En lugar de flores, pancartas. En lugar de abrazos, consignas. Y en vez de celebraciones, silencio y clamor.
Así transcurrió el 10 de mayo para miles de madres mexicanas que, lejos de ser festejadas, volvieron a las calles para exigir justicia, verdad y memoria.
Fue una jornada nacional de protesta que se desplegó en decenas de ciudades, y Tamaulipas no fue la excepción.
Tampico, como otras ciudades del estado, fue testigo de la dignidad convertida en manifestación.
Colectivos de madres buscadoras, mujeres que han hecho de la esperanza una herramienta diaria, alzaron la voz en medio del bullicio comercial de una fecha tradicionalmente dedicada al homenaje.
Ellas, en cambio, salieron a caminar por los que no están, por los que no volvieron, por los que siguen desaparecidos.
No es un movimiento nuevo, pero sí cada vez más profundo. Es una prueba de que en México no solo hay una búsqueda permanente de personas desaparecidas, sino también de justicia.
La desaparición forzada, antes oculta bajo la maraña de la burocracia y la desidia, se ha convertido en un grito que se niega a apagarse.
Y aunque las cifras cambian poco -casi siempre hacia arriba-, lo que no se modifica es la exigencia legítima.
Ellas buscan -además de a sus hijos-, ser escuchadas, acompañadas y, sobre todo, tomadas en cuenta por el Estado.
Las manifestaciones del 10 de mayo son una herida abierta que cruza el país de norte a sur.
Desde Veracruz hasta Jalisco, desde Oaxaca hasta Baja California, madres solas o acompañadas por otros familiares, salieron a exigir que la búsqueda de sus hijos no se detenga.
Quieren que las fiscalías no cierren carpetas sin investigar, que los restos humanos hallados en fosas tengan nombre y apellido.
Este año, como en los anteriores, se sumaron nuevas voces, nuevos rostros, nuevos nombres.
Esa es la gran tragedia, pues la lista crece, pero las respuestas de las autoridades no. Esas siguen siendo lentas o inexistentes.
La lentitud institucional, la falta de peritos, la poca coordinación entre autoridades y la limitada capacidad forense son problemas crónicos que ningún gobierno ha podido resolver. Ni siquiera los que se dicen “humanistas”.
Y en muchos estados, la voluntad política es intermitente o simplemente ausente. Es innegable la falta de responsabilidad para atender este problema.
Pero hay algo más de fondo que no debe soslayarse: El crecimiento incesante del número de desaparecidos -más de 100 mil personas en los últimos años- es también consecuencia directa de un contexto de impunidad.
Esa impunidad fue incubada durante décadas y que tuvo un punto crítico en el sexenio anterior.
La falta de aplicación de la ley, el abandono institucional de las víctimas y la permisividad con la que operaron -y siguen operando- grupos criminales en amplias regiones del país, explican por qué hoy el dolor es tan hondo y tan extendido.
El gobierno federal anterior optó por mirar hacia otro lado, minimizar las cifras, desactivar mecanismos autónomos y desmantelar políticas que habían costado años construir.
En nombre de una pretendida estrategia de “pacificación”, se dejó de perseguir a los responsables, se cancelaron órdenes de aprehensión y se debilitó el sistema de justicia.
La omisión fue tan grave como la complicidad y el resultado está a la vista, hay más desaparecidos, menos justicia y un país más roto.
Con mucha razón, las madres buscan no sólo a sus hijos, sino también la responsabilidad del Estado.
Porque cuando la ley no se aplica, la violencia se normaliza como lo seguimos viendo en el país.
Cuando no hay consecuencias, el crimen se envalentona. Cuando el gobierno abandona a su gente, son las víctimas quienes terminan haciendo el trabajo que no les corresponde.
En muchas ciudades en las que se han documentado desapariciones, la presencia de las madres buscadoras resuena como recordatorio incómodo.
La sociedad, que a menudo transita entre la compasión y la indiferencia, no siempre acompaña como debería.
Pero ahí están ellas, una vez más, con sus mantas, fotografías y voz firme. El mensaje de fondo es que no hay nada que celebrar si no hay justicia.
La autoridad federal debe responder, no con discursos ni con simulaciones, sino con políticas públicas eficaces, con voluntad, con presupuesto y, sobre todo, con humanidad.
Porque la desaparición no se resuelve con minutos de silencio ni con ceremonias oficiales.
Se resuelve con trabajo de campo, con ciencia forense, con seguimiento judicial, con protección para quienes buscan.
Es momento de pasar del discurso a los hechos, pues el país no necesita más promesas en el papel, sino acciones concretas que impacten directamente en la vida -y en la muerte- de quienes buscan a sus desaparecidos.
El 10 de mayo debería ser un día de gratitud, pero en México, desde hace varios años, es también un espejo de dolor.
Las madres buscadoras lo han resignificado a fuerza de resistencia.
Mientras haya una sola mujer que camine por la verdad, todos tenemos la obligación de mirar hacia donde señala.
Porque mientras ellas sigan buscando, la sociedad no puede voltear la cara.
POR TOMAS BRIONES
abarloventotam@gmail.com
