CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Reynosa determinó retirar las escoltas al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El ex mandatario, que reside en Estados Unidos, pretendía mantener la asignación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas para su seguridad personal.
El 8 de mayo de 2023, el titular de la Dirección de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, emitió el acuerdo en el que modificó el diverso de 15 de julio de 2022, al sostener que resultaba necesaria la rotación de los elementos que prestaban la seguridad al ex Gobernador.
Ello, para garantizar la prestación de un servicio objetivo e imparcial mediante una selección de personal propuesto por la Dirección de Operaciones de la Guardia Estatal que cuenten con los exámenes de control de confianza, credencial laboral, licencia oficial colectiva vigentes y no presenten infracciones.
Ante ello, el ex mandatario tamaulipeco buscó el amparo de la justicia federal para evitar la rotación de los efectivos asignados de escoltas para la seguridad de su familia, luego que Cabeza de Vaca no ha vuelto a pisar territorio mexicano.
Así, en sesión del 22 de agosto del 2023, el Juez Faustino Gutiérrez Pérez, entonces Juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, concedió un amparo a Cabeza de Vaca, a fin de conservar la asignación de 36 policías y cuatro camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública con vigencia del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2028.
Ante esta situación, en sesión del pasado 24 de abril, el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Reynosa, determinó revocar la sentencia dictada por el Juez Gutiérrez Pérez.
El Magistrado Carlos Gutiérrez López, Irma Graciela García Salas y Jesús Adrián Perales Hernández, estos dos últimos Secretarios del Tribunal, determinaron de manera unánime negar el amparo, bajo el argumento de que el acuerdo reclamado de 08 de mayo de 2023 es legal.
En septiembre del 2021, un mes antes de perder la mayoría en el Congreso del Estado, el PAN aprobó reformas a la Constitución de Tamaulipas para obligar al estado a asignar escoltas y medidas de seguridad a los exgobernadores y otros funcionarios de Tamaulipas, por un tiempo igual al que ocuparon sus cargos, o incluso mayor si hay condiciones de riesgo.
La reforma agregó este párrafo al artículo 19 Bis de la Constitución de Tamaulipas:
«Con motivo de las funciones de su cargo es de interés público preservar la vida e integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten».
La Legislatura 65 intentó reformar la Constitución para eliminar la obligatoriedad de brindar escoltas a ex gobernadores y ex funcionarios, sin embargo la bancada de Morena no contaba con la mayoría calificada.
En aquel momento, legisladores de la 4T habían denunciado que en menos de un año se habían gastado 5.5 millones de pesos para mantener la seguridad especial para Francisco García Cabeza de Vaca y su familia.
En el 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por seis votos contra tres, un proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, que anulaba la protección durante el mismo tiempo que duró el cargo, así como las posibles prórrogas.
Esquivel argumentaba que los recursos para seguridad pública son limitados, y es contrario a principios Constitucionales de honradez y eficiencia del gasto público destinarlos de manera automática para mejorar la seguridad personal de exservidores públicos, en demérito de la seguridad del resto de la sociedad.
La Ministra agregaba que proporcionar este tipo de seguridad se tendría que valorar caso por caso, según la situación personal de cada exfuncionario. Lenia Batres y Loretta Ortiz fueron los otros votos a favor del proyecto.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
