18 abril, 2025

18 abril, 2025

Vinculan a proceso a Tomás Yarrington

La Fiscalía General de la República obtuvo auto de formal prisión por su presunta colaboración en el fomento de actividades delictivas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza.

El pasado 09 de abril, el ex mandatario fue entregado por las autoridades de Estados Unidos en la Garita El Chaparral, en Tijuana, Baja California, a quien se le informó de la orden de aprehensión en su contra por varios delitos.

Posteriormente se le trasladó al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde quedó a disposición del Juez que lo reclamaba, por lo que finalmente la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del juez segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, auto de formal prisión.

En abril del 2017 el político matamorense fue detenido en la plaza Beccaria de Florencia, Italia, portando documentación a nombre de otra persona, con lo que logró evadir la acción de la justicia.

En 2018 fue trasladado a Estados Unidos, donde se le investigaba por presuntamente facilitar el tráfico de drogas hacia ese país, aceptando sobornos que según la DEA y el Departamento de Justicia, habrían sumado más de 9 millones de dólares.

En marzo del 2021, el político tamaulipeco aceptó un acuerdo de culpabilidad por el delito de lavado de dinero, mientras se desempeñó como gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004.

En su declaración, Yarrington Ruvalcaba aceptó haber recibido solo 3.5 millones que blanqueó con la compra de propiedades en ese país, por lo que entre otras, entregó un departamento que poseía en Puerto Isabel.

Fue sentenciado a nueve años de prisión, mismos que concluyó de manera anticipada, pero a su egreso, fue entregado a las autoridades mexicanas, donde era requerido y por quien la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos.

Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón

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