Desde hace casi una década, México enfrenta una crisis relacionada con la desaparición de personas, y parece que ahora, la presidenta está decidida a darle al tema la relevancia que tiene.
La reforma a la Ley General en Materia de Desaparición enviada por Claudia Sheinbaum plantea una transformación estructural en la atención de este delito en México.
Con la iniciativa, se obligará a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Especializadas en los estados a reorganizarse para fortalecer las labores de búsqueda, localización e investigación.
Un punto clave de la propuesta es que las Fiscalías Especializadas de cada entidad deberán crear unidades específicas: Unidades de Investigación para indagar sobre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; Unidades de Análisis de Contexto para entender el entorno social, político y criminal en el que ocurren estos delitos; Unidades de Atención y Seguimiento a Víctimas para ofrecer apoyo psicológico y legal; y Unidades de Búsqueda Inmediata y de Larga Data, que coordinen las acciones de localización en las primeras horas y en el largo plazo.
También se establece la creación de Unidades de Delitos Cibernéticos, que se encargarán de investigar la utilización de tecnologías en casos de desaparición. Todo el personal asignado a estas nuevas áreas deberá contar con perfiles específicos determinados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y estar debidamente capacitado.
Tamaulipas, que ya cuenta con una Fiscalía Especializada, deberá reorganizar su estructura para cumplir con las nuevas disposiciones.
Otro elemento esencial de la iniciativa es la creación de una Plataforma Única de Identidad. Esta herramienta se conectará a diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos, para optimizar la búsqueda mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La Plataforma recibirá información de bancos, agrupaciones religiosas, corporaciones de telecomunicaciones, instituciones educativas y patronales, así como de cualquier institución privada que administre bases de datos de personas. Esta obligación permitirá la generación de una «Ficha de Búsqueda» en cuanto se reciba una noticia, reporte o denuncia de desaparición, con datos esenciales para la identificación, localización e investigación del caso.
La reforma subraya la importancia de monitorear en tiempo real las CURP para detectar situaciones de riesgo y actuar de manera inmediata.
El tema, como ya decíamos, resulta trascendental para la presidenta, por lo que solicitará que el Congreso llame a sesiones extraordinarias para aprobar la reforma más allá del 30 de abril cuando concluye el periodo ordinario.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
