4 mayo, 2025

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ITAIT, a punto de desaparecer

Creado en 2008, y muy cuestionado por su actualidad, el Instituto de Transparencia de Tamaulipas entrará en proceso de extinción una vez que el Congreso apruebe la iniciativa enviada por el Ejecutivo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tras 17 años de operación, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT) ha entrado en fase de extinción. Llegará a su fin después de un declive evidente en sus últimos años de funcionamiento, con cientos de quejas por su falta de efectividad y su excesivo costo al erario.

El ITAIT correrá la misma suerte que el Instituto Nacional de Acceso a la Información; de hecho su desaparición responde a la reforma federal aprobada en diciembre del 2024 que ordenó la extinción del organismo nacional, y sus equivalentes en las entidades. Así, para atender esta disposición, el Gobierno del Estado envió al Congreso la iniciativa que reforma la Constitución de Tamaulipas para desaparecer el ITAIT y transferir sus funciones a la Contraloría Gubernamental.

EL documento que ya fue recibido por la Legislatura, asegura que esta medida es necesaria para garantizar la eficiencia, transparencia y racionalidad en la administración pública estatal, y para evitar la duplicidad de funciones. La iniciativa de reforma incluye modificaciones a varios artículos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, incluyendo los artículos 17, 17 Ter, 58, 150, 151, 152 y 154.

También incluye un conjunto de artículos transitorios que establecen un plazo de 60 días para que el Congreso del Estado de Tamaulipas expida la Ley de Transparencia del Estado, y que la dependencia del Ejecutivo Estatal responsable del control interno realice las adecuaciones normativas, de estructura orgánica, presupuestales, financieras y de recursos humanos necesarias para asumir las funciones del ITAIT.

La iniciativa recuerda que la reforma federal ha establecido un plazo de 90 días para que las entidades federativas armonicen su marco jurídico local en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) fue creado en marzo de 2008, fecha en que se instaló su primer pleno. Actualmente, la presidencia está a cargo de Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, quien comparte funciones con el comisionado Luis Mendiola Padilla. Hay una posición vacante tras la conclusión del periodo de la comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán.

Desde su conformación, el organismo ha enfrentado cuestionamientos por presunta influencia de intereses partidistas en los nombramientos de sus integrantes. La presidenta, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, originaria de Reynosa, se desempeñó previamente como regidora durante la administración municipal de Francisco García Cabeza de Vaca y fue Secretaria General del Partido Acción Nacional.

Por su parte, Rosalba Ivette Robinson Terán, también oriunda de Reynosa, es hermana de Ernesto Robinson Terán, exdiputado local por el PRI y posteriormente candidato del PAN a una diputación federal en 2018.

En tanto, Luis Mendiola Padilla fue designado por el Congreso local en 2022, en sustitución de Humberto Rangel Vallejo, exdiputado plurinominal del Partido Verde. Cada uno de los tres comisionados percibe un salario mensual de 20 mil 892 pesos, además de una compensación de 110 mil pesos. Para este 2024, el ITAIT opera con un presupuesto total de 20 millones 663 mil pesos.

El organismo ha sido señalado como el instituto de transparencia más opaco del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Según el informe de labores de 2023, el ITAIT concentró el mayor número de recursos de inconformidad a nivel nacional, con 214 de los 699 registrados por el INAI, es decir, el 30%. Puebla ocupó el segundo lugar con 195 quejas, seguido por San Luis Potosí con 83, Sinaloa con 35 y Ciudad de México con 27.

El INAI explicó que los recursos de inconformidad son promovidos por ciudadanos cuando los institutos locales no atienden adecuadamente las solicitudes de acceso a la información o incumplen sus obligaciones. A partir de estas quejas, el INAI puede revisar los casos y corregir posibles violaciones.

En 2022, bajo la presidencia de Humberto Rangel Vallejo, el ITAIT también encabezó el número de inconformidades en el país, al acumular 598 quejas. Durante 2023, los ciudadanos interpusieron 2,001 recursos de revisión contra dependencias de Tamaulipas, principalmente por incumplir los plazos legales de respuesta (20 días) o por entregar información incompleta. En la iniciativa recibida por el Congreso, el Ejecutivo advierte que lo que se busca es cumplir con la homologación que ordenó la reforma federal.

“La propuesta no pretende modificar con sentido regresivo las funciones administrativas a cargo del Estado ni sus prerrogativas, obligaciones o fines constitucionales, ni mucho menos trastocar o limitar los derechos fundamentales tutelados por la norma constitucional”.

La iniciativa de decreto instruye a las Secretarías de Administración, Finanzas y a la Contraloría Gubernamental —esta última encargada del control interno del Ejecutivo— a realizar, en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, las adecuaciones normativas y de estructura orgánica necesarias.

Entre dichas adecuaciones se contempla la eliminación de organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de órganos desconcentrados o unidades administrativas a las dependencias de la administración pública que puedan asumir sus atribuciones. Además, las Secretarías de Finanzas, Administración y la Contraloría Gubernamental deberán llevar a cabo las adecuaciones y transferencias presupuestales, financieras y de recursos humanos correspondientes.

Respecto a los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) que permanezcan en funciones, la iniciativa establece que concluirán sus cargos una vez que el decreto entre en vigor, garantizando el respeto a sus derechos laborales.

Asimismo, se establece que la Contraloría “ajustará su presupuesto conforme a su estructura orgánica y ocupacional, de acuerdo con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando toda duplicidad funcional u organizacional”. Los recursos materiales, archivos institucionales, registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del ITAIT serán transferidos a la dependencia del Ejecutivo que asuma sus funciones.

Por su parte, el Congreso del Estado tendrá un plazo de 60 días para expedir la nueva Ley de Transparencia, la cual definirá las competencias y facultades para resolver los procedimientos de revisión contra los actos de los sujetos obligados.

El decreto también establece que los derechos laborales de los trabajadores del ITAIT serán respetados, en términos de la legislación aplicable y que la dependencia del Ejecutivo Estatal responsable del control interno, “ajustará su presupuesto a su estructura orgánica y ocupacional de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”.

El artículo transitorio décimo establece que los asuntos que al momento de la entrada en vigor de la nueva legislación se encuentren en trámite ante el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, serán transferidos a la dependencia del Ejecutivo que asuma sus funciones, en los términos del presente Decreto y de la legislación secundaria que al efecto se emita.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente. Actualmente, el ITAIT cuenta solo con dos comisionados, tras la conclusión del periodo de Rosalba Ivette Robinson Terán el pasado 31 de enero. “Podría elegirse a otro comisionado, pero podemos seguir funcionando como órgano garante con dos comisionados y la presidencia, que tiene voto de calidad en caso de desacuerdo”, explicó en su momento la presidenta Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, quien asumió el cargo en enero del año pasado tras la renuncia de Humberto Rangel Vallejo. El otro comisionado en funciones es Luis Adrián Mendiola Padilla, designado en enero de 2023 para un periodo de siete años, por lo que aún le restan cinco años en el cargo.

Por Staff

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