Con el apoyo de prácticamente toda la Legislatura, a excepción del PAN, la diputada Magaly Deandar presentó una importante iniciativa para garantizar que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos.
Una iniciativa que se tipifica el delito denominado Contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, con lo que se pretende prohibir que se lucre con la ignorancia de quienes descalifican las opiniones expertas como la de la Asociación Mundial de Psiquiatría, la cual concluyó que «no hay pruebas científicas sólidas de que la orientación sexual innata pueda cambiarse.» Por su parte, el Grupo Independiente de Expertos Forenses ha sido enfático en señalar que ofrecer este tipo de terapia es una forma de engaño, publicidad engañosa y fraude
Lo que se propone es prohibir las llamadas terapias de conversión o ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género), en el mismo sentido que lo han hecho países de la OEA como Francia, Alemania, Grecia, Malta, Brasil, Canadá, Paraguay, Irlanda, México, Chile, Grecia, Estados Unidos de América y España, los cuales ya cuentan con marcos legales que las restringen.
Entre las modificaciones propuestas al Código Penal para el Estado de Tamaulipas se encuentra que “se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Se aumentará al doble la sanción prevista en el párrafo que precede, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de dieciocho años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.”
Estas reformas se armonizan con los Principios de Yogyakarta (2006), los cuales guían la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
Además, la diputada morenista, Magaly Deandar explica que la American Psychological Association ha señalado que las «terapias de conversión» provienen de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad, no se realizan en un entorno profesionalmente neutral, están basadas en prejuicios sociales y representan una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas afectadas”.
Y hace énfasis en que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la homosexualidad y transexualidad no pueden considerarse como enfermedades, pues son una variación natural de la sexualidad humana.
En la sesión de ayer en el Congreso local, activistas como Denisse Mercado y , es el camino del respeto a la diversidad humana es lo que garantiza el derecho de las personas LGBTIQ+ a tener una vida libre de violencia.
Fomentar la implementación de las ECOSIG y/o no apoyar su prohibición coloca del lado del problema, no de la solución. Por lo que el llamado es a legislar para todos, todas y todes, deteniendo a charlatanes que lucran con la ignorancia.
¿Usted qué opina?
POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA
