CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la llegada del nuevo Fiscal anticorrupción, la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado reveló que hay dos órdenes de aprehensión contra igual número de ex funcionarios de la pasada administración, quienes se han negado a comparecer.
Tania Contreras López comentó que instarán a la Fiscalía Anticorrupción, para que haga la revisión completa de todas las denuncias que se han interpuesto por parte del Gobierno del Estado.
“Hoy tenemos dos órdenes de aprehensión vigentes contra ex funcionarios de la administración pública estatal, porque se han negado a comparecer al juez de la causa”.
Dijo que es importante que en la próxima reunión que tengan con el nuevo fiscal, pedirle “se haga la revisión, se llame a los servidores públicos y en caso de que se nieguen a comparecer, se libren las órdenes de aprehensión correspondientes para que rindan cuentas”.
La Consejera jurídica recordó que el antecedente que se tiene, fue la presentación de dictámenes de cuentas públicas a la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del Congreso hace un año.
En aquel momento, se determinó devolver a la Auditoría Superior las cuentas 2021, para que se hiciera una revisión exhaustiva, “toda vez que en la gestión del anterior Auditor, se advertía que no existía una revisión acorde a los términos de la ley de fiscalización”.
Tania Contreras López comentó que una de las órdenes de aprehensión giradas, es contra una ex Secretaria por la contratación indebida de despensas por 125 millones de pesos.
“Son dos titulares de dependencias, incluso, fueron titulares de la administración pública pasada, que se negaron a comparecer y por tanto, cuentan con órdenes de aprehensión”.
Recordó que de las alrededor de 80 denuncias presentadas en contra de ex funcionarios de la anterior administración, la afectación al erario podría superar los 650 millones de pesos.
En ese sentido advirtió, “una de las órdenes de aprehensión que está girada, tiene que ver con una indebida contratación de despensas, cuyo monto en el contrato asciende a más de 125 millones de pesos, un solo caso, tenemos denuncias que amparan un monto considerable”.
Sobre alguna denuncia que pudiera interponerse en contra del ex titular de la Fiscalía Anticorrupción, por la demora en la integración de las carpetas de investigación, aclaró que no corresponde al Gobierno del Estado, la presentación de las mismas, recordando que hay denuncias presentadas, pero estas provenían de otros entes.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
