No es ninguna novedad el grado de corrupción que impera en el poder judicial, la mejor muestra es que cient0s sino es que miles de delincuentes llevados ante la justicia por la Fiscalía General de la República se encuentran en libertad.
En este rubro, Tamaulipas ocupa un lugar preponderante. La entidad se ha distinguido por contar con jueces a los que preocupa más proteger a los delincuentes que a la sociedad y que, gracias a ello, numerosos criminales hoy caminan por las calles como si no hubieran hecho nada.
Para poner freno a esa injusticia, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha emprendido una serie de acciones con las que se propone castigar a los juzgadores corruptos, como ha ocurrido con los defensores de Francisco García Cabeza de Vaca.
Entre estos se encuentran el ministro de la Corte José Luis González Alcántara, gracias a que este validó la decisión del congreso tamaulipeco de no ratificar el desafuero del exgobernador, este evadió la acción judicial y huyó a Texas.
La FGR solicitó entonces a un juez federal de Almoloya una orden de aprehensión, pero CDV obtuvo un amparo del Juez Octavo de Distrito de Reynosa, ahora jubilado, Faustino Gutiérrez, quien le concedió una suspensión provisional para que no lo detuvieran y luego resolvió el amparo para que tampoco lo vincularan a proceso.
Ante las presiones, sin embargo, el juzgador fue reasignado al juzgado penal de Matamoros y en Reynosa fue relevado por otro igual o peor, Fernando Alvarado López, suspendido también por el consejo de la judicatura federal, que le otorgó a Cabeza de Vaca un amparo para que pudiera ser candidato a diputado federal, en contravención a lo que había resuelto el tribunal electoral.
Se encuentra asimismo en la lista negra cabecista la magistrada Amalia del Carmen Fernández, secretaria Ejecutiva del consejo de vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal que está impidiendo que la fiscalía federal ejerza acción penal contra el juez Alvarado López.
Sino fuera por los jueces en cuestión, García Cabeza de Vaca estaría en prisión como responsable de los delitos de lavado de Dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal equiparada.
He ahí algunas de las poderosas razones por las como la mayoría de los integrantes del poder judicial federal, ahora en proceso de extinción, los aludidos se opusieron tan ferozmente a la reforma judicial, sabían que, además de perder el poder que les otorgaba viejo sistema de justicia, correrían el riesgo de terminar en la cárcel.
Muchos de ellos, por otra parte, quieren ser observadores de la elección judicial, pero no todos lo conseguirán. De los 318 mil solicitantes, el INE rechazó a 36 mil, en algunos casos porque presentaron documentos falsos, en otros porque militan en partidos políticos o tienen nexos con el servicio público
Saben que como los funcionarios de casillas no están facultados para contabilizar los votos, solo para separar las boletas por sus colores, y que los observadores son los únicos que tendrán acceso a los cómputos distritales, función clave del proceso electoral, quieren figurar entre los elegidos.
POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
