El 24 de marzo de 2011 el gobierno de Felipe Calderón a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos, y representantes de 715 medios de comunicación firmaron un pacto para regular la difusión de la violencia criminal que sacudía a México.
Lo llamaron “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, que tenía como propósito, eso dijeron, bajarle el volumen al ruido del terror causado por la refriegas entre la población, minimizar la tragedia, reducir el impacto mediático y maquillar los efectos del problema de inseguridad.
Se trataba de un convenio con el que el gobierno y los dueños de los medios de comunicación de mayor audiencia y circulación del país pretendían encubrir las dimensiones de la guerra antinarco emprendida por el régimen calderonista.
Sin embargo, una vez que llegó la 4T a la presidencia ya no les importó, como argumentaban, propagar el pánico causado por las balaceras y enfrentamientos, sino que incluso le elevaron los decibeles para magnificarlo y le agregaron a la narrativa que México era un narcoestado.
El caso del rancho Izaguirre de Teuchitlán es un ejemplo.
Al centro de adiestramiento le impusieron el nombre de “campo de exterminio”, inventaron los hornos crematorios y evitaron informar que el sitio operaba desde el 2010 cuando Calderón gobernaba el país, el priista Aristóteles Sandoval era mandatario de Jalisco, al que luego relevaría el militante del MC Enrique Alfaro y fungía como alcalde José Asunción Murguía, miembro del extinto PRD.
A diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que pagaban a los medios para que le pusieran un silenciador a los tiroteos y a las voces de las víctimas, en los del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, no solamente respetan la libertad de expresión para que los medios digan lo que quieran, sino hasta los excesos propagandistas de los comunicadores.
En temas más amables, por otra parte, este domingo arrancan las campañas de los candidatos judiciales tanto del país como de las entidades federativas. En el caso de Tamaulipas, 94 aspirantes buscarán el pase para asumir los 43 cargos de magistrados y 51 jueces que estarán en juego en la elección del uno de junio.
A lo largo de sesenta días, los aspirantes sostendrán reuniones, entrevistas y realizarán recorridos para exponer a los ciudadanos su trayectoria y propuestas para mejor el sistema de impartición de justicia, solos y con sus propios recursos porque no tendrán financiamiento público.
El alcalde de Madero, Erasmo González Robledo, mientras tanto, dio ayer arranque a la pavimentación de concreto hidráulico de la calle 12 de la colonia Heriberto Kehoe, obra en la que se ejercerá una inversión de 6 millones 200 mil pesos.
La obra forma parte del paquete de 67 que el municipio llevará a cabo a lo largo de 2025 para fortalecer, según destacó el munícipe, la infraestructura urbana, reducir el rezago que existe en el rubro, mejorar la movilidad y al mismo tiempo la calidad de vida de la comunidad.
Contempla asimismo la construcción de banquetas nuevas, introducción de nueva tubería de drenaje de 12 pulgadas y la reposición de 37 tomas domiciliarias de agua y descargas sanitarias.
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