El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela anunció el pasado 23 de marzo una reducción drástica de la jornada laboral en la administración pública venezolana, pasando de 40 horas semanales a tan solo 13.5 horas, como respuesta a una crisis energética agravada por una sequía que afecta los embalses hidroeléctricos del país.
A partir del lunes 24 de marzo, las instituciones públicas, incluyendo ministerios, gobernaciones y alcaldías, operan en un horario especial de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., únicamente los lunes, miércoles y viernes, durante las próximas seis semanas.
Esta medida, que no aplica a las instituciones educativas ni a servicios esenciales, busca aliviar la presión sobre un sistema eléctrico al borde del colapso, pero ha sorprendido a los venezolanos, obligándolos a ajustar sus rutinas sin previo aviso.
El Ejecutivo justificó la decisión como una respuesta a una “emergencia climática” que ha reducido los niveles de agua en embalses clave, como el de la Central Hidroeléctrica de Guri, responsable de cerca del 70% de la energía nacional.
Exhortan a no usar aire acondicionado a más de 23 grados
En los días laborables, los empleados públicos complementarán sus actividades apoyando iniciativas comunitarias, como las “salas de autogobierno comunal”, mientras que los días no laborables se suspenderán operaciones para disminuir el consumo eléctrico en edificios gubernamentales.
Además, el gobierno exhortó a la población a adoptar medidas de ahorro energético, como ajustar los aires acondicionados a 23°C y desconectar aparatos electrónicos, lo que podría influir en el sector privado en un contexto de apagones frecuentes.
El sector educativo, sin embargo, queda exento de estas restricciones. El Ministerio de Educación aclaró que los planteles públicos mantendrán sus horarios habituales durante las seis semanas del decreto, a pesar de las dificultades que enfrentan los docentes, cuyo salario mensual ronda los 40 dólares (apenas unos 800 pesos mexicanos).
Venezuela sufre una crisis energética desde hace tiempo
La crisis energética no es nueva en Venezuela. Durante más de una década, el país ha lidiado con racionamientos y apagones prolongados, como los registrados en 2016 y 2019. Expertos atribuyen el deterioro del sistema eléctrico a la falta de mantenimiento, la corrupción y la pérdida de personal calificado, a pesar de las millonarias inversiones destinadas a plantas hidroeléctricas y termoeléctricas.
Oscar Murillo, director de la ONG Provea, advirtió que la generación eléctrica está “al 80% por debajo de su capacidad”, lo que convierte estas medidas en un “salvavidas” temporal ante un sistema al límite.
Economistas creen que la reducción de la jornada laboral podría contraer aún más la economía venezolana, que aunque en 2024 mostró una leve mejoría del 6%, podría ser impactada por los nuevos aranceles del 25% impuestos por el gobierno de Donald Trump a países que comercialicen petróleo con Venezuela.
Estos aranceles representan el embargo comercial más duro contra Venezuela desde 1902, afectando directamente las finanzas del gobierno, que dependen en gran medida de las exportaciones petroleras.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO
