En México, los discursos políticos cambian, pero las cifras terminan hablando por sí solas. Las recientes declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum revivieron viejas heridas económicas, como el Fobaproa, y abrieron nuevas preguntas sobre el manejo actual de la deuda. Mientras se condenan errores del pasado, se consolidan prácticas iguales o más cuestionables en el presente. Es momento de contrastar no solo los dichos, sino los datos. Porque, a fin de cuentas, la economía no se gobierna con narrativa, sino con responsabilidad.
El eterno retorno del Fobaproa
En 1995, frente a una crisis financiera devastadora heredada por el gobierno de Salinas, el gobierno de Zedillo recurrió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para rescatar al sistema bancario mexicano. El costo fue altísimo: más de 2 billones de pesos, equivalentes al 11% del PIB de la época. A la fecha, se han pagado intereses por un valor de 6% del PIB y aún se debe un 3.4% adicional. En total, el Fobaproa represento el 9.4% del producto interno bruto nacional.
Durante años, el Fobaproa ha sido presentado por sus críticos como un “rescate a los ricos”. Sin embargo, lo que pocas veces se menciona es que algunas personas vinculadas a Morena, figuran entre los beneficiarios. Según información reciente, familiares de altos funcionarios actuales —como el padre de la secretaria de Gobernación, Luisa María alcalde— estuvieron entre los empresarios que vieron saldadas sus deudas a través del Fobaproa. También destacan los casos de Alfonso Durazo, Ignacio Mier Miguel, Ángel Navarro Quintero Patricia Armendáriz.
En ese contexto, resulta revelador que Morena haya rechazado discutir iniciativas para cancelar el pago de esta deuda. En 2022, el diputado Rubén Moreira propuso terminar con los pagos del Fobaproa, pero fue la bancada oficialista quien bloqueó la iniciativa. El discurso contra Zedillo parece no estar acompañado de acciones concretas para cerrar el capítulo del Fobaproa, o lo quieren mantener vivo con fines propagandísticos.
AMLO: la deuda silenciosa
Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de no endeudar al país. Sin embargo, entre 2018 y 2024, la deuda pública creció de 10.5 a 17.4 billones de pesos. Es decir, aumentó en más de 6.8 billones. El déficit fiscal de 2024 fue del 4.9% del PIB, el más alto en tres décadas. El costo financiero de la deuda se duplicó respecto a los tiempos de Zedillo, alcanzando casi el 4% del PIB.
Aunque no se recurrió a rescates bancarios, sí hubo transferencias masivas a programas sociales, subsidios energéticos y megaproyectos como el Tren Maya o Dos Bocas. La narrativa fue distinta, pero el resultado —un país más endeudado— no lo fue tanto.
Sheinbaum: el dilema de la continuidad
La nueva presidenta enfrenta el reto de mantener los compromisos heredados sin desbordar las finanzas públicas. En su primer presupuesto proyecta una deuda pública del 60.7% del PIB, el nivel más alto en seis años. Planea un endeudamiento interno de hasta 1.5 billones de pesos y externo de 15,500 millones de dólares. El déficit fiscal estimado solo para 2025 es del 3.9% del PIB.
Aunque ha prometido responsabilidad fiscal, no ha detallado recortes significativos ni una reforma fiscal profunda. Las primeras señales indican continuidad con la política de gasto elevada, financiada por deuda.
¿Quién gobernó mejor?
Durante el sexenio de Zedillo, el crecimiento económico promedio fue de 3.5%. La deuda pública se mantuvo entre el 20 y el 30% del PIB, y el costo financiero de esa deuda fue de apenas 1.5% del PIB. En contraste, el sexenio de López Obrador promedió apenas un 1% de crecimiento anual, llevó la deuda al 51.4% del PIB y triplicó el costo financiero anual, acercándolo al 4%. En los primeros meses de gobierno, Claudia Sheinbaum proyecta un crecimiento moderado de 2 a 3%, pero con un endeudamiento superior al 60% del PIB y sin reducir el costo financiero heredado.
Deuda es deuda, sin importar la narrativa
México no ha encontrado aún un modelo fiscal sostenible. Ernesto Zedillo tomó decisiones duras para estabilizar una economía en crisis. López Obrador apostó por el gasto social, aunque con fines electoreros, sin aumentar impuestos, pero a costa de un fuerte endeudamiento. Claudia Sheinbaum inicia su mandato con el desafío de resolver ambas tensiones: sostener el gasto sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Paradójicamente, el sexenio que hoy se critica desde el poder fue el que registró mayor crecimiento, menor deuda pública y menor costo financiero como porcentaje del PIB. Si bien el Fobaproa fue una carga pesada, la deuda silenciosa de la 4T podría ser más difícil de revertir, no porque no se sepa a quién benefició, sino porque nadie quiere pagar su costo político.
Por. Francisco de Asís
