, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Aunque ha habido aumentos recientes en el salario mínimo, estos no han sido suficientes para cerrar la brecha salarial. Aumentar los salarios no es solo un tema de justicia social, sino también una estrategia económica. Un salario más alto permite mayor capacidad adquisitiva, lo que dinamiza el mercado interno. Para financiar este aumento, el estado debe incentivar la productividad a través de inversiones en innovación y capacitación, pero también eliminar prácticas abusivas como la subcontratación ilegal y el trabajo informal, que son las principales razones por las que millones de mexicanos perciben ingresos indignos.
La informalidad en México es otro de los grandes desafíos. Según cifras recientes, alrededor del 56% de los trabajadores están en la economía informal. Esta cifra es alarmante y limita el crecimiento económico a largo plazo, pues gran parte de la población no contribuye fiscalmente, ni accede a los beneficios del trabajo formal, como la seguridad social o el ahorro para el retiro.
Para fomentar el crecimiento de la economía formal, el gobierno debe simplificar los procesos burocráticos y reducir la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que son el motor económico del país. La formalización debe verse como un proceso atractivo, en lugar de una carga pesada para los emprendedores. Incentivar fiscalmente a quienes se formalicen, ofrecer créditos accesibles y facilitar el acceso a la tecnología pueden ser mecanismos eficaces.
Además, una política de formalización debe ser integral, incluyendo campañas de concientización sobre los beneficios de estar en la economía formal, junto con una supervisión estricta para evitar la evasión fiscal. La colaboración entre el sector público y privado para ofrecer facilidades a los trabajadores informales y microempresarios también es clave para acelerar este cambio.
La relación entre empresarios y obreros, así como la mejora de los salarios y la expansión de la economía formal, son elementos interconectados que necesitan un enfoque estratégico en México. El estado debe liderar con políticas inclusivas y de diálogo social, que prioricen la justicia laboral y económica. Un país más equitativo no solo reducirá la desigualdad, sino que permitirá un crecimiento económico más robusto y sostenible, donde el bienestar de la clase trabajadora sea visto como un motor esencial para el desarrollo nacional.
POR MARIO FLORES PEDRAZA
