Debe ser una sensación particular la que experimentaron los diputados federales que ayer recibieron de la Auditoría Superior de la Federación los informes de fiscalización de las cuentas públicas del 2023, incluidas las de aquellos que fueron alcaldes en la administración pasada.
Dos ejemplos tamaulipecos, ambos con resultados muy negativos: Adrián Oseguera de Morena, y Mario López Hernández, del Verde, ex presidentes de Ciudad Madero y Matamoros respectivamente.
En los dos ayuntamientos, los informes de la ASF revelaron serias irregularidades financieras y administrativas durante el ejercicio 2023, en algunos casos con presuntos daños al erario, es decir, con posibles desvíos de recursos que podrían acarrear procedimientos penales.
En la administración municipal de Oseguera, el informe reporta que en el manejo de participaciones federales “el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación”.
De sólo cuatro expedientes que la Auditoría eligió como muestra, en los cuatro detectó fallas.
Se trata de contratos para “conservación y mantenimiento de infraestructura” por un total de 17.9 millones de pesos, en los que el gobierno municipal no pudo acreditar diversa documentación, como los oficios de suficiencia presupuestal, las opiniones de cumplimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y las garantías de vicios ocultos.
Por esta razón, la Auditoría levantó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el gobierno de Erasmo González “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas”.
Vista la manera desprolija en la que se manejaron las finanzas del ayuntamiento, no sorprende la compleja situación que -aunque no lo quiera admitir- encontró el nuevo presidente municipal.
Las observaciones de la ASF en Matamoros tampoco son cosa menor.
En las arcas de ese municipio durante la gestión de Mario López Hernández, se presume un quebranto de 7.5 millones de pesos, también en el manejo de participaciones federales.
Ahí, las irregularidades se detectaron en obras y en arrendamientos, algo que se ha convertido en un negocio redondo para muchos ediles.
La ASF que dirige David Colmenares detectó que en el contrato para la construcción de un edificio administrativo del municipio, la autoridad no presentó documentación del gasto efectuado, por lo cual “no se tiene claridad sobre la aplicación del recurso”.
En otro caso, relacionado con la renta de copiadoras por 1.3 millones de pesos, se detectó que la persona moral que prestó los servicios “no es congruente con la persona física adjudicada”.
Por eso, el informe que Mario López recibió ayer en su calidad de diputado, incluye una solicitud de aclaración, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones, por su gestión como presidente municipal durante el 2023.
A su desaseado paso por los gobiernos municipales de Madero y Matamoros, los ahora diputados federales suman un inicio discreto como legisladores federales: ninguno ha presentado una sola iniciativa propia, de acuerdo al registro oficial de la Cámara de Diputados.
Ahora corresponde a los sucesores, Erasmo González, y Beto Granados, ir a fondo para determinar hasta qué punto llegaron las irregularidades financieras que se cometieron.
De lo contrario, se harán también responsables de la herencia negativa que recibieron.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
