CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas podría convertirse en el estado número 16 en despenalizar el aborto si se descongela la iniciativa presentada hace un año ante el Congreso, que buscaba atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que perseguir a las mujeres que abortan va contra la Constitución.
Pese a ese fallo, en lo que va del año, en el estado hasta el mes de agosto se habían registrado 45 denuncias por este delito, lo que lo convierte en el cuarto del país con más casos.
A su vez, esto representa un incremento del 25% con respecto a la incidencia del 2023, pues al mes de agosto sumaban 36 casos.
A la fecha, los estados donde abortar ya no es un delito son Ciudad de México, Coahuila, Colima, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, y los más recientes fueron Michoacán y Jalisco, apenas hace unos días.
En tanto hay tres estados, Nayarit, Yucatán y Zacatecas, donde tribunales han fallado para que los Congresos legislen en torno a la despenalización.
En Tamaulipas, dos diputados de la bancada de Morena que tiene mayoría calificada en el Legislativo Local, reconocieron que el tema podría agendas en el actual Periodo.
El coordinador del grupo parlamentario morenista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, reiteró que el tema podría discutirse.
“Tamaulipas podría analizar este tema pronto, ya estaremos tocando el tema en su momento, yo lo que les puedo decir es que a penas va nuestra segunda sesión ordinaria este martes y bueno pues estaremos dándole tramite a la agenda que ya tenemos, en su momento ya veremos si Tamaulipas se suma a los estados que aprueba o no en su legislatura el aborto legal y seguro”.
Mientras que la diputada Úrsula Salazar Mojica, también coincidió en que el asunto se ha convertido en un tema de debate nacional.
“Legalizar el aborto no solo podría reducir el clandestinaje, sino que daría a las mujeres la libertad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, siempre con un enfoque legal y mesurado”, dijo.
“Desde el primer día de sesiones, ya aprobamos la reforma constitucional Tamaulipeca, algo que había quedado pendiente con el gobierno anterior”.
En octubre del año pasado se presentó en el Congreso del Estado, una iniciativa para despenalizar el aborto en Tamaulipas, pero ésta nunca avanzó y terminó por congelarse.
Mientras tanto, con corte al mes de agosto, ya son 45 las mujeres que han sido acusadas por este delito en el estado.
El año pasado fueron 47 las mujeres que fueron acusadas del delito de aborto, siete más que las registradas en 2022, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se nutre de los reportes mensuales de las Fiscalías. Y este año, en ocho meses, ya estaba cerca de superarse la cifra del 2023.
De acuerdo al artículo 356 del Código Penal del Estado, “comete el delito de aborto el que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
Mientras que el artículo 357 establece que “a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión”.
El Juez que lleve el caso, podrá sustituir la pena corporal, por tratamiento médico integral, “para lo cual sólo bastará que lo solicite y ratifique la responsable”; en ambos casos, la legislación considera a la mujer como responsable del delito.
El año previo, parecería que la tendencia a criminalizar a las mujeres por este delito fue a la baja, luego que en enero se registraron seis casos, en febrero, cinco, marzo sumó seis y en abril se alcanzó el pico máximo con siete carpetas de investigación por este delito.
En mayo los casos fueron cinco, el mismo número que junio, mientras que en julio solo se presentaron dos denuncias y en agosto ninguna; septiembre sumó una sola acusación, octubre y noviembre, cuatro cada mes y diciembre dos denuncias.
Sin embargo, los números al inicio del 2024 se incrementaron y las cifras de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas indican que hay ocho denuncias en contra de igual número de mujeres por el delito de aborto en la entidad.
El Código Penal de Tamaulipas, en su artículo 356, define el aborto como el acto de privar de la vida al producto de la concepción en cualquier etapa del embarazo. Por su parte, el artículo 357 establece que una mujer que voluntariamente procure un aborto o consienta que otro lo realice, puede enfrentar una pena de uno a cinco años de prisión.
