Con una población cercana a los 22 millones de habitantes, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) es la segunda megaciudad más poblada del continente americano. Antes de que la sequía —aún vigente en el país— impactara gravemente al Sistema Cutzamala durante la temporada de estiaje de este año, el consumo de agua en la ZMCM llegaba a alcanzar los 61 m³/s. De esta cifra, el 70% provenía de los acuíferos locales y casi el 25% del Sistema Cutzamala.
Con base en estos valores, diariamente se suministran a la ZMCM aproximadamente 5,270,400 m³ de agua. Sin embargo, garantizar esta cantidad implica afrontar múltiples retos derivados de la extracción y distribución del recurso hídrico. La interrogante clave persiste y su respuesta es apremiante: ¿de dónde se obtendrán los recursos que aseguren satisfacer la creciente demanda en esta región?
Resolver este desafío requiere una visión integral cuyo objetivo central sea garantizar la seguridad hídrica de la región, lo que implica: asegurar la cobertura universal de servicios de agua potable de calidad y saneamiento; proteger el medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales; garantizar el agua para las actividades productivas y gestionar los riesgos asociados al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.
La protección del medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales va más allá de una gestión responsable del agua para evitar la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, como ya sucede con los acuíferos locales. También incluye la atención a un aspecto fundamental, a menudo ignorado o desestimado: el destino de las aguas residuales generadas en la ZMCM.
Estas aguas, tras ser utilizadas, contienen contaminantes derivados de actividades domésticas, industriales y de aguas pluviales contaminadas, es decir, agua de lluvia que arrastra residuos urbanos. Dentro de las aguas residuales se encuentran las aguas negras, que contienen los desechos provenientes de los inodoros.
Las aguas residuales generadas en la Zona Metropolitana del Valle de México (AR-ZMVM) son canalizadas a través de túneles hacia el río Tula. Se estima que la descarga diaria máxima de estas aguas alcanza los 4,328,640 m³, de los cuales la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) Atotonilco, que inició operaciones en 2018, trata aproximadamente 2,980,800 m³. El agua tratada se desvía a canales de riego, mientras que la cantidad restante, de 1,779,840 m³, sigue su curso por el río Tula hasta la presa Endhó. Esta agua sin tratar genera altas concentraciones de materia orgánica y fósforo, lo que ha causado un deterioro significativo tanto en la salud humana como en el entorno ambiental de la región.
Ante la grave crisis ecológica que afecta a la zona, el pasado 26 de septiembre el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Restauración Ecológica de Tula de Allende, en respuesta a la urgencia de sanear el área de influencia de la presa Endhó. Este decreto tiene como objetivo principal mitigar el impacto ambiental y restaurar los ecosistemas deteriorados por la contaminación del río Tula, promoviendo un manejo adecuado de los recursos hídricos y fortaleciendo las estrategias para garantizar la salud ambiental y la seguridad hídrica a largo plazo.
Uno de los componentes fundamentales para lograr la recuperación ecológica de la región es la transición de una economía lineal del agua a una economía circular. En una economía lineal, el agua se extrae, se utiliza y se desecha, lo que genera un ciclo insostenible de consumo y contaminación. En cambio, en una economía circular del agua, el objetivo es maximizar la reutilización del recurso, minimizando los desechos y reduciendo la presión sobre las fuentes naturales. Esta estrategia ofrece múltiples ventajas, como la optimización del uso del agua, la reducción de la contaminación y el alivio de la sobreexplotación de acuíferos y cuerpos de agua. Además, fomenta la creación de infraestructuras de tratamiento y reciclaje más eficientes, generando beneficios económicos y sociales al reducir los costos asociados al tratamiento del agua y mejorar la calidad del entorno. Implementar este modelo permitiría no sólo restaurar la salud del río Tula, sino también asegurar un suministro hídrico más resiliente y sostenible para las futuras generaciones.
Por. Norma Elizabeth Olvera Fuentes
