“Queremos alejarnos de lo anterior, como fue este ejemplo… este símbolo que existía aquí de la deshonestidad, de la corrupción, el Puente Roto que estuvo aquí por más de tres administraciones sin que nadie le tocara ni le moviera nada. Ya había hasta árboles arriba del puente, era un monumento a la deshonestidad”.
Así describió el gobernador Américo Villarreal Anaya la triste historia del paso a desnivel que durante más de una década no solo se mantuvo en el abandono como emblemático elefante blanco, sino que en muchos sentidos también entorpecía el acceso a una de las zonas industriales más pujantes del noreste mexicano.
En efecto, detrás de esta estructura -hoy reabierta con el nombre de Puente La Esperanza- hay una larga historia de corrupción, ocurrida durante un periodo político en el que se tiraron millones de pesos a la basura para concretar jugosos negocios personales de las principales figuras del régimen panista a nivel federal y priístas en el estado.
Por esos tiempos, por ejemplo, en la transición de la década del 2000 al 2010 el gobierno de Felipe Calderón planteó la delirante idea de reubicar el aeropuerto de Tampico en la zona rural de Altamira, no muy lejos por cierto, de donde ya se estaba en construcción el Puente.
Aquel proceso no se quedó solamente en la cabeza de sus impulsores, se llegó incluso al punto de expropiar más de 600 hectáreas a propietarios que luego interpusieron un litigio que hasta hace pocos meses seguía vigente.
Todavía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes insistía en sacar de Tampico el aeropuerto Francisco Javier Mina -en sus terrenos se iban a construir complejos inmobiliarios- cuando una de sus obras insignias en la zona empezó a crujir literalmente.
Para mediados del 2011, el Puente Roto ya estaba cerrado y considerado inservible.
La responsabilidad del yerro millonario -la obra costó más de 200 millones de pesos- se adjudicó a la empresa contratista, Desarrollos y Urbanizaciones de la Frontera DUFROSA, propiedad del matamorense Porfirio Gutiérrez González.
Desde entonces a la fecha, se insiste en que el negocio en realidad había sido adjudicado al panista José Julián Sacramento, en una suerte de pago por sus servicios como candidato a modo en la elección por la gubernatura del 2010.
Como haya sido, quienes revisaron la obra del puente coincidieron en que la empresa que estuvo a cargo hizo todo mal.
La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, en la revisión a los contratos de la API Altamira, determinó que “se observó que en el cuerpo izquierdo del muro 2, el pavimento presenta deformaciones por hundimiento, así como el muro de contención presenta deformación por empuje horizontal, lo que provoca el cierre del sentido de Sur a Norte, aunado a que los terraplenes acusan desplomes en los muros de contención tipo Muro Terko”.
Lo más grave es que después de esta falla monumental que le costó al erario millones de pesos y aún más grave, múltiples vidas por los accidente que ahí ocurrieron, los empresarios responsables siguieron cobrando millones de pesos por realizar obras públicas.
Si bien Dufrosa entró en un largo litigio que en los hechos la imposibilitó para conseguir más contratos, la familia Gutiérrez González se consolidó como la más activa en el sector de la construcción, particularmente en Matamoros.
Durante el primer año de la gestión de Mario López Hernández, por ejemplo, Construcciones Lobar de Matamoros, representada por Porfirio Gutiérrez Argüelles, hijo de Porfirio Gutiérrez González, recibió seis obras por 8 millones de pesos.
Mientras que las empresas LR Proyectos y Estructuras de México, Constructora LLG de Matamoros y Construcción y Diseño de Mexico RGG -todas con el mismo domicilio fiscal y representadas legalmente por Luis Lauro Gutiérrez González, hermano del constructor original del Puente Roto- facturaron 127.9 millones de pesos en 47 obras, tan solo en el primer trienio de “La Borrega”.
Como puede verse, la estela de corrupción se extendió por muchos años.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
