La Gaceta de Tamaulipas publicó en sus páginas una carta fidedigna, con fecha del 14 de mayo de 1845, escrita por un vecino respetable de la villa de Santa Bárbara. En ella informaba que, a raíz de la muerte de don Antonio Haros, cuñado del finado Barreda, se descubrió un escandaloso crimen que se venía cometiendo en la población desde hacía tiempo.
El 2 de mayo de 1845, por la tarde, sepultaron a Haros.
Esa misma noche cayó un fuerte aguacero y, a la mañana siguiente, el sacristán de la villa acudió al camposanto y notó que la sepultura del difunto estaba seca, mientras que las demás estaban mojadas. Supuso que el cadáver había sido exhumado.
El sacristán informó a las autoridades, que ordenaron catear la casa de una familia local.
En la revisión, los jueces de paz percibieron un fuerte olor pestilente, gran cantidad de moscas y una asombrosa colección de ropa, cuerdas, flores, tablas de cajón, cal y otros despojos de muertos.
Fueron aprehendidos Antonio Pizaña, originario de Tula, y su suegro Marcos Padilla, quienes confesaron su crimen.
Ambos habían practicado el saqueo de tumbas en diversos pueblos: Soto la Marina, Llera, Jaumave, Palmillas, Tula y Rioverde, desenterrando cadáveres para desnudarlos y reutilizar sus pertenencias.
En Santa Bárbara llegaron al extremo de usar las tablas de ataúdes como camas, las almohadas como colchones, la cal para el nixtamal y el papel de las flores fúnebres como tabaco.
Entre las tumbas saqueadas estaban las de don Luis Guerra, don Santiago Sepúlveda y doña Guadalupe Guerra, cuyos objetos se encontraron en poder de los malhechores.
A pesar del tiempo que tuvieron para ocultar pruebas, las autoridades recuperaron costales llenos de ropa y objetos robados. Se sospechaba que operaban con más cómplices. Pizaña tenía antecedentes por robo de bestias y había escapado dos veces de la cárcel.
Los reos y sus esposas fueron remitidos a Tampico, y los objetos incautados fueron quemados. El gobernador y el alcalde giraron instrucciones para que sobre ellos recayera todo el peso de la ley.
La banda de un español atracaba en la Huasteca
Durante la guerra con Estados Unidos, cuando el ejército norteamericano ocupaba el sur de Tamaulipas, una partida de caballería persiguió a una gavilla de ladrones que había cometido atracos en el camino de Tampico hacia el interior del país.
El alcalde de Morelos, Gregorio Hernández, organizó con urgencia un escuadrón de la Guardia Nacional y vecinos armados para darles alcance. La banda estaba capitaneada por un español y, aunque se desconocía su identidad, se sabía que eran sujetos aparentemente decentes. La falta de acción del juez Eduardo Martínez, hombre de escasas luces, permitió que escaparan.
Autoridades de Soto la Marina solapaban a una gavilla
Un vecino de Soto la Marina, de apellido Núñez, denunció en la prensa que su esposa había sido víctima de un asalto armado el 19 de febrero de 1857. Mientras él entregaba una partida de mulas, una banda entró a su casa, golpeó a su empleado y encañonó a su esposa para robar dinero, joyas, ropa y armas, con pérdidas superiores a 3 mil pesos.
Núñez persiguió a los ladrones junto a un compadre, pero no logró capturarlos. Acusó a las autoridades locales de no actuar ni alertar a otras poblaciones, pese a conocer el robo.
La ley del revólver en la frontera
En 1876, la prensa estadounidense denunciaba con frecuencia la violencia fronteriza, culpando a mexicanos de liderar bandas de ladrones de ganado. Los medios mexicanos respondieron que los robos ocurrían en su mayoría del lado estadounidense y que eran cometidos por sus propios ciudadanos, con vínculos comerciales en Tamaulipas.
Un ataque a un comerciante tejano avivó la tensión, con declaraciones que sugerían una intervención para «proteger la frontera contra ladrones mexicanos», en plena antesala del centenario de independencia de EE.UU.
POR MARVIN OSIRIS HUERTA MÁRQUEZ
