Harta polémica desató la orden de la jueza Nancy Juárez Salas para borrar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial. Y en consecuencia originó que los gobernadores estatales afiliados a morena se pronunciaran mediante carta pública en contra suya, por considerar ilegal e improcedente esa resolución a una solicitud de amparo.
Inclusive, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará denuncia en contra de la titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito, con sede en Coatzacoalcos (Veracruz), ante el Consejo de la Judicatura, por excederse en sus atribuciones, ya que “las reformas a la Constitución están exentas a revisiones del Poder Judicial”.
Esto lo precisan los mandatarios estatales y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, citando el articulado de la Ley de Amparo.
Reza el precepto jurídico en su artículo 61 que:
El juicio de amparo es improcedente:
I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;
IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que, objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones, para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, los órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza.
Sin embargo, la jueza Juárez Salas insiste en que, su resolución a una solicitud de amparo (expediente 823/2004), dictada el 12 de septiembre, en contra de la publicación de la reforma judicial (en el DOF), no la atendió (en tiempo y forma) Andrés Manuel López Obrador, en desacato al dictamen al ordenar publicarla el día 15, por lo que –considera la jueza– el tabasqueño incurrió en delito. Y, acorde con el artículo 262 de la Ley de Amparo, podría ser sujeto a castigo de prisión de tres a nueve años, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar cargos públicos.
De ahí su amago para dar vista al Ministerio Público en caso de que el Gobierno Federal no atienda su resolución, según su ordenamiento del día 16 de octubre del mes que cursamos, notificado a la presidenta de México.
Obvio es que la conducta de la jueza está al margen de la legalidad. Y que la razón le asiste al Poder Ejecutivo, pero, por vía de mientras, tiene el sartén por el mango, ella, al formar parte del Poder Judicial, lo que le daría derecho a obligar respetar el marco jurídico.
De cualquier forma, los 27 gobernadores de extracción morenista han decidido manifestar (públicamente) su apoyo a la reforma judicial; y cierran filas con la jefa del Ejecutivo Federal ante tal aberración de la juzgadora.
Empero, el sainete entre reformadores y opositores va pa’ largo, según se observa.
Sobre todo, ahora que el enfrentamiento entre ambos poderes tiende a recrudecerse en su etapa final, al desecharse por completo, en la nueva ley judicial, los amparos generales no tengan impacto como sí los personales a petición de la parte afectada por temas de inconstitucionalidad.
Esto quedó aclarado en la reforma judicial aprobada, por lo que, en los días por venir, esa presión de los juzgadores irá desmoronándose de forma paulatina, aunque como se presentan los acontecimientos la presidenta por consejo de su asesora jurídica, podría dar un fuerte manotazo para que, de una vez por todas y de un solo golpe, hacerles ver a los juzgadores que sin excepciones todas las resoluciones en contra de la reforma judicial quedan anuladas.
Bien advierten eso los ministros, magistrados y jueces del PJF, pero al parecer su conducta conlleva el propósito de dilatar el proceso para elegir a 850 relevos en junio de 2025 –como lo dispuso la Cámara de Senadores al sortear en una tómbola los puestos a disputarse–, mediante la resolución a favor de amparos en contra de los comicios, como ya lo han hecho saber al Instituto Nacional Electoral (INE), aunque su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, niega que el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros esté en pausa por las suspensiones contra la reforma judicial, pero admitió que no han avanzado con las actividades programadas para octubre, hasta en tanto resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pasado 2 de octubre, la jueza Quinto de Distrito con sede en Mérida (Yucatán), Grissell Rodríguez Febles, otorgó la suspensión provisional para ordenar al INE y al Senado de la República que frenen, indefinidamente, el proceso para elegir a los próximos juzgadores.
Y hace tres días (octubre 18), el juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en Querétaro, concedió una suspensión definitiva que ordena mantener las cosas en el estado que se encuentra e impedir los efectos y consecuencias de la reforma judicial.
Se han dictado otras suspensiones provisionales y definitivas, también en contra del proceso.
Así que, entramos de lleno a la última etapa de este sainete.
POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA
Correo: jusam_gg@hotmail.com
