El republicano Rutherford B. Hayes asumió la Presidencia de los Estados Unidos de América el 4 de marzo de 1877 en medio de una ola de cuestionamientos, entre los que destacaban el fraude electoral y otras graves acusaciones.
El contrincante del Partido Demócrata, Samuel Tilden, había obtenido la mayoría de los votos populares, pero los sufragios de los Estados favorecían al candidato oficialmente triunfador que fue declarado presidente tras varias maniobras legales que demeritaron su ascenso al poder.
Los asesores presidenciales le urgieron al nuevo presidente, por esa razón, que se ocupara de cualquier asunto importante que desviara la atención ciudadana hacia otro punto, antes de que las críticas de los adversarios le hicieran más daño.
México y el gobierno de Porfirio Díaz, que había tomado el poder por la vía armada en noviembre de 1876, le ayudarían a que los problemas electorales pasaran a segundo plano.
John Watson Foster, el ministro de los EE. UU. en el país desde 1873, se encargaría de armar la estratagema.
Aunque el gobierno del General Díaz no había solicitado formalmente el reconocimiento sino hasta después de su elección en 1877, Washington le hizo saber que no lo reconocería en tanto no pusiera orden en la zona fronteriza de Tamaulipas con Texas y en la colindante con los Estados de Arizona y Nuevo México, en donde bandas de criminales, contrabandistas, ladrones, abigeos y toda clase de bandoleros, mantenían asolada a la población.
Como es habitual en los gringos, el gobierno estadounidense responsabilizaba de todos esos problemas a maleantes mexicanos y a la falta de energía del régimen porfiriano para resolverlos, pero Díaz no se quedó callado frente a las acusaciones. Exhibió pruebas que demostraban que la mayor parte de las fechorías fronterizas las cometían los mismos texanos o indios que, acorralados por la política segregacionista, se veían obligados a delinquir para sobrevivir.
La controversia que el asunto de la frontera desató, pronto se convirtió en el centro de la atención de las relaciones México-Estados Unidos, como convenía a los intereses políticos del presidente Hayes y a los republicanos.
El ministro Foster propuso al gobierno mexicano varios planes para enfrentar la situación y solucionarla, pero este respondió que, para favorecer una colaboración más efectiva de los dos gobiernos, era conveniente que las autoridades de los EE. UU. reconociera al régimen de Díaz, pero el Tío Sam se negó.
Ignacio L. Vallarta, encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, les hizo ver lo difícil que resultaba convenir acuerdos bilaterales para combatir el pillaje en la frontera cuando no existían relaciones oficiales entre ambos países.
Ante tales circunstancias, el presidente Hayes dispuso unilateralmente que las tropas persiguieran a los malhechores en territorio mexicano y Porfirio Díaz ordenó al General Treviño que hiciera lo mismo para restablecer la seguridad en la franja fronteriza.
El plan tuvo éxito. Gradualmente las incursiones disminuyeron, aunque no como exigían ni convenía a los intereses del gobierno Yanky.
Frente a la estratagema gringa que pretendía obtener ventajas adicionales del reconocimiento al régimen del General Díaz, este advirtió que no haría ninguna concesión y se negó a acceder a las demandas los gringos, como la de que México eliminara la zona libre de la frontera.
Además, don Porfirio aprovechó la situación para acusar al gobierno de USA de hostilidad política e inclusive de que el presidente Hayes pretendía adueñarse de nuestro país.
La presión mexicana dio resultado. El 9 de abril de 1878 el gobierno del país de las barras y las estrellas reconoció oficialmente al de Porfirio Díaz sin condiciones.
La opinión pública consideró el caso como una derrota diplomática de Hayes, aunque el caso permitió al presidente del coloso del norte que la ciudadanía del país vecino olvidara los
problemas que empañaron su ascenso al cargo.
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