El jueves 9 de mayo se reportaron apagones en varios estados del país. Fue el tercer día consecutivo en que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) notificó que el Sistema Eléctrico Mexicano entraba en Estado Operativo de Emergencia.
El gobierno informó lo siguiente: “A partir de las 16:05 h, se afectó la capacidad de generación, como se describe a continuación: salió de servicio el ciclo combinado Altamira Tres y Cuatro, paquete dos, con 450 MW; a las 16:30 h, la unidad U6 de Villa de Reyes dejó de operar, afectando 228 MW; a las 16:41 h, salió de servicio la unidad 1 de la Central Dulces Nombres con 215 MW.
La generación eólica disminuyó en aproximadamente 395 MW respecto a lo programado, y debido a nubosidad en la región del Bajío, la generación fotovoltaica se redujo en 380 MW.
En total, se perdieron 1,668 MW de capacidad de generación, equivalente al 3.34% de la Demanda Máxima del día en el Sistema Interconectado Nacional. Esta demanda máxima se registró a las 16:36 h, con un valor de 49,887 MW y un Margen de Reserva Operativa de solo 3%”. En otras palabras, varias plantas dejaron de operar simultáneamente, y la generación eólica se redujo, lo que dejó claro que al alcanzar los 50,000 MW de consumo, el sistema se encuentra en un estado de vulnerabilidad.
Según la Ley de la Industria Eléctrica, el Estado Operativo de Emergencia debe activarse en las siguientes circunstancias: cuando el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) carece de márgenes de reserva adecuados, cuando el sistema opera fuera de los límites de seguridad, cuando las transferencias de potencia superan lo recomendado, y cuando hay insuficiencia de reserva rodante o violaciones operativas que comprometen la integridad del sistema.
Durante junio y julio de 2023, se emitieron 226 alertas en el sistema eléctrico nacional, de las cuales 15 fueron de emergencia. Según información publicada en el portal de la CFE, la capacidad efectiva (público-privado) en el SEN equivale a 88,748 MW, de los cuales el 50% corresponde a la CFE (44,073 MW).
Entonces, la pregunta es: ¿dónde estaban los casi 39,000 MW faltantes el día en que ocurrió esta emergencia? Parte de esta capacidad se pierde en ineficiencias, pero una gran parte se debe a la falta de inversión en transmisión y distribución, áreas que se han quedado muy rezagadas frente a las necesidades del país.
Sin embargo, también es necesario invertir en energía limpia y reemplazar plantas antiguas que usan combustibles fósiles y tienen altos costos operativos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía (AME), México necesita invertir 120 mil millones de dólares en los próximos 15 años, alrededor de 8 mil millones de dólares anuales. La misma asociación señala que, entre 2015 y 2022, solo se completó el 5% de los proyectos asignados a CFE-Transmisión en bancos de transformación, lo cual ha generado una fuerte congestión en zonas como el Noroeste, Norte, Noreste, Occidental y Oriental-Peninsular.
Por su parte, la International Chamber of Commerce estima que se necesitan construir al menos 58,900 kilómetros de líneas de transmisión y desarrollar infraestructura para 100,974 MW, considerando factores como plantas de ciclo combinado, fotovoltaicas y eólicas.
La inversión requerida asciende a casi 2 billones de pesos, es decir, aproximadamente 132,500 millones de pesos anuales durante los próximos 15 años. Entre 2024 y 2030, el PRODESEN establece que CFE Transmisión y CFE Distribución planean implementar 194 y 135 proyectos, respectivamente, sumando aproximadamente 5,719 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en estados como Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato. Sin embargo, no se prevén ampliaciones para Yucatán, que enfrenta rezagos significativos en su infraestructura y demanda creciente,
La limitada capacidad de reserva, la congestión en áreas clave y el rezago en infraestructura de transmisión y distribución representan desafíos significativos para la CFE y el gobierno.
Además, el cumplimiento de las metas de transición energética requiere acelerar las inversiones en energías renovables y mejorar la eficiencia operativa de las plantas de generación de la CFE, especialmente aquellas que dependen de combustibles fósiles.
Sin suficiente energía eléctrica disponible y segura, ¿cómo se puede esperar un crecimiento económico superior al 2%? Además, ¿cómo se espera atraer la inversión del “nearshoring,” que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, podría agregar 78 mil millones de dólares a las exportaciones de América Latina y el Caribe?
En los próximos días se publicará el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual permitirá verificar si los planes del PRODESEN están contemplados. De no ser así, difícilmente se alcanzará un crecimiento sostenible para el país.