CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los dos municipios más poblados de la frontera, Reynosa y Matamoros, viven hoy las consecuencias de un largo periodo político dominado por grupos políticos que han incurrido en múltiples irregularidades financieras, y con evidentes yo yerros en sus responsabilidades públicas.
En Reynosa, la familia Peña Ortiz está a punto de cumplir una década gobernando el municipio, con resultados negativos.
Hoy, el alcalde Carlos Peña vive una tormenta por la movilización ciudadana que ha acelerado la recolección de firmas para exigir su destitución, como resultado de las graves carencias en los servicios públicos, el acoso al comercio a través de cobros excesivos, y los casos de corrupción de los que se les acusa.
Esta protesta arreció tras conocerse los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en los que se describen presuntos desvíos millonarios de las arcas municipales, a través del ayuntamiento, el DIF y la Comapa.
En total, a estos organismos se les detectaron más de 1,800 millones de pesos en presuntos desvíos.
Al Ayuntamiento se le formularon 76 observaciones, de las cuales únicamente lograron aclarar 35.
Se emitieron 18 pliegos de observaciones que representan un monto total de 139 millones 014 mil pesos, además de promociones de responsabilidad administrativa por 78 millones 543 mil pesos.
En conjunto, el gobierno municipal de Reynosa dejó sin justificar de manera adecuada un total de 217 millones 557 mil pesos.
La Comapa fue el organismo con el mayor número de señalamientos, acumulando observaciones por más de 1,555 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) examinó el manejo de 292 millones de pesos en ingresos y 367 millones de pesos en egresos, pero las irregularidades detectadas fueron mayores, ya que la fiscalización abarcó otros conceptos de gasto.
Como resultado, se emitieron 37 observaciones sobre su gestión financiera y una recomendación, sin que el organismo pudiera subsanarlas.
La Comapa de Reynosa, que en 2023 estuvo bajo la dirección de Alfonso Gómez Monroy, recibió 13 pliegos de observaciones por un monto superior a los 227 millones de pesos, además de 37 promociones de responsabilidad administrativa que suman 1,328 millones de pesos.
Por otra parte, al DIF municipal se le observaron recursos por un total de 120 millones 769 mil pesos.
A estas irregularidades se suman otros 90 millones de pesos que ha observado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los últimos tres años.
Detectó presuntos daños al erario en los años fiscales 2021 y 2022 con el uso de participaciones federales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) por parte del presidente municipal Carlos Peña Ortiz.
De acuerdo con la auditoría 2021-D-28032-19-1801-2022, el municipio de Reynosa adjudicó durante el 2021, 28 obras públicas financiadas con recursos del Fortamun por un importe de 258 millones 445 mil pesos.
Los auditores comprobaron que el municipio no terminó en tiempo y forma las obras de la segunda etapa del Museo del Ferrocarril contenidas en el contrato SOP-REY-FORTAMUN-049-2021, otorgado a la empresa Inmobiliarios Mexicanos SA. De CV por un monto de 147 millones 076 mil pesos.
El período de ejecución original era del 3 de mayo de 2021 al 19 de septiembre de 2021, del cual se modificó la fecha de terminación al 28 de noviembre de 2021.
El 26 de noviembre de 2021, “se levantó el acta circunstanciada con el objeto de dejar
constancia de la terminación anticipada de la obra, sin acreditar debidamente las causales”.
Por esa razón, “sólo se ejerció un importe de 77,065.3 miles de pesos del total contratado de 147,076.6 miles de pesos, lo que evidencia una deficiente planeación y programación”.
La ASF generó un pliego de observaciones por un posible daño al erario de 77 millones 065 mil pesos.
Esta tendencia en el gobierno de Carlos Peña Ortiz ya venía desde las dos administraciones de su madre, Maki Ortiz Domínguez.
De hecho, debido a irregularidades en el manejo financiero, pesan sobre ella tres denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado.
En la carpeta NUC 84/2021 se señala el presunto desvío de 32 millones 644 mil pesos, y está dirigida no solo contra la exalcaldesa, sino también contra otros exfuncionarios y actuales servidores públicos de la administración de Carlos Peña Ortiz, entre ellos el Secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Peña Rodríguez, y el actual síndico, Víctor Hugo García Flores.
Además, existen otras dos denuncias penales contra Maki Ortiz y su círculo cercano: la NUC 107/2021 por 1 millón 200 mil pesos y la NUC 110/2021 por 44 millones 065 mil pesos.
Las acciones emprendidas por la Auditoría Superior del Estado han sido constantes durante los últimos tres periodos municipales en Reynosa, alcanzando un monto superior a los 1,200 millones de pesos.
En 2017, el primer año concluido en su totalidad por la exalcaldesa Maki Ortiz, la ASE determinó un total de 85 acciones: 62 relacionadas con la gestión financiera y 23 correspondientes a irregularidades en obras públicas, sumando un total de 513 millones 005 mil pesos, derivados de 68 observaciones y 14 promociones de responsabilidad administrativa.
