Durante décadas, el tejido electoral mexicano ha sido un entramado que combina instituciones sólidas, momentos de crisis y ciudadanos con una fe que se tambalea entre la esperanza y el desencanto.
En Tamaulipas, como en buena parte del país, la confianza en las instituciones enfrenta una nueva prueba: los procesos extraordinarios para elegir a jueces y magistrados electorales.
Esta elección tiene como principal característica el desinterés ciudadano en saber quiénes son y qué proponen las y los aspirantes a esos cargos.
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ha realizado esfuerzos importantes para transparentar las etapas del proceso, pero han sido insuficientes para lograr despertar el interés masivo.
Desde convocatorias públicas, listas de aspirantes, exámenes de conocimiento y entrevistas abiertas, todos los ejercicios realizados por la autoridad electoral han sido notables, pero no animan a la gente como se quisiera.
Según información oficial, a lista de aspirantes, publicada en el portal del Instituto, contiene nombres, cédulas profesionales y semblanzas curriculares.
Más allá de los comunicados de prensa y de las transmisiones por redes sociales, el grueso de la ciudadanía desconoce quiénes son los hombres y mujeres que aspiran a impartir justicia electoral en su nombre.
Esta falta de conocimiento es consecuencia de un fenómeno estructural que va más allá de un solo proceso.
Se trata del distanciamiento entre las autoridades electorales y la población, en donde históricamente prevalece la percepción de que estos nombramientos obedecen a cuotas políticas, antes que a méritos profesionales.
La realidad es incómoda, pues en Tamaulipas, como en buena parte de México, la designación de jueces y magistrados electorales sigue percibiéndose como algo alejado de la verdadera voluntad popular.
La ciudadanía, ajena a los nombres, trayectorias y compromisos de quienes buscan ocupar esos cargos, termina aceptando las decisiones como hechos consumados.
Según una reciente encuesta de Integralia Consultores, el 74% de los mexicanos no sabe cómo se elige a los magistrados de los tribunales electorales locales, y solo el 15% podría identificar a algún miembro de esas instituciones en su entidad.
Frente a este panorama, el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) y los demás organismos electorales del país enfrentan un enorme reto.
Se trata de convertir procesos que hoy son vistos como lejanos, en verdaderos ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana.
No basta con publicar documentos en línea o transmitir entrevistas en redes sociales, si no existe una estrategia integral de socialización que acerque estos procesos a la vida cotidiana de las personas.
Hoy, en el contexto de un proceso electoral extraordinario -y en medio de un país polarizado política y socialmente-, la designación de magistrados y jueces no puede ser un trámite más.
Estos funcionarios tendrán en sus manos la delicada tarea de dirimir conflictos postelectorales, validar o anular triunfos y garantizar que la voluntad popular sea respetada.
Elegirlos sin un verdadero escrutinio ciudadano no solo es irresponsable, también es poner en riesgo la estabilidad democrática.
Además, es fundamental recordar que los tribunales electorales no son simples árbitros pasivos, ya que de sus resoluciones depende no solo el resultado de las elecciones, sino también la confianza pública en todo el sistema democrático.
En Tamaulipas, donde las pasadas elecciones ordinarias dejaron heridas abiertas y judicialización de los procesos, resulta preocupante que la renovación de jueces y magistrados transcurra entre el silencio y la indiferencia.
Las y los aspirantes -cuyos expedientes se encuentran disponibles para consulta pública- presentan trayectorias dispares.
Algunos tienen experiencia probada en materia electoral; otros vienen del ejercicio litigioso o de la academia.
Sin embargo, la falta de un debate público informado impide que la ciudadanía pueda evaluar si esos perfiles son suficientes para garantizar la imparcialidad, la independencia y el profesionalismo que exige la función jurisdiccional.
Un tribunal electoral sólido no se construye únicamente con leyes y reglamentos, pues requiere de jueces que gocen de legitimidad ante los ojos de la sociedad.
Esa legitimidad no se otorga de manera automática con la toma de protesta, pues se construye desde el momento mismo del proceso de selección, y se consolida a partir del conocimiento público de quiénes son, qué piensan, y qué intereses representan.
En un contexto donde las narrativas de fraude, imposición y corrupción encuentran terreno fértil, cada error, cada resolución polémica, cada sospecha de parcialidad, será utilizada como combustible para erosionar la confianza en las instituciones.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), durante los últimos cinco años los tribunales locales han sido protagonistas de más de la mitad de los conflictos postelectorales del país.
Su actuación, lejos de ser un tema menor, ha definido el rumbo político de municipios, congresos estatales y gubernaturas completas.
Si estos órganos no cuentan con magistrados y jueces sólidos, la democracia misma se tambalea.
Hoy, el llamado es claro: ciudadanía, academia, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil deben asumir su responsabilidad de vigilar, cuestionar y exigir transparencia en estos nombramientos.
No es posible entregar a ciegas las llaves de la justicia electoral a cualquiera.
En este momento crucial, urge navegar no solo contra la desinformación y la apatía, sino también contra la corriente de los intereses creados.
Tratándose de la democracia, quien elige a ciegas a los árbitros, también define las reglas del juego.
Por. Tomás Briones
abarloventotam@gmail.com
