18 abril, 2025

18 abril, 2025

Señalan desvíos por 8,288 mdp

La Auditoría Superior del Estado advirtió que los ex alcaldes y alcaldes en funciones tienen que justificar el gasto que se les señala o serán denunciados por la vía penal.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las administraciones de Carlos Peña Ortiz, Mario Alberto López Hernández y Eduardo Gattás, en Reynosa, Matamoros y Victoria, recibieron observaciones por más de 8,288 millones de pesos en irregularidades financieras y presuntos desvíos, que corresponden tanto a los gobiernos municipales como a los organismos operadores del agua.

De esta forma, se colocaron entre las más ineficientes, de acuerdo a las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), durante la fiscalización de la Cuenta Pública de 2023.

De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, el monto por aclarar de la gestión de Mario Alberto López Hernández en Matamoros, asciende a 5,559 millones de pesos, que incluyen las observaciones al gasto municipal, la Junta de Aguas y Drenaje y el Sistema DIF municipal.

Igualmente, la gestión de Carlos Peña Ortiz en Reynosa, ha provocado un daño al erario y patrimonio municipal durante el ejercicio fiscal de 2023, que asciende a poco más de 1,817 millones de pesos.

La Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros encabezó la lista con un monto observado por $4,924 millones de pesos, es decir, más de la mitad del total detectado en toda la entidad en cuanto a organismos del agua.
La ASE revisó una muestra de 369 millones 106 mil pesos de ingresos de libre disposición y 186 millones de pesos de egresos.

De eso, resultaron 41 observaciones de las cuales -40 por la gestión financiera- y una recomendación, de las cuales solo una fue solventada con la entrega de la información requerida por la ASE.

Todo ello derivó en 90 acciones, que fueron 23 pliegos de observaciones por 630 millones 724 mil pesos, 66 promociones de responsabilidad administrativa por 4,293 millones de pesos y una recomendación para un total de 4,924 millones de presuntas irregularidades financieras, relacionadas con cuentas de balance, violaciones a al ley de disciplina financiera y con la plantilla de personal y el tabulador de sueldos sin autorización.

En cuanto al gobierno municipal que encabezó Mario López Hernández, se le observaron 558 millones 127 mil pesos de presuntos desvíos y otros 76 millones de pesos al DIF municipal.

En el informe de auditoría presentado la semana pasada por el Auditor Superior, Francisco Noriega, se levantaron 76 observaciones al Ayuntamiento de Reynosa, presidido por Carlos Peña Ortiz, de las cuales solo pudieron solventar 35.

Por el resto, se generaron 18 pliegos de observaciones por un monto total de 139 millones 014 mil pesos, y promociones de responsabilidad administrativa por 78 millones 543 mil pesos.

En total, son 217 millones 557 mil pesos los que el gobierno municipal de Reynosa no pudo justificar de manera adecuada, por lo que se podrían iniciar procedimientos legales en su contra.

El mayor gasto sin documentar se registró en la Comapa, cuyo consejo de administración es presidido por el alcalde, con observaciones por $1,555 millones de pesos.

La ASE revisó el uso de 292 millones de pesos de ingresos y 367 millones de pesos de egresos.
Este procedimiento derivó en 37 observaciones a su gestión financiera y una recomendación, sin que el organismo pudiera solventar ninguno.

En resumen este organismo recibió 13 pliegos de observaciones por un monto superior a los 227 millones de pesos y 37 promociones de responsabilidad administrativa por 1,328 millones de pesos.

Al DIF municipal, por su parte, le señalaron 120 millones 769 mil pesos.

En el caso el gobierno municipal de Victoria, la afectación a los recursos asciende a 911 mil 730 millones de pesos, de los cuales 438 millones 975 mil pesos corresponden al gasto del Ayuntamiento, y 472 millones 754 mil pesos a la Comapa.

O solventan o serán denunciados
Los funcionarios y ex funcionarios señalados en las observaciones, tendrán hasta el 22 de abril para entregar la información a la ASE y en caso de no hacerlo, Francisco Noriega Orozco, advirtió que se tendría que exigir el monto desviado a través de un juez, lo que implicaría incluso, procesar a los alcaldes que están en funciones.

Las observaciones no solventadas, detalló, suman 11 mil 465 millones de pesos, mientras que diversas entidades del Gobierno del Estado enfrentan señalamientos por otros 2 mil 086 millones.

Comparativamente con el ejercicio del 2022, esta cifra “es escandalosa”, considerando, dijo, por que en ese tiempo se observaron 343 millones de pesos y representa un incremento del 3,338% más del monto observado y no necesariamente es que hoy exista más corrupción, es que hay un proceso más rígido con que se está fiscalizando.

Señaló entonces la falta de rigor en el trabajo de auditorías de sus antecesores, y los acusó de realizar “auditorías de chocolate, que a la primera se derretían”.

A pregunta de los reporteros de la fuente, el Auditor Superior del Estado, advirtió la posibilidad de iniciar procesos jurídicos contra alcaldes y ex alcaldes que no regresen el dinero o no comprueben los gastos hechos sin comprobar.

“Desde luego que es viable su destitución, además de enfrentar una denuncia penal”.

Francisco Noriega, hizo notar que la principal anomalía detectada se relaciona con egresos sin comprobación, que ascienden a 1,278 millones de pesos.

“Es una práctica recurrente. No integran los expedientes que sustenten adecuadamente las adquisiciones o servicios contratados”.

Durante la conferencia de prensa de este día en el Congreso del Estado, el Auditor dio a conocer que se auditó a 161 unidades públicas durante el 2023, practicando 194 auditorías, de las cuales 34 fueron de desempeño.

Mientras que de las observaciones señaladas, más de 8 mil millones de pesos podrían derivar en denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Además, otros 3 mil 440 millones de pesos están sujetos a procedimientos por responsabilidades administrativas, que serán evaluadas por la Contraloría Gubernamental para determinar si son graves o no. En caso afirmativo, corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa iniciar el proceso legal correspondiente.

Por Staff
Expreso-La Razón

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