19 abril, 2025

19 abril, 2025

Crisis en cooperativas escolares: 80% están en quiebra por menú saludable

Actualmente, hay aproximadamente 3,200 cooperativas escolares en el estado, la mayoría ubicadas en niveles de preescolar, primaria y secundaria, donde aplica el programa

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La implementación del nuevo menú escolar saludable en Tamaulipas ha provocado una severa crisis económica en las cooperativas y cafeterías escolares, donde el 80 por ciento de ellas ya se encuentran en quiebra o al borde del cierre, informó Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia.

En entrevista, el representante señaló que aunque la intención de eliminar la comida chatarra es positiva desde una perspectiva nutricional, la forma en que se ha ejecutado esta medida ha sido apresurada, mal planificada y sin considerar las implicaciones económicas y sociales que genera dentro de las escuelas.

“El fondo es bueno, pero las formas han sido inadecuadas. No hubo un programa piloto, no se capacitó a las cooperativas, y se ordenó de la noche a la mañana un cambio radical que ha generado caos y pérdidas económicas severas”, afirmó Tovar Tapia.
Más de 3 mil cooperativas afectadas

Actualmente, hay aproximadamente 3,200 cooperativas escolares en el estado, la mayoría ubicadas en niveles de preescolar, primaria y secundaria, donde aplica el programa. En nivel medio superior y superior también existen cafeterías, aunque estas no están dentro del esquema de regulación alimentaria reciente.

Las cooperativas escolares han sido durante años una fuente clave de ingresos para las direcciones escolares, apoyando con recursos para insumos de limpieza, papelería, mantenimiento, y en algunos casos, incluso para las supervisiones escolares de cada zona. La reducción de ventas en estos espacios ha sido dramática.

“Tenemos una caída de al menos un 80% en las ventas. Algunas cooperativas ya cerraron, otras están tratando de sobrevivir con fruta, palomitas o reutilizando insumos de los desayunos escolares”, detalló el presidente de la Sociedad.

Además del impacto en las finanzas escolares, muchas de estas cooperativas eran manejadas por padres de familia o externos que ahora se han quedado sin una fuente de ingreso, agravando la situación económica en comunidades de bajos recursos.

Niños sin opciones y padres sin tiempo

Otro factor que agrava el problema es la realidad social de muchas familias: padre y madre trabajan, y no siempre tienen tiempo para preparar un desayuno o lonche adecuado. Al restringir el ingreso de productos como pan, galletas o leche con chocolate, los alumnos han dejado de consumir lo poco que llevaban.

“Muchos niños simplemente no comen lo que ahora se les ofrece. No están acostumbrados a las verduras, no las comen en casa, y en algunos casos ni siquiera tienen acceso a ellas por el nivel económico de la familia”, explicó Tovar Tapia.

Desorden y aprovechamiento
La falta de lineamientos claros ha abierto la puerta a irregularidades. Se han reportado casos donde algunos directores, en complicidad con maestros, han asumido el control de las cooperativas bajo el argumento del nuevo reglamento, lo que ha generado conflictos y desconfianza entre padres y personal escolar.

También se ha señalado que, ante la falta de una alternativa real y sostenible, algunas escuelas están presionando para que la Secretaría de Educación Pública federal reconsidere o modifique la estrategia alimentaria.

“Es muy posible que estén valorando dar marcha atrás o rediseñar el programa. Se necesita un menú que sí sea saludable, pero también factible de aplicar y aceptado por los niños. De lo contrario, esto va directo al fracaso”, puntualizó.

Llamado a una solución integral

Tovar Tapia propuso que se diseñen menús diversos, tipo buffet, que permitan a los niños elegir entre opciones saludables, sin que esto signifique imponerles siempre lo mismo. “Los niños, igual que los adultos, se aburren de comer todos los días lo mismo, y eso también es una causa del fracaso del programa”, dijo.

Finalmente, llamó a las autoridades a escuchar a las comunidades escolares, a no criminalizar a quienes intentan adaptarse como pueden, y a encontrar una salida que garantice la salud de los estudiantes sin afectar el funcionamiento y sostenibilidad de los planteles educativos.

Por Raúl López García

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