En algunos casos, el juez puede sustituir la pena de prisión por un tratamiento médico integral si así lo solicita la acusada. No obstante, en la legislación vigente, la responsabilidad recae en la mujer.
El artículo 359 del Código Penal de Tamaulipas establece una pena de seis meses a un año de prisión para las mujeres que aborten voluntariamente bajo ciertas circunstancias: no tener mala reputación, haber ocultado el embarazo y que el embarazo no sea resultado de una relación matrimonial o de concubinato.
Asimismo, las personas que participen en un aborto enfrentan penas que van de cuatro a seis años si el procedimiento se realiza con el consentimiento de la mujer, o de cinco a siete años si se realiza sin su consentimiento. La inclusión de términos ambiguos como «mala fama» ha sido motivo de controversia. En octubre de 2023, el diputado morenista Isidro Vargas presentó una iniciativa para eliminar esta disposición, argumentando que es un concepto subjetivo y arbitrario.
En Tamaulipas, el aborto es legal bajo ciertas condiciones: si es causado por imprudencia, si el embarazo es resultado de una violación o si la vida o salud de la mujer corre peligro. Desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto en 2007, otros estados como Hidalgo, Coahuila y Oaxaca han seguido este camino, adoptando variantes que respetan la autonomía de la mujer.
El 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto, estableciendo un precedente legal que debe ser acatado por las legislaturas estatales. En Tamaulipas, la reforma a los artículos del Código Penal relacionados con el aborto aún no ha sido discutida, a pesar de haber sido turnada a comisiones.
A través de la iniciativa de Decreto se propuso en Tamaulipas reformar los artículos 356; 357, primer párrafo; 358, primer párrafo; y 359, primer párrafo, del Código Penal de Tamaulipas.
“Con el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, queda de manifiesto que el sentido de dicha sentencia, deberá acatarse por las legislaturas del país, y dejar de considerar punible la decisión de la mujer para practicarse un aborto”, señaló el legislador morenista.
Grupos feministas en Tamaulipas, como «Matamoros Decide» y «Mujer Manglar», han presentado amparos colectivos para evitar la criminalización de las mujeres que abortan. Estos colectivos denuncian que, a pesar de la legalidad en algunos casos, las mujeres que acuden a los hospitales siguen siendo estigmatizadas y se vulneran sus derechos humanos. Según sus datos, en 2022, de las 40 mujeres acusadas por aborto, 22 fueron vinculadas a proceso, lo que consideran un abuso legal.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha exhortado a que estos estados establezcan los mecanismos para garantizar esta práctica de manera legal, segura y gratuita.
«Inmujeres exhorta a que las 21 entidades federativas en México que aún no han despenalizado el aborto cumplan la ley y eliminen barreras sociales y culturales que impiden el acceso a la interrupción legal del embarazo», externó.
«Sigamos avanzando hacia un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con autonomía sobre sus cuerpos y ejerciendo plenamente sus derechos», agregó.
«Con lo que las mujeres o personas gestantes podrán solicitar la realización de un aborto en cualquier institución de salud federal, sin que ellas o el personal médico que lo practique sean sancionados», refirió el Inmujeres.
Dicho instituto consideró que si bien hay avances significativos alcanzados en la lucha por los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto, aún existen desafíos por resolver.
El camino hacia la despenalización ha estado marcado por importantes hitos que reflejan tanto avances como desafíos en la búsqueda de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. “Ha sido un (recorrido) muy positivo”, dice Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), pero además “histórico” por lo que ha determinado la Corte en los últimos años. Primero, al declarar inconstitucional la penalización abosoluta del aborto y reconocer la “obligación del Estado de prestar los servicios, de atender de manera segura y proteger los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes”.
Ramos refiere que el “aborto se ha regulado desde el derecho penal, no como un asunto de salud, sino como un delito”, pero la determinación de la Corte es un primer paso para cambiar esa narrativa punitivista.
POR STAFF
EXPRESO-LA RAZÓN