En la cuenta pública de 2018 se detectaron anomalías por 176 millones 846 mil pesos, mientras que en la de 2019 —ya en el inicio de su segunda gestión— la cifra de presuntos desvíos volvió a incrementarse, alcanzando los 495 millones 731 mil pesos, con un total de 78 observaciones, promociones y recomendaciones.
La situación de Matamoros no es muy distinta, comparte con Reynosa la característica de ser el segundo municipio con más presuntos desvíos señalados por los organismos fiscalizadores.
Ahí, aunque enfrentado políticamente con su antecesor, Mario López Hernández, el alcalde Alberto Granados Favila parece haber heredado el estilo opaco de gobernar, a juzgar por las múltiples acusaciones que enfrenta apenas a seis meses de haber asumido la administración municipal.
Pero la estela de corrupción viene desde tiempo atrás.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, el monto pendiente de aclaración correspondiente a la gestión de Mario Alberto López Hernández tan solo por la cuenta 2023 en Matamoros, asciende a 5,559 millones de pesos, cantidad que engloba observaciones al gasto del gobierno municipal, la Junta de Aguas y Drenaje, y el Sistema DIF local.
La Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros, presidida por el entonces alcalde, encabezó la lista de observaciones, acumulando un monto observado de 4,924 millones de pesos, es decir, más de la mitad del total detectado entre los organismos operadores de agua en el estado.
La ASE auditó una muestra de 369 millones 106 mil pesos correspondientes a ingresos de libre disposición y 186 millones de pesos de egresos.
De esta revisión surgieron 41 observaciones —40 de ellas relacionadas con la gestión financiera y una como recomendación— de las cuales solo una fue solventada mediante la entrega de la documentación solicitada.
Este procedimiento derivó en 90 acciones: 23 pliegos de observaciones que suman 630 millones 724 mil pesos, 66 promociones de responsabilidad administrativa por un total de 4,293 millones de pesos, y una recomendación. En conjunto, las presuntas irregularidades financieras ascienden a 4,924 millones de pesos, relacionadas con cuentas de balance, violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, así como con la plantilla de personal y el tabulador de sueldos sin autorización.
En cuanto al Ayuntamiento encabezado por Mario López Hernández, se detectaron presuntos desvíos por 558 millones 127 mil pesos, además de 76 millones de pesos en observaciones al DIF municipal.
A los malos manejos financieros que han caracterizado a las últimas administraciones de Reynosa y Matamoros, se suman las guerras políticas, internas y externas, ocasionadas por la intención de los ediles de perpetuarse en el poder en unos casos, y de competir por la gubernatura en otros.
En el caso de Maki Ortiz y su familia se han combinado las dos opciones.
Si no se cumple el objetivo de las organizaciones que buscan destituir a Carlos Peña Ortiz, se confirmará el hecho inédito de una familia que gobierna un municipio durante casi 12 años, en un proyecto político que comenzó siendo panista -ella fue subsecretaria federal en el gobierno calderonista y luego senadora-, luego se pintó de guinda al brincarse a Morena cuando Acción Nacional relegó al ahora alcalde, y últimamente se ha ido acercando al Partido Verde.
En los últimos meses, en Reynosa se ha tejido una alianza que apunta contra el liderazgo político de Claudia Sheinbaum en el ámbito federal, encabezada por el senador morenista José Ramón Gómez Leal, quien se ha convertido en el principal representante en Tamaulipas del senador Adán Augusto López.
“JR”, como se le conoce al ex delegado de programas del Bienestar, ahora trabaja en equipo con Maki Ortiz, después de muchos años de distanciamiento.
A esta alianza también se ha sumado de manera cada vez menos discreta, el ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, cuya hija forma parte del Cabildo de Peña Ortiz como regidora.
Todo ello, en el contexto de la disputa interna que sacuda a Morena a nivel nacional.
En Matamoros, por su parte, también se han tejido historias de tensión, protagonizadas por Mario López Hernández y Alberto Granados Favila.
Antes del proceso electoral del 2024, para no ir tan lejos, el entonces diputado local fue denunciado penalmente por la autoridad por supuestamente extraer agua de manera ilegal. Mientras que el presidente municipal fue denunciado por violencia política de género, acusado de reprimir a quienes simpatizaban con su ex colaborador.
El punto de quiebre ocurrió en plena campaña cuando el alcalde que competía como representante de una alianza Morena-PVEM-PT, hizo un llamado público a solo votar por el Partido Verde.
Con estas acciones, la senadora Maki Ortiz, el diputado federal Mario López, y el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, han ido haciendo cada vez más grande la distancia con el proyecto político de Morena.
A dos años del próximo proceso electoral, la batalla política en la frontera luce cada vez más compleja.
Por Staff
Expreso-La Razón