A Claudia Sheinbaum Pardo le tocó vivir manifestaciones del movimiento estudiantil de 1968, en donde sus padres Carlos Sheinbaum Yoselevitz y Annie Pardo Cemo participaron como activistas del bloque de maestros.
Este 2 de octubre se cumplen 56 años de la represión en la Plaza de las Tres Culturas –sita en Tlatelolco–, por lo que seguramente dedicaría unas palabras sobre ese acontecimiento que ensangrentó a México.
Y aunque los culpables de ese genocidio nunca fueron castigados, la opinión pública sigue pidiendo justicia.
En consecuencia la historia oficial de ningún modo les fincará cargos a los exmandatarios Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, quienes despachaban como presidente de la República Mexicana y secretario de Gobernación, respectivamente, cuando empezó, hizo crisis y se aniquiló la asonada juvenil.
Tampoco a los políticos y funcionarios federales (de la época), que se vieron involucrados en ese movimiento de masas tanto como en el cruento suceso, por lo que su responsabilidad sólo habrá de permanecer en los textos que, sin tomar en cuenta el veredicto oficial, han sido publicados a lo largo de más de cinco décadas.
Y de eso existe una amplia bibliografía.
Algunas precisiones
La represión del 2 de octubre no fue, de ningún modo, todo el movimiento estudiantil.
Sí su fase más deplorable, cierto, pero nunca el alma del conflicto que como características principales tuvo la anarquía, la deslealtad y la traición de quienes no respetaron los acuerdos entre el Gobierno Federal y el llamado Consejo Nacional de Huelga (CNH).
Esa insurrección juvenil la aprovecharon varios precandidatos a la Presidencia de la República, buscando así presionar a Gustavo Díaz Ordaz para que adelantara el rejuego sucesorio.
Éstos eran Luis Echeverría Álvarez, Alfonso Corona del Rosal, Emilio Martínez Manautou y Marcelino García Barragán, quienes despachaban como secretario de Gobernación, jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de la Presidencia de la República y secretario de la Defensa Nacional, respectivamente.
Como fundamento de esta hipótesis, hay testimonios que refieren que luego de muchos coqueteos, desaires, agresiones, vituperios, retos y una que otra mentada de madre, el Consejo Nacional de Huelga y el Gobierno Federal establecieron un puente de negociación.
Por el lado oficial: Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo; y por el CNH: Marcelino Perelló, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, Raúl Álvarez Garín, Anselmo Muñoz Juárez, Félix Lucio Hernández Gamundi y Florencio López Osuna.
El mediador: Fernando Solana Morales, entonces secretario general de la Rectoría; y los escenarios fueron:
1) la casa del rector Javier Barros Sierra, y
2) la residencia de Caso Lombardo.
Sin embargo, los historiadores oficialistas soslayan hablar de esas reuniones, a no ser que lo comenten en espacios cerrados o petit comité, porque entonces la manipulación que pretenden hacer de la historia ya no obedecería a las instrucciones recibidas por sus mecenas, de los que, por cierto, ya pocos quedan con vida.
La cercanía de la Olimpiada (otoño de 1968), por otra parte, sirvió de pretexto (también) a los funcionarios más interesados en la sucesión presidencial, cuando sugirieron a Díaz Ordaz acelerar el proceso de aniquilamiento del conflicto juvenil, porque, según dijeron, éste podría servir a intereses desestabilizadores.
Y los enumeraron: a) conjura internacional, b) instigación, c) complot comunista, y d) agitación profesional.
Para sustentar su recomendación represiva, los desleales burócratas arguyeron, además, que el movimiento constituía una seria amenaza para el desarrollo de los Juegos Olímpicos, pues los ojos de todo el mundo estarían sobre México y no era conveniente, de ninguna forma, que se hablara de agitación social.
Menos cuando los organizadores del evento distribuyeron pegotes en todo el país con el símbolo de éste: una paloma, significado de la paz.
Frente a la duda, el señor de Los Pinos ordenó I) se expulsara de México a diplomáticos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); II) que se estrechara la vigilancia sobre Carlos A. Madrazo y Humberto Romero Pérez alias “El Chino” –autor del mote “El Tribilín”, impuesto a Díaz Ordaz–, porque supuestamente eran los financieros del conflicto; III) que se echara del país a los líderes comunistas –aun cuando los rojos de motu proprio se largaron de México mucho antes de iniciado el movimiento–, y IV) que los dirigentes del CNH, presentados ante él como agitadores profesionales, fueran capturados.
Mar de confusiones
Sobre el tema se han editado muchos libros –regularmente bajo la autoría de los ex dirigentes estudiantiles–, pero ninguno de manera oficial, por lo que cada texto ofrece puntos de vista parciales y quienes los financiaron seguramente lo hicieron para abono de sus propios intereses.
Ya ve Usted que en México los llamados intelectuales siempre han hecho sus propias interpretaciones del movimiento juvenil a lo largo de más de cinco décadas, y, al menos durante el conflicto, nunca orientaron a los muchachos ni los alertaron sobre qué podría ocurrir por enfrentarse al Gobierno Federal.
Esto bien lo sabe la señora presidenta.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
Correo: jusam_gg@hotmail.com
