El Diccionario del Español de México dice que una CHICANA es una maniobra llevada a cabo por un abogado en un proceso con el objetivo de retardar o dificultar su resolución o ejecución, también se refiere a la chicana como el artificio y el abuso del juicio de amparo por los que protestan en la calle los mexicanos.
Son chicanas que los jueces de distrito hayan otorgado más de 150 amparos contra la reforma judicial, es una chicana que una jueza de Coatzacoalcos ordene a la Presidenta Sheinbaum que se elimine la publicación de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación y la amenace que en caso de no obedecerla pedirá al ministerio público que la destituya. Es una chicana que la Presidenta de la Suprema Corte de la Nación someta a consulta de los ministros de la Corte si es procedente revisar las impugnaciones mencionadas.
Por la reforma al Poder Judicial se aprobaron adiciones y reformas a la Constitución para que los ciudadanos puedan elegir a los jueces, magistrados y ministros. También para crear un Tribunal de Disciplina Judicial que prevenga y castigue la corrupción de los juzgadores, y la creación de un Órgano de Administración Judicial que hará la depuración de las nóminas de miles de familiares y amigos de los juzgadores y liquidará los fideicomisos por 35 mil millones de pesos que le permiten a los mismos juzgadores contar con privilegios extraordinarios.
Estas reformas y adiciones a la Constitución no pueden ser suspendidas mediante el amparo porque la ley señala que es improcedente precisamente contra las reformas y adiciones a la Constitución, pero además, la misma ley señala que los jueces, ministros y magistrados, deberán excusarse cuando exista conflicto de interés, como en el caso de la reforma del Poder Judicial, porque ellos no pueden ser juez y parte.
La reforma judicial promulgada el 15 de septiembre entró en vigor el día siguiente y es norma constitucional vigente, fue aprobada por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas y fue declarada su constitucionalidad, tal y como lo establece la propia Constitución.
El juego perverso de quienes están al frente del Poder Judicial ha sido plantear todas estas chicanas, a sabiendas de que son improcedentes, para obligar al gobierno a someterse a los procedimientos que les permitirían a los juzgadores retrasar, casi indefinidamente, la aplicación de las reformas en espera de que se desahoguen las decenas de procedimientos que ellos iniciaron y tendrían en sus manos. Los juzgadores paristas mas desbordados sueñan con pasar a la historia, como los grandes villanos, aunque sea por sus malas acciones.
Sin embargo, la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido mesurada, la Presidenta ha anunciado que no acatará la instrucción de la jueza de Coatzacoalcos por carecer de fundamento y presentará una acusación formal ante el Consejo de la Judicatura Federal para que revise la actuación de esa jueza y la de todos los jueces federales que han otorgado suspensiones improcedentes contra la Reforma Judicial, de tal manera que sea la judicatura la que aplique las sanciones disciplinarias pertinentes y en su caso ordene que se dejen sin efecto las suspensiones decretadas indebida e ilegalmente por esos juzgadores.
Llama la atención que los representantes de las asociaciones de juzgadores y trabajadores paristas del Poder Judicial se sientan ofendidos porque el Senado de la República hizo un sorteo público de los puestos que serán sometidos a la elección popular en el 2025, pero no mencionan estos representantes haberse ofendido cuando miles de puestos del Poder Judicial fueron ocupados por esposos, esposas, padres, hijos, sobrinos, cuñados, concuños, novias y amigos de los juzgadores y ellos, los representantes, hicieron la vista gorda.
Son todas esas argucias y maromas legales, verdaderas chicanas agravadas, son chicanas por ser maniobras abusivas llevadas a cabo por abogados marrulleros, y son agravadas porque las hacen los abogados encargados de ejercer el Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, que pervierten sus funciones y sus decisiones en contra del gobierno y de la voluntad del pueblo de México.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
