CIUDAD VICTORIA, TAM.- Es cuestión de tiempo, quizás unos meses, para que el Congreso de Tamaulipas inicie la discusión y finalmente apruebe la despenalización del aborto.
La presidenta de la comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad en el Congreso de Tamaulipas, Lucero Deosdady Martínez, confirmó que la iniciativa ya está en preparación y podría ser presentada en este periodo. Este momento llega después de una larga lucha de los colectivos feministas que han insistido en frenar la criminalización de la interrupción del embarazo.
Aunque en los últimos cinco años en Tamaulipas se han abierto 235 carpetas de investigación por el delito de aborto, ninguna mujer se encuentra en la cárcel purgando una pena por esta causa, pero la exigencia de colectivos feministas es para que se homologue la ley local con la federal y no se criminalice a más mujeres.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan cuenta que las denuncias por el delito de aborto en Tamaulipas, han ido creciendo en los últimos cinco años.
Así en el 2020 se tenían 34 denuncias por este delito, sumándose 44 un año después; para el 2022 las carpetas de investigación eran 40 en Tamaulipas, mientras que en 2023 se integraro 48 y el año previo fueron 69 las denuncias por este delito.
En respuesta a una solicitud de información vía Transparencia, en la entidad, solo un hombre ha sido condenado a 50 años por este delito, luego que asesinó a una mujer embarazada y se le imputó el delito de homicidio calificado, feminicidio, aborto y tentativa de homicidio, en hechos ocurridos en 2016.
El Poder judicial de Tamaulipas, acatando el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional criminalizar el aborto, no ha decretado en ninguno de los casos, la vinculación a proceso de mujer alguna por la interrupción del embarazo, se señala.
En el caso preciso de la única persona sentenciada por este delito, “no es por hechos derivados de eventos obstétricos opor decisión de la persona gestante, sino por la comisión del delito de feminicidio contra una mujer embarazada”, señala la respuesta dada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
AMPAROS Y LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
En Tamaulipas, colectivos feministas han tramitado amparos colectivos, buscando la suspensión contra el Código Penal de Tamaulipas y la Secretaría de Salud del Estado, luego que el Congreso Local no ha hecho las modificaciones pertinentes al Código Local, avaladas desde el 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que, incluso cuando la Ley prevé que en algunos casos el aborto es permitido, cuando las mujeres acuden a los hospitales para el procedimiento, sufren criminalización, vulnerando así sus derechos humanos. Desde septiembre del 2021 la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de diez votos, que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
En Tamaulipas, el Congreso del Estado no ha homologado el Código Penal con el Federal para que dicha práctica no sea perseguida y considerada un crimen.
¿QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL DE TAMAULIPAS?
De acuerdo al artículo 356 del Código Penal del Estado, “comete el delito de aborto el que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, mientras que el 357 establece que “a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión”.
El artículo 358 establece que quien provoque la muerte del producto de la concepción de una mujer embarazada, se le impondrán prisión de 4 a 6 años, si se hace a solicitud de la mujer mayor de edad y de cuatro a ocho años de prisión si se realiza a ruego de la mebarazada menor de edad.
El 358Bis refiere que el cónyuge, concubino, pareja sentimental o familiar de la mujer embarazada que engañe, amenace o ejerza violencia física o moral contra ésta última, para que se provoque un aborto o permita que otro se lo provoque, se le impondrán de uno a cinco años de prisión. Y el artículo 359 contempla pena de seis meses a un año de prisión a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga
abortar, si concurren las siguientes circunstancias: no tenga mala fama; haya ocultado su embarazo, éste no sea resultado de unión matrimonial o concubinato. Si el aborto se realiza con el consentimiento de la mujer, quienes lo realicen tendrán las sanción de cuatro a seis años de prisión y aumentará de cinco a siete años de prisión, cuando se realice sin el consentimiento de la mujer.
Precisamente este punto de la “mala fama”, fue abordado en una iniciativa presentada en el Congreso de Tamaulipas en octubre del 2023 por el diputado Isidro Vargas de Morena, quien señaló que se trata de una situación tan subjetiva que resulta en un absurdo, sin embargo, esta práctica continúa catalogado como delito en el Código Penal del Estado.
¿QUÉ HAY EN ESTA LEGISLATURA PARA DESPENALIZAR EL ABORTO EN TAMAULIPAS?
A cuatro meses de la actual administración, de nueva cuenta el tema ha salido como uno de los grandes pendientes del Congreso del Estado, que no llegan a un acuerdo para despenalizarlo en Tamaulipas. La diputada Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad en el Congreso del Estado, señala que “que tarde o temprano tenemos que que legislar, estemos o no estemos de acuerdo”.
La legisladora de Morena explicó que tiene una iniciativa sobre el tema, donde se plantea la despenalización de la interrupción del embarazo, “salvo en los casos que sea una menor de edad, y que el aborto sea usado con violencia”. Pero también plantea un acompañamiento a través del Instituto de la Mujer con asesoría psicológica, acompañamiento, “he conocido siempre hay un dejo de tristeza cuando platican o cuando comparten eso, yo no conozco a ninguna mujer que esté feliz y alegre cuando platica o se sabe su experiencia”.
Apuntó que la iniciativa se busca robustecer con el apoyo del Poder Ejecutivo desde la parte médica, para garantizar que existan los especialistas y hospitales adecuados, en el caso de los médicos que se puedan negar a llevar a cabo el aborto o revictamicen a la mujer, el Consejo Médico y de Ética pueda intervenir. “Otra de las cosas que plantea el Ejecutivo también para robustecer, es decir, toda la carga es para las mujeres, en este caso vamos a hablar de las mujeres, el apoyo instituto a las mujeres, la reincidencia, las mujeres, ¿y qué pasa con el?, pues con el padre, con el progenitor también debe de tener alguna plática”.
Martínez López señaló que pese a ser provida, reconoce que el tema es una cuestión de derechos humanos, “tengo una hija que tiene seis años, soy madre autónoma, soy provida en ese aspecto, pero jamás me vas a escuchar decir algo que vaya en contra de los derechos”.
Reconoció que los colectivos feministas tienen mucho tiempo luchando porque se homologue la ley local con la federal, “es parte de una lucha desde hace muchos años, pero la verdad es que ya a nivel nacional está regulado, no hay razón por la cual en nuestro Código Penal para el estado de Tamaulipas exista”. Una opción que busca ofrecerse es que, a las mujeres que decidan no interrumpir el embarazo, el Estado les apoye algunos meses mientras nace el bebé, como se hace en otros países.
“Se da el apoyo y cuidado a las mujeres embarazadas y que al final deciden no quedarse o deciden quedarse, no sabemos, y ojo, no es con la intención de decirles no, no aborten, es dar esa opción”. Y es que, señala, en ocasiones la cuestión económica juega un papel importante para que una mujer busque interrumpir un embarazo, “creo que es un muy interesante planteamiento del Estado, es el rector y vigilante, y el que nos debe dar opciones”.
Por Perla Reséndez
