“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género” (artículo 337 Bis del Código Penal local), es el tipo penal contenido en el Dictamen que aprobaron, de forma conjunta, las comisiones de Igualdad de género y diversidad, estudios legislativos y de justicia del Congreso de Tamaulipas, esta semana.
Dictamen que, en las facciones del mismo artículo donde se enlistan las razones de género, incorpora algunas modificaciones como que existan amenazas directas o indirectas y que el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación.
Además, se aumenta la sanción hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. Y, en su caso, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y perderá todo derecho con relación a los hijos de la víctima, garantizando el interés superior de la niñez.
Estas modificaciones fueron propuestas, en noviembre de 2024, por la diputada Magaly Deandar Robinson y respaldadas por la bancada morenista y del partido verde. Una iniciativa que atiende la urgente necesidad de armonizar el marco legal local con el federal en materia de feminicidio para facilitar la identificación, investigación y sanción de este grave delito, así como la colaboración interinstitucional para evitar la impunidad e impartir justicia.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas, en 2024, abrieron 20 carpetas de investigación por feminicidio y el número de feminicidios aumentó 17 por ciento en comparación con 2023.
El marco legal local, una vez armonizado, también facilitará la implementación de medidas de protección adecuadas y garantizará que los derechos de las víctimas indirectas sean respetados a lo largo del proceso judicial.
Asimismo, en materia de prevención, el reconocer el feminicidio bajo criterios uniformes, permitirá implementar campañas de sensibilización y prevención más efectivas, promoviendo una cultura de respeto y no violencia hacia las mujeres.
En un país donde el feminicidio ha cobrado miles de vidas, la homologación de este delito, además de atender una necesidad jurídica, obedece a un compromiso social y moral con las tamaulipecas.
La aprobación de este dictamen en el pleno del Congreso eliminará lagunas en la Ley, por lo que, celebramos que Tamaulipas esté en vías de dar este importante paso hacia una justicia más efectiva para las mujeres víctimas y sus familias.
¿Usted qué opina?
POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA
