En un hecho sin precedentes, el estado de Tamaulipas ha logrado colocarse en la élite nacional de la disciplina fiscal, al no registrar observaciones en el tercer y último informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023.
El reporte, presentado por el Auditor Superior de la Federación David Rogelio Colmenares Páramo representa un reconocimiento que no es menor.
En el informe se destaca que solamente la Ciudad de México y la entidad gobernada por Américo Villarreal Anaya fueron las únicas en recibir este dictamen limpio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que evidencia un manejo escrupuloso del gasto público federalizado.
El resultado es significativo no solo porque posiciona a Tamaulipas como un referente en la administración de los recursos públicos, sino porque marca un contraste con administraciones pasadas, que acostumbraban aparecer en la lista negra de sujetos obligados con cifras millonarias por aclarar.
Un caso emblemático es el del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien aún tiene cuentas pendientes con la ASF.
Según el último reporte del órgano fiscalizador, la Cuenta Pública 2022 aún contiene observaciones sin solventar, particularmente en los rubros de seguridad y salud pública, con presuntos daños patrimoniales que suman más de 225 millones de pesos.
De este monto, 100 millones corresponden a recursos federales destinados a la seguridad, y 125 millones a salud, sectores clave para el bienestar de la ciudadanía tamaulipeca.
El dictamen de la Cuenta Pública 2022 ya fue avalado por el pleno de la Cámara de Diputados, pero esto no significa que las investigaciones sobre las irregularidades hayan concluido.
La Auditoría Superior de la Federación sigue en proceso de determinar responsabilidades y podría derivar en sanciones administrativas y penales contra los involucrados.
Pero el escándalo de García Cabeza de Vaca no se reduce a la ASF, pues hace un año, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó ante la Fiscalía General de Justicia del estado una denuncia en contra de Francisco.
El exgobernador fue acusado por delitos que incluyen ejercicio ilícito del servicio público, peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Junto a Cabeza de Vaca, figuran en la denuncia personajes como el diputado panista Gerardo Peña Flores, el exsecretario de Administración Jesús Alberto Salazar Anzaldúa (actualmente prófugo), y el exrector Guillermo Mendoza Cavazos.
De acuerdo con esa denuncia, todos ellos habrían participado en una operación que privó a la UAT de más de 500 millones 915 mil pesos, recursos que nunca llegaron a su destino y cuyo uso y destino final fueron ocultados intencionalmente.
A pesar de la magnitud de los señalamientos, la impartición de justicia ha encontrado un muro de contención en los operadores políticos del exgobernador, quienes todavía ocupan posiciones estratégicas en los órganos locales de procuración e impartición de justicia.
No obstante, la presión pública y la firmeza del gobierno actual para erradicar la corrupción parecen indicar que es cuestión de tiempo para que la justicia alcance a Cabeza de Vaca y sus cómplices.
El panorama actual de Tamaulipas es el reflejo de dos realidades opuestas, pues por un lado, la actual administración ha logrado que el estado destaque en el manejo transparente y disciplinado de los recursos públicos, obteniendo un reconocimiento inédito de la ASF.
Por otro, el pasado reciente sigue arrojando sombras, con investigaciones abiertas por desfalcos millonarios y redes de corrupción que se resisten a ser desmanteladas.
Lo que es innegable es que la lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía tamaulipeca.
La administración de Américo Villarreal tiene la responsabilidad de no solo mantener el buen manejo de los recursos, sino de garantizar que aquellos que saquearon las arcas del estado enfrenten las consecuencias de sus actos.
La Auditoría Superior del Estado ya ha puesto los reflectores sobre los responsables, ahora falta que las instancias judiciales hagan su trabajo.
Tamaulipas está escribiendo una nueva historia, una en la que la disciplina fiscal y la rendición de cuentas son protagonistas.
El reto es consolidar este avance y asegurarse de que nunca más el estado vuelva a ser mencionado entre los ejemplos de corrupción e impunidad.
Por. Tomás Briones
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