TAMAULIPAS, MÉXICO.- Al menos 150 mujeres han sido víctimas de algún grado de violencia obstétrica en Tamaulipas durante los últimos cuatro años.
Esto suele definirse como cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud. que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio.
En el Estado, la violencia obstétrica está regulada desde 2007 en la Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Esto no significa que este reconocido como un delito, por lo que en Tamaulipas aún no se penaliza este tipo de violencia.
La Dra. Alma Delia Gámez Huerta, titular de la Unidad de Estudios de Género de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UAT, investiga la violencia obstétrica en Tamaulipas desde 2014.
Su equipo ha elaborado una base de datos donde han podido registrar al menos 150 casos de 2020 a la fecha, sin que esté sea el número oficial, ya que algunas pacientes deciden reservar sus experiencias y no revelar su caso, por lo que la cifra es aún mayor.
De acuerdo al Grupo de Información en Reproducción Elegida, en Tamaulipas entre el 2015 y el 2020 se presentaron 18 quejas por violencia obstétrica ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que derivó en una sola recomendación.
En los años posteriores, entre el 2021 y el 2024 se identifican dos recomendaciones más por casos relacionados con violencia obstétrica: uno ocurrido en el Hospital Civil de Nuevo Laredo y uno más en el Hospital General de Victoria.
Si bien se acumulan varias denuncias en contra de clínicas y personal médico de hospitales públicos (pero mayormente en hospitales privados), estos casos de violencia son acreedores únicamente a recomendaciones por parte de autoridades de CNDH, que bien pueden acatar o desconocer.
En el caso de Tamaulipas, este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 79/2024 por el caso de una paciente embarazada en el Hospital Rural Solidaridad número 32 del IMSS en el municipio de Tula.
“La falta de diagnóstico y tratamiento oportunos agravaron su estado de salud y provocaron su deceso y el del producto de la gestación”, determinó la Comisión.
La especialista explica que varios Estados del país (como Nuevo León), sí cuenta con sanciones que reconocen a la violencia obstétrica como un delito, pero que paradójicamente poco o nada ha cambiado desde la aprobación de esta Ley.
Desconocimiento por parte de las víctimas, débil implementación de sanciones en los casos reportados y la falta de reconocimiento de la violencia obstétrica en el sector salud y social, contribuyen a que esta problemática multifactorial reincide y se normalice.
En el libro “Análisis de la Violencia Obstétrica en el Sistema de Salud Pública en Tamaulipas”, escrito por la Dra. Huerta , se detalla que la mayoría de los autores definen la violencia obstétrica como el “momento en que la mujer gestante recibe atención médica con deficiencias profesionales en torno a la asistencia sanitaria antes, durante y después del parto”.
Sin embargo, para ella estas definiciones son un tanto vagas y cortas. Subraya que hay una diferencia abismal entre “malas prácticas médicas” y nombrar la violencia obstétrica como tal.
La violencia obstétrica puede presentarse en una diversidad de formas, no exclusivamente está relacionada con lesiones físicas.
Tactos vaginales reiterados e injustificados, rompimiento de membranas, maniobra de Kristeller, realización de la episiotomía (procedimiento quirúrgico que consiste en realizar un corte entre la vagina y el ano, para agrandar la abertura vaginal durante el parto) sin aplicación previa o sin dar tiempo a que haga efecto la anestesia, suministrar oxitocina sintética sin proporcionar anestesia para controlar el dolor, uso de fórceps, negarles la información sobre su estado de salud o de sus hijos, mantenerlas en estado de incomunicación con sus familiares, uso de la violencia en sus diversas manifestaciones como: verbal, física, psicológica e institucional y el uso de sus cuerpos como instrumento de la enseñanza de las ciencias médicas sin su consentimiento pleno y autorizado son las principales prácticas asociadas a la violencia obstétrica.
Mujeres, personas gestantes y bebés han sido víctimas mortales de este fenómeno que aún carece de una penalización en Tamaulipas.
En la zona conurbada, el Hospital Torre Cantú y el Regional de PEMEX en Cd. Madero, han sido acreedores a recomendaciones por “malas prácticas”.
La pareja conformada por Vladimir y María vivieron una experiencia traumática:
En 2020, (durante pandemia), estaban a la espera de recibir a sus gemelos. María llegó prácticamente en labor de parto al Hospital Carlos Canseco, pero no recibió atención inmediata, motivo por el cual Vladimir tuvo que asistir a María en el parto.
“Antes de entrar al baño ella me dice: “es que siento la cabeza del niño, siento la cabeza del niño”. Y yo lo que hice fue ponerla acostada en el piso del baño y le avisé a los médicos que estaban ahí en urgencias, les grité que: “están naciendo los gemelos, es un embarazo de alto riesgo”. Como tardaron, yo recibí a un gemelo, le puse mi suéter abajo vi que se movió, vi que estaba respirando, vi que movía sus deditos, sus manos…”.
Minutos después, personal de salud se llevó en una camilla a María para recibir al segundo bebé. Momentos más tarde le notificaron a Vladimir el fallecimiento de sus gemelos, sin que hayan profundizado en las causas.
Deshumanización y falta de perspectiva de género
Al preguntarle a la Dra. Huerta, que es lo que considera que falta en el sector salud para erradicar este tipo de violencia, comenta lo siguiente:
“Es un problema multisistémico y multifactorial, yo no creo que todo sea culpa del personal de salud. En general tanto como a las mujeres, como a médicos, estudiantes e instituciones, lo que le falta es capacitación, conocimientos de los conceptos de interculturalidad, violencia obstétrica y sus formas de manifestación, salud mental, parto humanizado, lactancia materna y más presupuesto para el área de la salud materno-infantil”.
La capacidad hospitalaria desde hace años se encuentra rebasada, en la zona conurbada por ejemplo no hay espacios suficientes para atender de manera digna todos los embarazos del sur, norte de Veracruz y San Luis Potosí.
Sin embargo en Reynosa se ubica el hospital materno-infantil, el cual atiende exclusivamente niños y embarazos.
La zona sur y la frontera norte son de las áreas con mayor índice de natalidad en el Estado. En los municipios fronterizos la atención a migrantes y pacientes que con la esperanza de una mejor atención médica acuden a Estados Unidos, es constante.
En ese sentido, la Dra. Alma Delia reconoce al menos un caso de embarazo de la comunidad trans en Tamaulipas, pero que por falta de apertura en el tratamiento de dicha población, el parto se dio lugar en territorio estadounidense a causa de estigmas y prejuicios de los que aún son víctimas, lo que recalca la vinculación de la violencia obstétrica con la violencia de género.
En cuanto a interseccionalidad, la Dra. comentó en entrevista para Expreso-La Razón, que se han suscitado casos en el norte de Veracruz donde madres padecen SIDA. Pese a mantener un seguimiento puntual de su enfermedad, al momento de solicitar la atención médica para el parto, el personal de salud se rehúsa a brindar atención por motivos de desinformación y tabúes, lo que ha ocasionado que el recién nacido también contraiga el virus al nacer, algo que puede evitarse.
Mencionó proyectos en curso, como el análisis de una violencia obstétrica en Tamaulipas desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, así como la propuesta de una Ley de Parto Humanizado. Agregando la generación de una estadística más completa sobre casos de violencia obstétrica en Tamaulipas que ayuden a erradicar estas prácticas que vulneran los Derechos Humanos.
Por. Karen Salas
Expreso-La Razón
