El Congreso de Tamaulipas dio un paso en la dirección correcta de la historia: prohibir las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que han sobrevivido al amparo de prejuicios, infligidas con el falso argumento de “reorientar” la sexualidad o identidad de género.
Lo que estaba en juego no era una disputa ideológica, sino un asunto de derechos humanos y de salud pública.
El dictamen ya aprobada, reunió dos iniciativas presentadas desde el año pasado—una por la diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, de la 65 Legislatura, y otra por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, de la actual 66 Legislatura—, que coinciden en una meta común: tipificar como delito los actos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
A saber por qué se demoró tanto su trámite, pero de cualquier manera es una buena noticia que ya se haya aprobado.
La iniciativa no surgió en el vacío; responde a décadas de silencios, abusos e impunidad que han marcado la vida de personas LGBTTTIQ+ en Tamaulipas y en el país.
Las llamadas terapias de conversión, también conocidas como Ecosig, son un conjunto de prácticas que van desde lo grotesco hasta lo abiertamente criminal: medicamentos forzados, terapias de aversión, desnudez obligada, agresiones físicas, aislamiento.
Detrás de la supuesta intención de ayudar, se oculta un sistema de castigo.
El Colegio de Psicólogos y Psicólogas Victorenses fue contundente en su participación durante la discusión del tema: estas prácticas carecen de todo sustento científico, son antiéticas y violatorias de derechos como el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género. “No se necesita corregir algo que no está incorrecto”, señaló su presidente, Ricardo Hernández Brussolo.
La evidencia científica es clara: quienes son sometidos a estas prácticas presentan mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, disfunción sexual y aislamiento social.
Aun así, hay voces en contra que parecieran venir de otros tiempos.
El presidente del nefasto Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdoub Giacoman, ha afirmado que esta reforma limitará la libertad de quienes “buscan cambiar su orientación sexual voluntariamente”. Según su visión, la orientación es modificable y la iniciativa criminaliza la búsqueda personal del cambio.
Las “terapias” de conversión han sido prohibidas ya en entidades como la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Zacatecas y Yucatán. A nivel internacional, países como Canadá, Alemania, Brasil, Estados Unidos, España o Irlanda han legislado en la misma dirección.
La reforma tamaulipeca es parte de una tendencia global que pone en el centro el derecho de cada persona a ser quien es, sin miedo, sin vergüenza y sin castigo.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
