Los medios y las redes sociales se mueven en consonancia con las afirmaciones de Donald Trump y distintos funcionarios de su gobierno en el sentido de que hay relaciones del gobierno de México con el crimen organizado o con los cárteles del narco. La comentocracia y los voceros de la derecha se apuran a coincidir con las afirmaciones de que existen vergonzosas relaciones del gobierno con los criminales.
Levantan el índice de fuego de las acusaciones contra aquellos a los que llaman narco gobernadores de Morena entre los cuales destacan al de Sinaloa de quién ponen en tela de duda su honestidad y su desempeño, particularmente en el tema de la seguridad y a partir de las afirmaciones del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada qué dejó entrever en sus declaraciones la existencia una relación con ese gobernante.
Independientemente de lo ofensivas que resultan las afirmaciones de quién amenaza a México con tarifas que se convierten en sanciones económicas, y de la advertencia de una posible intervención directa de Estados Unidos en la persecución de los grupos delictivos en territorio mexicano, es importante recordar que diversos funcionarios mexicanos de la seguridad pública del periodo de Felipe Calderón, además de Genaro García Luna, cumplen sentencias en cárceles americanas por delitos de narcotráfico, lavado de dinero, y recibir sobornos para permitir el funcionamiento de las organizaciones criminales en México que trafican drogas hacia los Estados Unidos.
También es pertinente recordar que ese tipo de acusaciones fueron formuladas contra diversos funcionarios desde la época de Miguel de la Madrid de quién un editorialista norteamericano afirmó que tenía depósitos multimillonarios en dólares en cuentas en Suiza y aquellas acusaciones que se referían a su Secretario de la Defensa Nacional como protector de los carteles del narco que operaban en aquella época en la costa mexicana del pacifico, sin olvidar las diversas acusaciones de tener nexos con el narco que se hicieron contra funcionarios del gobierno de Carlos Salinas Degortari.
El reclamo del gobierno de la Presidenta Claudia Shienbaum es justo en el sentido de señalar que la demanda de drogas de todo tipo, incluyendo el fentanilo, y el contrabando de armas hacia México provienen de los Estados Unidos y generan corrupción, violencia, inseguridad y deterioro de las instituciones de nuestro país. También conviene revisar si todo lo que se ha hecho en el combate al narcotráfico ha sido suficiente.
La Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito ha señalado durante los últimos veinte años que la droga de mayor consumo y venta en el mundo así como la de menor letalidad es la marihuana, de tal manera que el mercado negro de la venta de esa droga en el mundo es el que proporciona el mayor porcentaje de recursos económicos al crimen organizado, por lo que en Canadá se ha despenalizado totalmente para uso medicinal y recreativo y en el caso de los Estados Unidos 25 estados permiten el uso recreativo y está permitido el uso medicinal en casi todos los estados de la unión americana.
En México las acciones contra el narcotráfico se han desarrollado en el combate a las organizaciones criminales y en el caso de los gobiernos encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se ha dado atención a las causas y al mismo tiempo se han detenido a los criminales, se les han decomisado drogas, armas y dinero, pero la regulación jurídica ha quedado pendiente y los permisos para el uso de la marihuana son limitados a las personas que han obtenido sentencias de amparo favorables a su intención de usar esa droga.
En Canadá y Estados Unidos la producción de marihuana, su procesamiento, distribución y consumo legal genera impuestos y el comercio está permitido y es abierto, en México esas actividades siguen siendo ilícitas y punibles, lo que nos coloca en desventaja con el enfoque y manejo que le dan los países con quienes tenemos un sociedad comercial. Allá los problemas generados por la adicción al consumo de esa sustancia son tratados como un problema de salud pública y no de la justicia criminal.
En México la falta de actualización de nuestra legislación expone ahora a cientos o miles de campesinos sembradores de marihuana como peligrosos delincuentes miembros de organizaciones terroristas, mientras que en Canadá y Estados Unidos son honestos campesinos dedicados al cultivo de la marihuana que se vende legalmente en sus países.
Quizá sea el tiempo de considerar en nuestro país por separado el uso de las drogas que afecta directamente a quienes las consumen con exceso, del narcotráfico que erosiona y daña gravemente a las instituciones y a la sociedad en su conjunto. La prohibición genera el trafico ilegal de las drogas. Se trata de quitarle de las manos a los criminales, mediante la despenalización del uso de la marihuana, una de sus fuentes de mayores ingresos. De acuerdo con la ONU 228 millones de personas en el mundo consumieron marihuana en el 2022. 39.5 millones de usuarios de drogas en el mundo tienen problemas por consumirlas.
No todos los consumidores de alcohol son adictos al alcohol, ni todos los consumidores de marihuana son adictos a esa sustancia. Quizá es el tiempo de confiar un poco más en la madurez de la sociedad que ha sido capaz de autorregular el consumo del alcohol y que de hecho ya hace lo mismo con el consumo de la marihuana. No somos una sociedad de borrachos porque se vende alcohol en cada esquina, ni seremos una sociedad de drogadictos porque se venda marihuana libremente.
POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ
