CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una serie de procedimientos a nueve ex funcionarios de la dependencia encargada de la procuración de justicia.
Los procedimientos son iniciados por la Dirección de quejas, procedimientos administrativos y dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía del Estado, por diversas causas relacionadas con omisiones en carpetas de investigación, ausencias sin justificación y hacer mal uso del armamento.
La agente del Ministerio Publico, Alma Cecilia “O” adscrita a la Unidad General de Investigación 1, Especializada en Combate al Secuestro, en Reynosa, acumuló cuatro procedimientos administrativos.
Uno de ellos relacionado con la carpeta 105/2017, ya que una vez cerrada la investigación complementaria no formuló acusación contra el acusado, aún cuando se tenía previsto un plazo de 15 días siguientes al cierre de la indagatoria.
Otro procedimiento por no cumplir el requisito de permanencia en el puesto de Agente del Ministerio Publico, así como por ausentarse sin causa justificada los días 28, 29, 30 de abril y 3 de mayo del 2021, 17,18,19 y 20 de mayo del 2021, 4, 5 y 7 de junio, 8,9,10,11 y 12 de junio del 2021, 14,15,16,17,18,19,21,22,23 y 24 de junio del 2021.
Otro más relacionado con la carpeta 97/2019 ya que no se observó movimiento en la misma, siendo el último un acta de entrega el 1 de septiembre del 2020, y no se cuenta con los datos de la víctima en cautiverio.
No se solicitó una fotografía de la víctima para realizar la búsqueda correspondiente en dependencias gubernamentales, hospitales públicos y privados, etcétera y no se veló por recabar muestras de ADN a los familiares de la víctima, para posibles comparaciones con cuerpos encontrados y no identificados.
Todo ello se considera una violación grave del procedimiento y violación a los derechos humanos de las víctimas directas o indirectas.
Se iniciaron tres procedimientos a Edwin Staling “A”, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas en la Ciudad de Nuevo Laredo.
En su caso se acusa omisiones al no aplicar los medios de apremios que establece el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al observar que los oficios 126/2018 y 127/2018, ambos de fecha 21 de marzo del año 2018, por el cual solicito designación de perito en materia de fotografía forense y Químico Forense, no eran atendidos.
Otro procedimiento administrativo que data del 20 de mayo del 2013, también por omisión al no solicitar informes respecto a la o las personas reportadas como desaparecidas, a hospitales, centro de salud, clínicas, casas hogar, albergues, centros de internamiento preventivo y penales para hacerles llegar los datos y fotos para la identificación de las personas, ni solicitó colaboración a otras procuradurías.
Un tercer procedimiento también por omisión, al no solicitar a los familiares del desaparecido, huellas dactilares, pruebas de ADN, ni a otras dependencias para recabar información que ayudaran a localizarlo. Tanto él como el perito y el Inspector General de la Policía investigadora en la carpeta 24/2018 fueron omisos en dicha indagatoria.
Otro procedimiento se inició a José Guadalupe “R”, agente de la Policía Estatal Investigadora y otros, por la posible omisión de rendir informe de investigación, dentro del registro de atención ciudadana 111/2021.
Un procedimiento a Brenda Elizabeth “E”, agente de la Policía Investigadora, por rendir informe de investigación deficiente en fecha 22 de febrero del 2022, mediante oficio 698/2022, en donde no exploró todas las líneas de investigación, informe rendido dentro de la Carpeta de Investigación 26/2022.
El agente Sub Oficial “B” de la Policía Investigadora, Fidel “R”, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, se le iniciaron varios procedimientos.
Uno derivado de su ausencia para cumplir con el servicio encomendado, no entregar el armamento, equipo y aditamento oficiales asignados para el ejercicio de su función en 2020.
Otro porque hizo mal uso del equipo asignado para sus funciones, ya que el 20 de septiembre del 2020, se percató que en su domicilio no se encontraban sus armas de cargo siendo una arma larga y una corta, según señaló.
Y uno más porque el 28, 29 y 30 de septiembre y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre del 2020 se ausentó de sus labores sin causa justificada.
A Pedro Adolfo “R”, agente de Ministerio Público se le inició un procedimiento por omisiones al requerir el cumplimiento de la orden de investigación solicitada mediante el oficio 6374/2017, de fecha 29 de diciembre del año 2017.
Mientras que a Carlos Alberto “S”, inspector de la Policía Estatal Investigadora en Reynosa, se le inició por no ejecutar los mandamientos ministeriales girados por el agente del MP, de fecha 26 de junio del 2017 y 18 de agosto del 2017.
Otro más para Guadalupe del Carmen “P”, auxiliar profesional en 2020 en la Unidad de Investigación 4 de Victoria, ya que no vigiló la actuación del Actuario Ministerial.
Esto, porque al ser allegado el razonamiento de fecha 05 de septiembre de 2017, efectuado por dicho servidor público, el auxiliar profesional debió haber verificado que la actuación de este, cumpliera con los lineamientos legales , y no lo hizo.
Un procedimiento a José Manuel “E”, agente del Ministerio Público en Reynosa, que en la carpeta 20/2016, no solicito el complemento de la investigación, ni la presentación de la menor de identidad reservada de iníciales B.N.H.M, ni solicito el dictamen pericial medico previo de lesiones, así mismo se observa un periodo de inactividad por parte de la Representación Social, por un lapso de 03 meses y 15 días.
Otro relacionado con la averiguación previa 23/2017, por no aplicar los protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.
Tampoco el de actuación en la integración de averiguaciones previas y actas circunstanciadas, iniciadas con motivo de personas desaparecidas y se advierte una dilación por parte de la representación social, por un lapso de 08 meses y 10 días en dicha averiguación.
Juan Antonio “F”, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación 1, Especializada en Combate al Secuestro, en Reynosa, se le inició también un procedimiento por no iniciar una carpeta de investigación que le fuera enviada en fecha 20 de abril del 2021.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
