CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En los últimos años, Ciudad Victoria ha sido escenario de múltiples conciertos cancelados que, más allá de la desilusión de los fans, han dejado un rastro de molestia e impotencia entre quienes compraron boletos y no recibieron el reembolso completo de su dinero.
El caso más sonado es el del grupo Intocable, pero no ha sido el único.
En la lista también figuran La Leyenda, Santa Fe Klan, El Fantasma, Marca Registrada y Leandro Ríos, todos con antecedentes de cancelación y reembolsos incompletos.
En la mayoría de estos eventos, los organizadores que en su mayoría son foráneos han devuelto únicamente el costo del boleto, dejando fuera los cargos por servicio que, dependiendo de la boletera, pueden oscilar entre 50 y 150 pesos por entrada.
Aunque pueda parecer una cantidad pequeña, para quienes compran varios boletos o pagan con anticipación, representa una pérdida económica considerable.
Uno de los casos recientes fue el concierto de Marca Registrada, programado por un empresario del Mante, que fue cancelado.
Los conciertos de El Fantasma y Mijares también fueron suspendidos, pero en estos casos, el reembolso se limitó al costo base del boleto, en tanto que la boletera retuvo los cargos por servicio, lo que dejó a los consumidores con una sensación de estafa parcial.
Además, la Profeco señala que el consumidor tiene derecho a recibir información clara y oportuna sobre los procesos de devolución, algo que también ha brillado por su ausencia en los casos de Victoria.
Muchos usuarios indican que no recibieron aviso oficial de la cancelación, enterándose a través de redes sociales o rumores. Otros mencionan que los reembolsos tardaron meses o, en algunos casos, nunca llegaron.
El problema de
fondo es la impunidad
Lo más preocupante es que estos incumplimientos rara vez tienen consecuencias.
Aunque la Profeco puede sancionar a los organizadores con multas que van desde los 895 pesos hasta más de 3 millones, pocos afectados presentan quejas formales.
Además, muchas de esas cancelaciones están rodeadas de ambigüedad legal: boletos vendidos por boleteras que deslindan responsabilidades y empresarios que desaparecen del mapa tras el fracaso.
A nivel federal, ya se han tomado algunas acciones ejemplares. En 2023, la Profeco demandó a Funticket y Musicvibe por la cancelación del concierto de Luis Miguel en León, obligándolos a devolver el costo total de los boletos más una bonificación del 20% y aplicando una multa de más de 700 mil pesos.
Sin embargo, este tipo de castigos sigue siendo una excepción, no la regla.
¿Se necesita una
nueva legislación?
Ante esta problemática recurrente, surge la pregunta: ¿debería legislarse de forma más estricta para proteger a los consumidores?
Actualmente, la ley existe, pero los mecanismos para hacerla valer son lentos, burocráticos y poco accesibles para el ciudadano común.
Además, muchos de los eventos cancelados en Victoria están ligados a empresarios locales o regionales que operan al margen de grandes boleteras, dificultando el seguimiento legal.
Expertos en derecho del consumidor señalan que se debería establecer un fondo obligatorio de garantía para conciertos, de modo que los reembolsos no dependan de la voluntad del organizador.
También proponen que la Profeco tenga mayor capacidad para actuar de oficio y que se obligue a las boleteras a devolver todos los cargos cobrados, sin excepciones.
Por Raúl López García
EXPRESO-LA RAZON
