En las últimas semanas, Morena ha mostrado, desde la más alta posición hasta la menor, una particular y grave ignorancia respecto de las facultades constitucionales que no sólo tiene la Suprema Corte, sino la de los integrantes de este partido. Por la información que se ha revelado recientemente, el expresidente estaría dando instrucciones de cómo operar la votación en favor de candidatos a juzgadores de todos los niveles, reclamando lealtades a liderazgos de ambas cámaras del Congreso.
Reformaron la Constitución de manera arbitraria y deficiente; luego, generaron transitorios que quieren violar y, ahora, vuelven a modificar la Carta Magna bajo advertencia multinacional: desconocer tratados internacionales llevará a México a sanciones económicas. Reculan.
Las deslealtades en el Congreso —o lealtades con quien tiene el control— contra el Ejecutivo han generado una confusión. ¿Ocho personas pueden cambiar la Constitución o 35 millones de personas? Pues sí. Eso dice la Constitución y sus reglamentarias, cuando se trata de una reforma con vicios en el procedimiento son las personas ministras las únicas competentes por mandato del Constituyente de 1917.
¿Y los 35 millones de votantes de Morena? Esos no, porque es una democracia representativa; el problema es la lealtad de quienes legislan y asesoran.
La reforma ha provocado preocupaciones de representantes de las cortes y tribunales supremos de Centroamérica que, reunidos en Costa Rica, lanzaron una condena por el golpe al Poder Judicial mexicano y luego alertaron de su impacto en las democracias de la región latinoamericana.
La JUFED, organismo que aglutina a las personas juzgadoras mexicanas, recibió muestras de apoyo de los jueces y magistrados de América Latina en su conjunto por la purga y la violación de sus derechos humanos, intentadas por el gobierno mexicano, que podría enfrentar consecuencias por delitos internacionales cometidos.
Por ello, resulta de gran importancia el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González, que propone el desechamiento parcial de la mal llamada reforma judicial, reintegrando a las personas juzgadoras porque, en los hechos, lo que hace es garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de los mexicanos.
Ricardo Monreal afirma que éste es el constituyente permanente; es mentira. El constituyente originario es el del 17, el que redactó la Constitución. El actual sólo tiene un poder derivado y limitado para reformar.
Este poder derivado es el que opera dentro de un marco ya establecido, sin potestad para transformar los principios fundamentales o el espíritu de la Constitución, como es el caso de disolver al Poder Judicial.
Si AMLO no denunció los tratados internacionales, entonces el Estado mexicano está obligado y, por tanto, son vigentes. La Corte puede hacer control convencional.
La doctrina establece que el constituyente permanente actual actúa como un poder derivado que no puede cambiar aspectos esenciales de la Constitución, como la estructura de la Federación, la división de poderes o los derechos humanos fundamentales. Estos principios o cláusulas pétreas están considerados como inalterables para garantizar la estabilidad del Estado de derecho y la democracia.
La Suprema Corte ha definido que el poder derivado debe respetar los principios de supremacía constitucional y de derechos humanos. Un ejemplo es el criterio 1a./J. 52/2015 (10a.), en el cual la SCJN determinó que el poder de reforma constitucional tiene ciertos límites y que cualquier modificación debe respetar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución.
Hoy es momento de honrar a los juzgadores por su firmeza de no validar el asalto al Poder Judicial. Su dignidad queda incólume. Ahora habla la Corte Suprema.
POR JORGE CAMARGO
